Con 106 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República, aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual reemplazará a la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.
Este lunes 13 de septiembre, la Cámara de Senadores emitió un voto unánime, en el que las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, MC, PT, PES y PVEM unificaron criterios al modificar la terna que recibieron de la Cámara de Diputados, por lo que se marcó un precedente notable en lo que va de la LXV Legislatura.
La nueva ley tendrá como objetivo ampliar el margen jurídico de la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos, y establecerá un proceso más ágil para proceder contra las y los funcionarios que sean procesados por la justicia mexicana.
Como el dictamen que recibieron de la Cámara de Diputados sufrió alteraciones, éste se regresó a San Lázaro para ser ratificado, tal como dicta el proceso del poder legislativo; sin embargo, cabe destacar que las alteraciones que sufrió el oficio fueron suscritas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador,
con lo que se vivió un talante de diálogo entre posturas ideológicas que no se había visto en el sexenio.
Al respecto, tanto los senadores promotores de la 4T como los de la llamada oposición parlamentaria celebraron la coincidencia a través del diálogo y pidieron que ésta sea la constante en el Senado.
Damián Zepeda, legislador por el PAN, celebró los acuerdos y recordó, durante su participación, que “la gente busca justicia y el fin de la impunidad”, por lo que demostrarle al pueblo de México que la impunidad ya no se mantendrá en la clase política es un gran atino para la democracia.
Claudia Ruiz Massieu, del PRI también concordó con lo ocurrido en la cámara y esperó que esta sana costumbre se “haga norma”. Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano (MC), también resaltó el ánimo de diálogo entre bancadas y bloques opositores.
abe recordar que la discusión que se presentó en la Cámara de Diputados fue diferente, pues la votación había resultado más cerrada: 273 a favor, 220 en contra y cero abstenciones. Donde Margarita Zavala, diputada del PAN, mencionó que esta decisión tenía de trasfondo una “aglutinación del poder” y aseguró que “el partido-gobierno (Morena) aprueba sin reflexión alguna una ley que no conocen. Terminará en una ley mediocre que favorece la discrecionalidad absoluta”.
No obstante, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia insistió en precisar las personas sujetas al proceso mencionado, las cuales se estipulan en el Artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
“Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”, se estipula en la Carta Magna.
Otro cambio notable es la definición de la autoridad competente para aplicar la ley, pues en el nuevo escrito se limita a las cámaras legislativas federales, mientras que la ley anterior numeraba nueve.
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