El pasado 7 de septiembre, 17 personas fallecieron en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego que el nosocomio quedara bajo el agua a raíz del desbordamiento del Río Tula, en Hidalgo.
La mayoría de las víctimas eran pacientes COVID-19, cuyas vidas pendían de un hilo al estar conectados a máquinas de oxígeno que les ayudaban a respirar, pero las torrenciales lluvias les arrebató las esperanzas de sobrevivir.
De esa manera, se conocieron a las enfermeras que resguardaban camillas, a quienes transportaron incubadoras con lazos y los lancheros que apoyaron en la evacuación; imágenes que reflejaron a una sociedad solidaria ante un escenario - que algunos señalan - fue producto de la negligencia.
A pesar de esto, señala Raymundo Riva Palacio en su columna para Eje Central, dicha fraternidad se ha vuelto, a tres semanas del evento, en una insensibilidad; un reflejo de la impunidad que ha permeado en la sociedad y autoridades mexicanas; una muestra de que “no pasó nada”.
“Estupor momentáneo y luego, no pasó nada. (...) Diecisiete personas murieron por negligencias y omisiones, y no pasó nada. Se documentó cómo las autoridades del seguro Social no hicieron nada por prevenir a la clínica la tormenta que la amenazaba, ni tomaron medidas de contingencia, y no pasó nada”.
Por esa razón, el columnista cuestionó el por qué eventos de tales magnitudes, con importantes números de víctimas mortales, suelen quedar en el olvido social, así como la razón para que la demanda de justicia suela provenir de una “oposición incendiaria con agenda política”.
“¿Qué se necesita para que pase algo? ¿Acaso las magnitudes de las tragedias son tan grandes que nos hemos vuelto insensibles como una forma intuitiva para protegernos emocionalmente? (...) ¿Somos incapaces de levantar la voz de manera espontánea, sin manipulación, para exigir cuentas a las autoridades y evitar la impunidad?”.
Y es que en un encuentro entre la periodista, Azucena Uresti, y el director del IMSS, Zoé Robledo, el directivo volvió a refirmar que no se había notificado al Instituto del peligro que el inmueble corría ante las adversidades climatológicas; versión que “las crónicas e imágenes de lo sucedido lo desmienten”, afirmó Raymundo.
No obstante, la declaración de la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, daría un giro a la postura de Robledo; esto luego que la funcionara declarara que, a pesar del alertamiento puntual y evacuaciones previas, la clínica no fue notificada por la incomunicación que padecía.
“Sí se hizo evacuación en Tula. Lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado. No hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo“, comentó en la mañanera del 9 de septiembre.
Es así que, según Riva Palacio, Robledo quedó expuesto, ya que “tenía una clínica híbrida en Tula y la dejó abandonada a sus suerte”, obligando al personal de la salud, pacientes, familiares y pobladores “a vencer la incomunicación”.
“Diecisiete muertos no pueden quedar en el olvido por la pasividad de quienes ven todo a la distancia, insensibles, sin exigir cuentas a quien debe rendirlas, hasta que la muerte los alcance a ellos”.
El pasado 18 de septiembre, elementos de PC volvieron a evacuar a pobladores de varios municipios de Tula de Allende y a habitantes en lugares de peligro, debido a las lluvias que han azotado a la región y han causado fuertes inundaciones.
Germán M. Santoyo, director General de la Comisión Nacional el Agua (CONAGUA) advirtió que los niveles de agua podrían seguir incrementado en la entidad durante las próximas horas.
SEGUIR LEYENDO: