UIF va por propiedades millonarias de Genaro García Luna en Miami

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar 39 empresas y propiedades millonarias del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia, este litigio estratégico fue presentado ante las cortes de Miami, Florida, debido a que en esa ciudad fueron identificados un número importante de inmuebles asociados a supuestos actos de corrupción política y lavado de dinero que integran la denuncia de carácter civil.

“Cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales”, informó la UIF en un comunicado.

Según se alega, los recursos utilizados por García Luna en sus adquisiciones derivaron de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional.

Se trata de la primera acción judicial de este tipo en coordinación con la UIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencias que buscan recuperar los activos y reintegrarlos a la Hacienda Pública mexicana.

La demanda está sustentada en violaciones a la Ley Rico de Florida, así como en cargos de conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. De acuerdo con las acusaciones, García Luna y sus presuntos cómplices formaron parte de una red de empresas creadas para esconder fondos provenientes de actos corruptos.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó en diciembre de 2019 que el ex secretario de Seguridad constituyó una consultora identificada como GLAC, la cual utilizó un software de inteligencia vendida por Samuel y Alexis Weinberg, contratistas preferidos de García Luna.

Tras ganar licitaciones con el entonces presidente Felipe Calderón, los Weinberg adquirieron lujosas residencias en Miami que, en perspectiva, pertenecían al funcionario mexicano.

Luego de terminar sus gestiones el sexenio calderonista, la consultora de Genaro García Luna fue beneficiada con transferencias de hasta 125 millones de pesos a través de Nunvav, empresa constituida en Panamá en 2005 (tal como aclaró un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción) y cuyo presidente era Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg.

Los contratos federales se extendieron al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues en noviembre de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (SEIDO-PGR) suscribió un convenio por más de 2.7 millones de pesos para el mantenimiento del sistema LAGUNA (PGR/AD/CN/SERV/160/2013), de acuerdo con investigaciones de la organización R3D.

“Hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna; es decir, la pregunta es: ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, indicó Nieto Castillo el 27 de diciembre de 2019.

El titular de la UIF agregó que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de ese año y fueron congeladas las cuentas del ex secretario de Seguridad, como las de sus allegados, los Weinberg.

Además, detalló que con el esquema corrupto en el sexenio de Peña Nieto, en 2013, 2017 y 2018, hubo pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envió recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios.

En 2012, después de anunciar su retiro como funcionario federal, García Luna se mudó a Miami, donde pasó sus días en plena comodidad y lujos en una residencia situada en el Golden Beach, Florida

Para agosto de 2018, las autoridades estadounidenses ya habían iniciado la investigación en contra del ex secretario, aún así, él y su esposa compraron propiedades por 5.10 millones de dólares, unos 96 millones de pesos.

Se trata de cuatro despachos en una torre médica, una oficina y un departamento, ubicados en un complejo comercial y residencial en Aventura Park Square, en Aventura, Florida.

De acuerdo con el informe “Acres de lavado de dinero: por qué los bienes raíces de EE. UU. son el sueño de un cleptócrata”, de la Global Financial Integrity, el ex funcionario mexicano estuvo entre los perfiles políticos del país que más capitales blanquearon a través de abogados en EEUU en los últimos años.

El reporte señala que la casa en Golden Beach, así como varios condominios y un yate (adquirido de contado en 700 mil dólares), se utilizaron Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en ingles) registradas a nombre de representantes legales de García Luna y sus socios comerciales.

Quien fuera brazo derecho del ex presidente Calderón acumuló casi 10 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos en un periodo de seis años.

El 29 de noviembre pasado, la Fiscalía General de la República solicitó la extradición del llamado “super policía” para que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El mandamiento judicial fue otorgado porque el imputado no comprobó el origen de 27 millones de pesos con que adquirió bienes inmuebles en México.

García Luna está acusado de tráfico de drogas y de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, para el que habría trabajado durante 19 años mientras ocupaba puestos públicos del más alto nivel; actualmente, la agrupación delictiva está comandada por Ismael Zambada García, el Mayo, y en ella también colaboró Joaquín Guzmán, el Chapo, quien paga una condena de cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado.

Luego de varios retrasos, el próximo 27 de octubre de 2021 será la fecha definitiva para la audiencia del ex secretario, según se ha programado en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

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