Narco intocable y rastros de corrupción: cómo deja Quirino Ordaz a Sinaloa

Premiar con una embajada a Quirino Ordaz Coppel, gobernador saliente de Sinaloa, ha causado críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien omitió el rastro de corrupción y la intocable tranquilidad del narco en el estado.

Los señalamientos hacia el priista no han impactado a nivel nacional, pero en el plano local se ha documentado que la administración no destacó por mejorías en seguridad y tampoco fue distinta a la opacidad en el manejo de recursos públicos que mandatos previos.

López Obrador, en cambio, pregona que Ordaz Coppel ha hecho un buen trabajo y ayudará a restablecer relaciones con España.

“Es un premio a la mediocridad”, asevera Miguel Ángel Vega, quien ha reporteado la violencia en Sinaloa en más de una década.

De acuerdo con el analista en temas de narcotráfico, la cuna de los grandes capos de la droga vive una inseguridad latente y esa condición ni siquiera se inmutó ante estrategias de combate del actual gobernador.

Según datos de su quinto informe de labores, la administración sinaloense que comenzó en 2017 disminuyó decomisos que bien pudieron afectar las actividades del grupo criminal encabezado por Ismael Zambada García, el Mayo, y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; los llamados Chapitos.

A nivel de distribución interna, por ejemplo, las dosis de marihuana incautadas fueron en decremento en los últimos cuatro años. Mientras que en 2017 se aseguraron 16 mil 152 dosis, en 2018 se registraron 10 mil 601 unidades; para 2019, mil 17 empaques; en 2020, mil 217; y en lo que va de 2021, la cantidad apenas fue de 234.

En cuanto a metanfetaminas la tendencia fue similar. En 2017 se decomisaron 29 mil 118 dosis de cristal; 2018, 12 mil 842; 2019, dos mil 89; 2020, dos mil 140; y en 2021, mil 332. De cocaína se aseguraron 13 mil 205 dosis en los primeros 12 meses de Ordaz Coppel; al año siguiente, cinco mil 664; en 2019, apenas 462; para 2020 fueron 635 empaques y durante este 2021, 154 dosis del polvo traficado en su mayoría de Sudamérica.

Estos resultados siguieron el mismo comportamiento en cuanto a kilogramos. De 29.9 toneladas de marihuana en 2017 se pasó al aseguramiento de 1.4 toneladas en 2018; 1.8 en 2019; 10.1 en 2020; y 0.23 toneladas durante el año en curso. De cristal hubo 270 kilos en 2017; 240 en 2018; y al año siguiente se contabilizó un incremento atípico de 18.8 toneladas; mientras que en 2020 la cifra disminuyó a 4.1 toneladas; y hasta agosto reciente fueron 4.2 toneladas.

Durante 2018 apenas se contabilizaron cuatro kilos de cocaína decomisada en territorio del Cártel de Sinaloa. Un año antes habían sido 158 kilos. Para 2019 la cifra fue de 272 kg; 2020, 174 kilos y en el año actual, van 19 kilogramos incautados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Los decrementos igual se observaron en la destrucción y desmantelamientos de plantíos y narcolaboratorios, respectivamente.

En marzo pasado, el presidente López Obrador se congratuló con Quirino Ordaz porque en Sinaloa no había altos índices de homicidios dolosos como en otras entidades.

“Esto hay que subrayarlo porque a veces se tiene la imagen de que hay mucha inseguridad en Sinaloa y esto no corresponde a la realidad”, felicitó el mandatario.

Sinaloa ha registrado 335 asesinatos en siete meses de 2021, muy lejos de Guanajuato, que encabeza las cifras de homicidios dolosos en el país con 2,098 casos. También se encuentra por debajo de los datos que suman Tamaulipas (416), Nuevo León (603), Ciudad de México (621), Zacatecas (876) y Sonora (1,152); así como Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Baja California, que junto con la entidad guanajuatense concentran el 50.4% de los ejecutados en México.

No obstante, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad señalan que al menos 92% de los delitos no son denunciados en Sinaloa. Con esto concuerda Miguel Ángel Vega, porque los grupos criminales desaparecen cuerpos para que no haya crimen acreditado qué perseguir.

Aunado a ello, reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que la percepción de inseguridad ha disminuido ligeramente en los primeros tres años de gobierno de Quirino Ordaz. En 2017, 74.5% de la población en el estado se sentía insegura, cuando la media nacional era de 74.3 puntos porcentuales. En 2018 la cifra fue de 72.6 y al año siguiente, 64.6 por ciento.

Pero el contexto de criminalidad en Sinaloa no se explica con puras cifras, pues el estado ha sido bastión del cártel más consolidado en México por décadas, cuyos vínculos se extienden a los cinco continentes. La entidad, a diferencia de Guanajuato o Zacatecas, pasa desapercibida en eventos de violencia constante porque es dominada por un grupo y los saldos de la disputa no se reflejan en multihomicidios en cada ataque.

“La violencia es como una especie de monstruo que radica bajo las calles oscuras y en las calles abiertas de Culiacán y que en cualquier momento puede emerger”, asegura a Infobae México, Miguel Ángel Vega, quien ha recorrido las entrañas del narco en su estado natal.

“El sinaloense tiene miedo a hablar en voz alta en los bares, mencionar nombres que no debería mencionar, comentar situaciones que no deben mencionarse, inclusive las personas que cantan corridos tienen mensajes que no pueden escribir”.

Culiacán es tema pendiente que el mismo Ordaz Coppel reconoce en su último informe de labores. Actualmente, esta demarcación se encuentra en el lugar 25 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. También está en la lista de municipios prioritarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esa urbe fue protagonista del evento más violento en la historia de Sinaloa, pues la organización criminal que domina en la entidad mostró su rostro de terror como no había sucedido, durante la tarde del 17 de octubre de 2019.

Aquel jueves negro conocido como Culiacanazo, decenas de sicarios sometieron a las fuerzas de seguridad federales y sinaloenses para rescatar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El fallido operativo de su detención dejó un saldo oficial de ocho muertos, 16 heridos y 49 reos evadidos del penal de Aguaruto.

A nivel local, centenas de ciudadanos fueron víctimas del pánico, la incertidumbre y el fuego cruzado. Niños resguardados, amas de casa que se refugiaron en supermercados durante horas, conductores que fueron despojados de sus autos para ser incendiados. Un ataque a la población sin que las autoridades pudieran garantizar su propia seguridad ante el caos de los criminales.

“Sin ningún tipo de planeación decidieron despertar al monstruo del narco en Culiacán”, describió Vega. “Esa va a ser una mancha del gobernador, que a donde quiera que vaya como embajador siempre lo va a perseguir”.

Ana Luz Ruelas Monjardín, profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, coincidió en que el Culiacanazo es uno de los eventos que marcarán a Ordaz Coppel en su paso por la gubernatura. Pues tal como hizo con otros problemas, el Ejecutivo estatal se desentendió de la situación, acusó la académica.

“Estuvimos en peligro y el gobernador no dio la cara sino como hasta 12 horas después de los enfrentamientos, no sabíamos qué pasaba en Culiacán, todo era a través de las redes sociales pero el gobierno desapareció”.

“Luego su actitud frente a las autoridades federales: omiso totalmente, ningún reclamo, ninguna queja hacia el fallido operativo, el gobernador insensible”, recordó la doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Otro indicador que apunta a la permisividad del narco en Sinaloa son las disminuciones de arrestos por delitos contra la salud, por portación de arma de fuego; así como el decremento en decomisos de fusiles, pistolas y artefactos explosivos.

Por narcotráfico, fueron detenidas 271 personas en 2017; 180 en 2018; 141 al año siguiente; 164 durante 2020; y en este 2021 cayeron tan solo 32 supuestos responsables de comerciar, poseer o transportar droga.

Mientras que a inicios de la administración se incautaron 339 fusiles; en 2018 apenas fueron 149 armas largas aseguradas; 85 en 2019; 141 durante 2020; y 58 en lo que va del año. De pistolas decomisadas se pasó de 200 hace tres años a 106 en 2020 y 74 en el último periodo. En 2017 se decomisaron 82 granadas; 12 meses después, 62; luego 31, 15, y 3 en 2021.

En cuanto al manejo de recursos públicos, Quirino Ordaz fue exhibido por la organización Iniciativa Sinaloa en septiembre de 2020, cuando la asociación publicó que el gobernador celebró contratos por 27 millones de pesos con 17 empresas fantasma calificadas en ese estatus por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ese método ya había sido aplicado por el panista Mario López Valdez, antecesor en el cargo a Ordaz Coppel, quien facturó poco más 134 millones de pesos con 95 empresas boletinadas a través del SAT debido a operaciones inexistentes, entre 2014 y 2016.

Grupo MGRF y Asociados, compañía creada en enero de 2016 y disuelta en enero de 2019, facturó 21.4 millones de pesos al gobierno de Quirino Ordaz y lo mismo le ofreció una producción audiovisual; servicios de paquetería; mantenimiento de oficina; aplicación de impermeabilizante; y aplicación de pintura de aceite, incluso, por concepto de a 20 mil 660 pesos de metro cuadrado pintado.

La administración del priista negó operaciones irregulares y aseguró que había verificado sus contrataciones para garantizar que ninguna compañía estuviese boletinada por el SAT. Sin embargo, Iniciativa Sinaloa apuntó que las empresas fantasma son usadas para comprobar gastos inexistentes y lavar dinero del crimen.

Un par de meses después, la misma organización reveló que Ordaz Coppel derrochó mil 180 millones de pesos en Comunicación Social. El presupuesto se destinó a 293 proveedores, cuyas compañías estaban ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca y Jalisco, entre otras entidades.

“Este gasto elevó casi 17 veces más, los 70 millones 751 mil pesos que se habían aprobado en el Congreso del Estado para el periodo 2017-2019”, apuntó el reporte.

Del derroche, 825 millones de pesos fueron para publicidad oficial; 110 millones en renta de espectaculares y paradas de autobús; 70 millones más para campañas; así como asesorías, encuestas, festejos y hasta un millón de pesos para enviar correos electrónicos de manera masiva. Al menos se enlistaron 13 rubros en el dispendio del gobernador.

Ordaz Coppel también destinó cinco millones de pesos para el monitoreo de la imagen u opinión que se tuvo de Sinaloa en medios informativos de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, según las facturas obtenidas por Iniciativa Sinaloa.

Apenas en junio de este año, medios locales consignaron que el gobierno de Sinaloa acordó exonerar a Armando Villarreal Ibarra, como a dos de sus ex colaboradores, por el desvío de al menos 263 millones de pesos del erario público.

A cambio, los acusados deberán pagar una reparación de dos millones de pesos por sus desvíos, los cuales cometieron en más de 200 transacciones, mientras se desempeñaban al frente de la Secretaría de Administración de Finanzas en 2016.

Supuestamente, Villarreal Ibarra, Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez, cubrieron deudas del gobierno estatal con recursos de fondos de obras públicas, mismas que no se concretaron. El caso fue calificado como el más importante en temas de corrupción en el estado y pese al daño causado, los pactos se sobrepusieron sin determinar cuánto más se habría desviado ni a dónde fue a parar el recurso.

Una investigación de la Revista Espejo reportó en julio pasado que Quirino Ordaz Coppel voló 1,463 veces en aeronaves del estado durante 2017 y 2019 con acompañantes de quienes no se supo su identidad y tampoco el costo por cada traslado.

Aunque el Ejecutivo se registraba como pasajero principal, en realidad prestaba los vehículos aéreos a su esposa, Rosa Isela Fuentes, quien no es funcionaria. Además, esos viajes habrían violado la Ley de Austeridad al movilizar gran cantidad de funcionarios en eventos que no eran de carácter urgente.

Helicópteros y aviones a la disponibilidad del señor gobernador, sin precisar gastos en combustible, reparaciones, nombres de tripulantes ni horas de vuelo, al puro estilo de la opacidad en el poder.

El último informe de Quirino Ordaz presume que la apuesta en desarrollo económico fue impulsar inversiones locales e internacionales en el sector del Turismo. Al respecto, destaca la construcción de hoteles, condominios, centros comerciales y de entretenimiento en Mazatlán, cuna del gobernador.

En Culiacán, resalta, no se había construido ninguna plaza comercial con servicios de primer nivel en los últimos 17 años, pero sólo de 2017 a la fecha, además de aproximadamente otros 20 centros comerciales pequeños, medianos y grandes, se construyeron cinco megaplazas comerciales con inversiones que rebasan los 1,500 millones de pesos cada una.

Para Ruelas Monjardín, el empeño de Ordaz Coppel en potencializar el sector turístico proviene de su origen como empresario del ramo. Aunque ello podría generar suspicacias por posibles conflictos de intereses.

La académica explicó a este medio que el gobernador es un típico priista, preocupado en obtener beneficios sin tomar en cuenta principios ideológicos y de ahí podría derivarse su apego al presidente López Obrador para agradecer la embajada en España.

“Recibe una protección a eventuales acusaciones por desvíos de recursos, porque cuando hay obra pública de por medio, siempre hay sospecha de desvío de recursos, esa es la forma más fácil de los servidores de hacerse de bienes, enriquecerse”, planteó, con la posibilidad de que el mazatleco represente a los mexicanos en el país europeo.

Más que un pago, el cargo ofrecido por AMLO se trata de un premio. No importa que el gobernador no tenga experiencia diplomática ni sea el mejor perfil, en contraste con María Carmen Oñate Muñoz, quien sigue al frente de la representación mexicana en Madrid tras 42 años de carrera en el servicio exterior.

Y por más que presuma la construcción del Hospital General de Mazatlán, el nuevo Hospital General de Culiacán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y la Clínica de Culiacán, la carencia en Salud se incrementó en los últimos años, junto con la escasez en materia educativa y de servicios básicos en el estado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, el índice de pobreza en Sinaloa pasó de 30.8% a 30.9% entre 2016 y 2018; es decir, de 929 mil a 946 mil personas que carecen de recursos mínimos para sobrevivir.

En cuanto al problema de personas desaparecidas y de combate a la pandemia, las fuentes consultadas también señalan estrategias ineficaces del gobierno sinaloense que terminará funciones el próximo 31 de octubre.

Respecto al primer tema, por ejemplo, la entidad reportó a 1,141 personas como desaparecidas o no localizadas entre inicios de 2019 al 30 de junio reciente, según informes de la Secretaría de Gobernación. Desde diciembre de 2018 y hasta junio pasado, se recuperaron 201 cuerpos en Ahome y Mazatlán, que en conjunto sumaron 128 fosas clandestinas en el mismo periodo referido.

Contrario a las afirmaciones del presidente, hay indicios para calificar que el trabajo del próximo embajador no estuvo marcado por la austeridad, el combate al crimen ni la transparencia en el ejercicio de las finanzas públicas.

Como muestran los datos, puede que el estado no esté sumido en una ola violenta, pero las huestes del grupo criminal que operan desde ahí siguen enviando droga y haciendo la guerra en Zacatecas, Chihuahua, Baja California, Nayarit, Sonora y Quintana Roo.

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