Los olvidados del sismo: 11 meses de la toma otomí del INPI

El pasado 12 de septiembre se cumplieron 11 meses de la toma otomí del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, la historia se explica a través de los dos sismos más grandes que han sacudido a la capital de México.

A partir del pasado 13 de agosto, el inmueble dejó de ser la sede del INPI para convertirse en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” informaron quienes habitan el lugar. La decisión se tomó ante la falta de soluciones por parte del gobierno de la Ciudad de México: “Frente a la indiferencia gubernamental, hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pase a ser patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno”.

Y es que la lucha por vivienda digna de la comunidad otomí que vive en la Ciudad de México existe desde hace décadas. En entrevistas a diferentes medios de comunicación, se identifica un origen en común: el sismo del 19 de septiembre de 1985.

Fue después de ese terremoto que comenzó un éxodo de otomíes que antes vivían en Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro. Para el medio de comunicación mexicano, Pié de Página, Estela Hernández narra en representación del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán como es que “La pobreza extrema ha hecho que nuestras hermanas vendan sus terrenos y tengan que emigrar”.

Así fue como decenas de familias llegaron al entonces Distrito Federal para ocupar una serie de inmuebles que quedaron dañados tras el sismo de 1985. La irregularidad en la que quedaron algunos edificios, como la antigua embajada de la República de España, permitieron que fueron “okupadas” por ellas y ellos. El caso fue similar para los edificios ubicados en Zacatecas 74, Guanajuato 200, Zaragoza 1434 y Roma 18.

Desde ese entonces, hubo varios intentos por parte de las familias para regularizar los inmuebles con tal de poder acondicionarlos para una vivienda digna.

Sin embargo, el sismo del 2017 llegó a cambiar todo. Varios de los edificios quedaron inhabitables tras el terremoto, lo que dejó a las familias que ahí vivían en situación de calle. Muchas de ellas se vieron forzadas a ocupar el arroyo para vivir en casas de campaña.

La situación escaló cuando vecinas y vecinos de la colonia Juárez, donde se encontraban algunos de estos campamentos, decidieron quejarse contra el gobierno capitalino. Enedina Sánchez del Comité Ciudadano de Juárez dice en entrevista para Animal Político: “aquí pagamos impuestos, y no puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa”. Entre los reclamos estaba el incremento en la inseguridad, el mal olor y la obstrucción de entradas de algunos edificios.

Esto llevó a que las personas que vivían en la calle de Londres, a las afueras de la antigua embajada de la República de España, fueran desalojadas con violencia por la policía de la ciudad.

La situación empeoró cuando en el 2020 llegó la pandemia de COVID-19. Los trámites para regularizar sus viviendas se ralentizaron y las personas que sobrevivían en los campamentos estaban asediadas por la enfermedad, sin acceso a luz ni agua para contar con las mínimas medidas de prevención.

Su forma de habitar se volvió insostenible, por lo que el 12 de octubre del año pasado, la comunidad otomí de la Ciudad de México decidió tomar las instalaciones del INPI. Sin embargo, con el tiempo no vieron avances en la respuesta de las autoridades a sus exigencias de vivienda digna.

A casi un año de la toma, el inmueble ya no es más el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sino la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, en honor al activista y defensor del territorio asesinado en Morelos.

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