Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la violación a las garantías cometida en prejuicio de los ciudadanos del estado el pasado 6 de junio.
La tarde de este lunes 20 de septiembre, Aureoles Conejo anunció que en el documento se hace constar la “discriminación” del mandatario federal al no querer reunirse con él durante los últimos tres años. “Insisto en que esta es una cruzada por la defensa de la libertad ciudadana y por la seguridad nacional, no es un tema personal”, reiteró.
“Yo le hago un llamado al presidente para que volteé a ver a Michoacán, porque no se trata de un tema de Silvano. Estamos en riesgo de que la delincuencia gane cada vez más terreno y debilite la autoridad, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad del estado”, dijo tras la entrega del documento.
El mandatario estatal indicó que se violó su derecho de audiencia con López Obrador para tratar temas básicos como los ataques armados en Aguililla o Coalcomán, “ese tema yo sé los dije a los Generales hace más de un año, que se iba a agudizar y que era importante tratarlo”.
Y agregó: “Como esas cosas sólo las decide el presidente, de ahí la importancia de hablar con él para ver qué tratamiento se le da; tenemos problemas de desplazados e incluso de asesinatos en virtud de la permanente confrontación de los grupos que se disputan el territorio en esa zona y que si no es con el Ejército y con la Guardia Nacional, difícilmente esa región se estabiliza porque esa es responsabilidad del Gobierno”.
Aureoles aseguró que no se someterá y “dirá las cosas como son”, ya que el país se encamina al “desastre total” por las erráticas políticas en todos los frentes; “continuaré dando la cara y batalla”.
“No me asustan las amenazas porque sé que la causa que defiendo bien vale la pena”
El michoacano detalló que en su queja anexó pruebas y documentos que demuestran la intervención del crimen organizado en las elecciones, así como la persecución política de la que ha sido objeto.
“Sé que la persecución política en mi contra será cada vez mayor, pero no tengo miedo porque he decidido no permanecer inmóvil ante las amenazas a la democracia de este país y ante la inercia e indiferencia cómplice del Gobierno federal”, escribió poco después en su cuenta de Twitter.
Por su parte, esta mañana la coalición Va por México, integrado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la nulidad de la elección por las múltiples violaciones a la ley cometidas y alentadas por dirigentes y militantes del partido Morena, que, acusó, evitaron que el proceso sucediera en libertad y de manera democrática en la entidad.
La coalición aseguró que la intromisión de grupos delictivos favorecieron al candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, durante el cómputo del voto en las urnas.
En la declaración, la coalición reiteró que el triunfo que se adjudicó Morena es ilegal “y si se deja pasar constituirá un precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quiénes serán los gobernantes y representantes populares”.
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