La noche anterior a las elecciones del pasado 6 de junio, en Culiacán fueron levantados más de cien operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Cártel de Sinaloa.
Según los relatos, muchos de ellos fueron arrancados de sus casas y a la vista de sus familiares. Los responsables tenían los rostros cubiertos y portaban armas de grueso poder.
En muchos casos quebraron las chapas de las puertas, irrumpieron a la fuerza y sacaron a los operadores a la calle semidesnudos, algunos de ellos en calzones.
Posteriormente los subieron a camionetas, les cubrieron los rostros con cinta canela y los amenazaron y golpearon mientras los interrogaban.
“Quiénes eran sus jefes, quiénes formaban parte de su estructura, dónde tenían el dinero con el que iban a pagar la comida de los funcionarios de casilla y con qué iban a movilizar a las bases para acarrearlas a las casillas”.
Al secretario de Operación Política del PRI lo fueron a sacar de su propio domicilio. A golpes le sacaron datos, nombres y las direcciones de sus colaboradores.
“¿Quién es tu jefe? ¿A dónde ibas? ¿Con quién estabas? ¿Quién te estaba esperando? Dime nombres o no la cuentas”.
La misma versión recogió el semanario Ríodoce en un reportaje del periodista Ismael Bojórquez. El objetivo era que los operadores del PRI no pudieran operar electoralmente al día siguiente.
Los encargados de esa labor fueron miembros del Cártel de Sinaloa, dirigido por los hijos de Guzmán Loera: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Edgar y Ovidio.
De acuerdo con información del periodista Héctor de Mauleón, a los secuestrados los soltaron una hora antes del cierre de casillas en una carretera, y les dieron cien pesos para que volvieran en taxi a sus casas.
“Nadie abrió una investigación. No hubo una institución interesada en aclarar lo que había ocurrido. Por el contario, desde el gobierno del priista Quirino Ordaz se giró la instrucción de guardar silencio sobre lo ocurrido. No importó que los secuestrados fueron miembros de su propio partido”, detalló en su columna para El Universal.
“En todo el estado un solo abogado interesado en interponer una denuncia. De ese tamaño son las cosas allá en Sinaloa”, explicó.
Sin embargo, ninguno de los “levantados” quiso denunciar. El PRI local decidió que lo mejor, “por seguridad”, era dar vuelta la página.
El candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, arrasó con 56.60 por ciento de los votos. Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la alcaldía por la misma coalición, obtuvo una ventaja de más de 10,300 votos sobre su más cercano competidor.
El cambio de gobierno en Sinaloa habría sido favorecido por supuestos integrantes del único grupo criminal hegemónico en la entidad, quienes operaron para dar inicio al llamado proyecto de la Cuarta Transformación.
El 23 de agosto los líderes de los partidos de oposición en México (PRI, PAN y PRD) asistieron a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.
El presidente del PAN, Marko Cortés, y los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se reunieron con Luis Almagro, secretario general de la OEA y con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“(El objetivo de la denuncia) es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores”, señala el documento.
Según la consultora Etellekt, las elecciones del 6 de junio en México estuvieron precedidas de una violenta campaña con presencia del crimen organizado que dejó 935 agresiones contra políticos, superando el récord de 2018, 100 fueron asesinados, 36 de los cuales eran candidatos.
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