Qué sigue en México tras el fallo de la SCJN contra la penalización del aborto

Este martes 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en México, luego de una controversia que interpuso la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra el Código Penal de Coahuila en 2017.

Por unanimidad, las y los 11 ministros de la Sala Superior invalidaron el artículo 196 del ordenamiento jurídico de dicha entidad, el cual imponía de uno a tres años de prisión “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Sin embargo, luego del fallo histórico del Poder Judicial de la Federación, creció la duda sobre qué es lo que continuará y qué relevancia tendrá en la vida de la ciudadanía, razón por la cual la abogada penalista Leslie I. Jiménez Urzua habló para Infobae México sobre lo que pasará en materia penal con la interrupción voluntaria del embarazo.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de la decisión que tomó el máximo tribunal de justicia en el país fue que las y los jueces en todo el territorio nacional deberán de acatar dicho fallo, aunque el código de la entidad marque como delito el aborto.

“Esto es un precedente judicial, lo que implica que ya dejó establecido que no se puede sancionar a una mujer o persona con capacidad de gestar en el ejercicio libre de su decisión de maternidad”.

Lo anterior se dará debido a que la determinación que tomaron las y los ministros se conoce como una acción de inconstitucionalidad, la cual tiene “como efectos declarar que una norma no se apega a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”.

“En ese sentido, se debe de derogar los artículos que hace mención la sentencia de la Corte”, explicó la docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo cual, en un futuro cercano, permitirá que se pueda eliminar de los 32 códigos penales estatales la interrupción voluntaria del embarazo como delito, situación que ya ha ocurrido en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

No obstante, la acción legal que hoy se tomó no solo evitará que más mujeres y personas con capacidad de gestar sean encarceladas tras un aborto, sino que permitirá que se revise la situación legal de aquellas que se encuentren actualmente privadas de su libertad por dicho delito.

La especialista en derecho también explicó que esto solo será válido, por el momento, en el estado de Coahuila, debido a que fue en dicha entidad donde se derogaron las causas penales de la interrupción del embarazo.

“En el caso de las personas investigadas y detenidas por ese delito en Coahuila será sustancial porque se declarará la derogación de los artículos”, señaló.

Por último, algunos especialistas aseguraron que la actuación de las y los magistrados dejó un mensaje claro a la ciudadanía mexicana, especialmente en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, a la autonomía y la libre determinación.

Mientras que para la licenciada Jiménez Urzua, el Poder Judicial abogó no sólo por lo anterior, sino por ponderar la no discriminación; el respeto a la privacidad; también el respeto a la vida sexual de las mujeres y personas gestantes; así como la voluntariedad para someterse a diferentes procesos médicos.

“(Fue importante) la ministra Ríos diciendo que los estigmas, ‘ignorantes, malas, promiscuas’ que viven las y personas con capacidad para gestar son algo que la ley penal no debe de criminalizar bajo un discurso penal”, señaló.

Sin embargo, aseveró que no solo es una lucha desde el poder judicial, sino de mujeres, organización y abogadas, a las cuales también se les debe de dar el crédito por el hecho histórico que hoy se presenció.

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