Esta mañana llegaron a la Ciudad de México (CDMX) 21 autobuses procedentes de Guerrero con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con ellos también llegó su abogado Vidulfo Rosales, Melitón Ortega, así como amigos y otros normalistas de diferentes escuelas rurales.

Lo anterior, en el contexto del séptimo aniversario de la desaparición de los normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Fue al exterior de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se manifestaron los padres de los 43 normalistas, esto, como parte de la jornada nacional de protestas en la que exigen la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.

Asimismo, los 21 autobuses fueron estacionados frente al recinto, por lo que la circulación se vio afectada en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes. La entrada de la fiscalía se encuentra protegida con láminas para evitar el ingreso.

Por esta razón, la circulación fue cerrada en dirección sur a Norte, en el perímetro de la Colonia Roma Norte hacia Paseo de la Reforma, en el sentido opuesto se habilitó un carril para dar salida a los vehículos que se incorporan del Eje 3 Sur en carril reversible.

De igual forma, la Línea 1 del Metrobús también se vio afectado por la gran cantidad de autobuses que permanecen en el lugar.

Dicha jornada continuará hasta el próximo domingo 26 de septiembre, entre las actividades programadas se encuentra la asistencia al Centro de Agustín “Pro”, ubicado en Serapio Rendon en la alcaldía Cuauhtémoc.

Para este viernes, tienen acordada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En 2018, el mandatario mexicano emitió un decreto en el que instruyó a la creación de una Comisión para “fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad”, a fin de facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa.

Un juez federal amparó a Blanca Alicia Bernal Castilla, quien era Ministerio Público y fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con lo informado por Milenio, la sentencia de Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso en relación al delito de desaparición forzada de personas.

Vargas Alarcón ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Oriente celebrar una audiencia donde resuelva la situación jurídica de la agente del Ministerio Público Federal, que estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En septiembre de 2020, Blanca Alicia Bernal Castilla fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura en agravio de Agustín García Reyes, “El Chereje” - señalado como uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y presuntamente involucrado en el homicidio y desaparición de los 43 normalistas- además de que también se le atribuyó delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos agravados.

El medio destacó que la sentencia ya fue impugnada por la FGR, pero también por la misma acusada, ya que el juez no le concedió el amparo contra los demás delitos, por lo que ahora, un Tribunal Colegiado deberá revisar el caso, en tanto que Bernal Castilla permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

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