Cómo garantizar la interrupción de tu embarazo si vives en un estado donde aún no es legal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la semana pasada que “reconocer la vida humana desde la concepción” y perseguir y castigar a las mujeres que abortan contraviene a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM), con lo cual se dio un gran paso en la promoción de los derechos de la mujer y personas gestantes.

En las sesiones de la Suprema Corte, el magistrado Luis María Aguilar Morales explicó que si se continúa penalizando a las mujeres y personas gestantes, se contravienen los artículos 1 y 4 de la CPEUM, los cuales promueven la dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la vida privada, a la igualdad jurídica y a la libertad reproductiva.

Bajo esta lógica, la corte agregó a su interpretación que el Estado debe de garantizar que la mujer pueda abortar acompañada por el gobierno, esto para que la persona gestante pueda ejercer su derecho a decidir sin que esta acción ponga en riesgo su vida.

Ante esta interpretación jurídica de la CPEUM, misma que se sostiene como inapelable al ser emitida por la SCJN, Infobae México contactó a Victoria Alva, doctora en Derecho y Globalización quien explicó cómo, en la medida de lo posible y la infraestructura de cada entidad, las mujeres pueden hacer válido su derecho a la maternidad deseada.

El medio le preguntó a la doctora Alva por el margen de maniobra que tiene una mujer que viva en los estados donde aún no es legal el aborto y desee interrumpir su embarazo, pues además de tener la legislación en su contra, la infraestructura de la entidad en cuestión no tendría porqué estar a la vanguardia de este derecho.

Alva Lugo explicó que el sistema sanitario local debería proveer el servicio, aunque reconoció que existen dificultades pragmáticas a corto y mediano plazo. Asimismo, abundó sobre el razonamiento que debería de imperar en las entidades para fomentar la seguridad y dignidad en dicha práctica.

En ese sentido, insistió en que las entidades “deben tener garantizadas las infraestructuras sanitarias y el personal adecuado para que las mujeres, de manera libre e informada, puedan tomar esa decisión”.

Por lo que cada estado tendrá que adaptar su legislación penal en la materia y proveer la infraestructura sanitaria, de tal forma que se garantice el acceso a la salud como parte de sus derechos sobre la maternidad.

Sin embargo, la versada en derecho reconoció que eso debería de ocurrir en el deber ser del ejercicio de este derecho y que al toparse con la realidad, las mujeres podrían hacer uso de otros recursos legales.

En caso de que una mujer quiera abortar, acuda a un centro de salud y se le niegue el servicio, ella tendría que proceder legalmente para poder interrumpir el embarazo.

No obstante, la intervención del poder judicial podría resultar tardada, esto porque la interrupción del embarazo se permite hasta las 12 semanas de gestación, por lo que Infobae México preguntó cómo se puede agilizar este proceso, a lo que ella remitió a insistir en juzgados, pues mientras no se legisle localmente, la infraestructura del estado no se actualizará.

Otro problema al que se puede enfrentar es a la inacción del personal médico por temor a ser sancionados o a un presupuesto ideológico. Respecto al primer punto, Victoria Alva explicó que en la resolución de la Suprema Corte extiende la protección al personal sanitario que le aplique el aborto a la mujer o persona gestante.

Pero si el motivo de la negativa se atiene a la objeción de conciencia, que es un derecho de los trabajadores de la salud, la práctica del aborto en tiempo y forma se visualiza compleja.

Al depender de un proceso judicial, Infobae México preguntó sobre la existencia de algún tinte clasista en esta fase, pues las personas que tengan la capacidad legal de pagarse un buen abogado tendrán facilidad para realizarse el aborto.

Ante esta pregunta, la doctora Alva negó esa presunción y afirmó, en cambio, que se trata de un proceso de transformación, “pero como sociedad tenemos que darle seguimiento” para que permee a todos los grupos sociales.

Finalmente reafirmó que los derechos deben de ser igualitarios tanto para los varones como para las mujeres y que esto únicamente se va a alcanzar “hasta que toda la sociedad en su conjunto entienda que tenemos que cambiar el rumbo de nuestro sistema jurídico”.

SEGUIR LEYENDO:

Qué hacer si un gobierno local te persigue por abortar (primera parte de la entrevista)