Las transacciones de criptomonedas en el mundo han crecido vertiginosamente, sin embargo acarrean diversos riesgos en el contexto de México, analizó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si bien el funcionario acepta que los gobiernos deben ser capaces de adaptarse a esta realidad social y regular este nuevo sistema económico, también advierte que la tecnología blockchain emplea como principal premisa el anonimato de sus transacciones, lo cual “puede favorecer la realización de actividades criminales, como el lavado de dinero y delitos predicados y, por supuesto, corrupción”.
El uso de teléfonos inteligentes y el acceso más generalizado de internet ha creado un mercado fintech (por sus términos en inglés finance technology) que va en aumento.
“Tan sólo nuestro país se encuentra situado en el segundo lugar como ecosistema fintech más importante en América Latina, con 334, después de Brasil, que cuenta con 377”, reveló Nieto.
Es por ello, que México emitió la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) y en el mismo año se publicaron las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la ley referida, que establece un régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en este sector, puntualizó en un artículo que escribió para el portal de La Jornada.
El punto central es dar certeza jurídica a las actividades que se realizan mediante el uso de tecnologías financieras con base en la debida diligencia del cliente, incluyendo los activos virtuales y los proveedores de estos servicios. Sin embargo, dado que su regulación es reciente y la experiencia de supervisión todavía escasa se consideran un riesgo emergente, con un impacto social, financiero y económico alto, consideró.
En agosto de 2021, se emitió el criterio general aplicable a los sujetos obligados que ofrezcan servicios de activos virtuales respecto a la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley Antilavado, especialmente en la presentación de avisos, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otra región.
Detalló que por otra parte, la UIF ha implementado un modelo de riesgo sobre activos virtuales, axiológicamente neutral, que utiliza algoritmos matemáticos para detectar operaciones inusuales en el sistema financiero.
CDMX, Jalisco y Edomex, estados con operaciones más inusuales
Al respecto, destaca que, de los reportes analizados con el indicador de activos virtuales, se han identificado mil 616 de estos reportes. La entidad federativa con el mayor número de reportes de operaciones inusuales es la Ciudad de México (CDMX) con 527; Jalisco, con 124, y Estado de México, 124. Además, a raíz de la incorporación de los activos virtuales como instrumento monetario en las actividades vulnerables, se han recibido 9 mil 65 avisos en los que utilizaron algún activo virtual como instrumento de pago.
¿Qué riesgos de delitos se han identificado en el ciberespacio?
En 2019, la UIF creó una tipología relacionada con la trata de personas, misma que valió la mención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La labor de las autoridades que participaron permitió que se detectara una red de trata que utilizaba bitcoines para lavado de dinero procedente de esta actividad ilícita.
Durante este año, la UIF y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desarticularon una red criminal, liderada por ciudadanos nigerianos, que se dedicaba a la venta de droga y fraude a empresas de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Su modus operandi para cometer los fraudes, era a través de hackeos cibernéticos a las empresas que realizaban transferencias transnacionales como su método de pago y cobro, con lo que se apoderaban de los fondos. Parte del dinero lo enviaban a Nigeria y a una criptomoneda de ese país.
En otro caso también se encontró actividad de criptomonedas en la banda de ciberpiratas de León. Recientemente se detectó un caso como resultado del modelo de riesgo de la UIF, en el que se identificó a un sujeto y a su red familiar, relacionados con la compra y venta de activos virtuales, manejando un total de 66 millones de pesos. Las operaciones se relacionaron con fraude, delincuencia organizada y con una empresa que maneja activos virtuales sin ser sujeto obligado.
“Falta camino por recorrer; el régimen actual de nuestro país en este sector debe estar encaminado a regular que los sujetos obligados apliquen un enfoque basado en riesgos en sus procesos de monitoreo bajo el estándar internacional de debida diligencia del cliente, que requiere saber quiénes son sus clientes y los beneficiarios finales, la naturaleza y el propósito de la relación comercial y conocer la fuente de los recursos”, concluyó Nieto.
SEGUIR LEYENDO: