Diputados aprobaron en lo general y en lo particular la Revocación de Mandato

Con 491 votos a favor, una abstención y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Revocación de Mandato, el proceso de participación cívica y representación directa al que se someterá Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en marzo del 2022.

Este martes 7 de septiembre, al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los diputados federales promovieron su voto respecto a esta nueva forma de interacción del ciudadano con el ejecutivo federal, con el cual se le da el poder al pueblo de decidir si su presidente continuará en el poder el resto del sexenio o se le retirará el cargo.

Cabe destacar que la propuesta de promover la revocación de mandato como un proceso vinculante inició en Palacio Nacional, pues el presidente López Obrador insistió en promover una ley que sujetara al ejecutivo federal para que, una vez en el poder, promoviera un gobierno que le funcione al pueblo y en caso de no conseguirlo, éste sea removido de su cargo por la voluntad popular.

Al interior del poder legislativo federal, fue Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, quien inició la promoción de dicha ley. Por lo que urgió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a realizar periodos extraordinarios en la LXIV Legislatura para avanzar en la revisión y aprobación tanto de la ley como de su reglamentación.

Aunado a esto, Monreal Ávila propuso una Ley Reglamentaria desde el pasado 2 de agosto, con la cual se puntualiza la certeza jurídica del proceso, donde se acota explícitamente los roles que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la Revocación de Mandato.

Al respecto, la oposición parlamentaria rechazó los periodos extraordinarios, pero aceptó revisar el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato al inicio de la LXV Legislatura, el 1 de septiembre, con lo que se activó el aparato burocrático para la discusión parlamentaria.

Después de horas de trabajo y diálogo, las y los senadores realizaron una serie de modificaciones al proyecto de ley y reglamentación de la revocación para que ésta se encuentre en apego al Estado de derecho y optimice los sistemas democráticos al interior de México.

De tal modo que con 102 votos a favor y dos en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato el lunes 6, donde se resolvieron diversas diferencias que se tenían con respecto al dictamen original, como la pregunta que se hará a la ciudadanía.

La primer pregunta tentativa que se dio a conocer fue: “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”; sin embargo, ésta fue tomada como una pregunta a modo en favor de preservar a AMLO en la presidencia, con lo cual la oposición parlamentaria insistió en cambiar el reactivo.

Motivo por el cual se promovió una segunda pregunta, la cual no contenga el nombre del presidente, pues la intención de promover esta ley va más allá de la administración en curso: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Por su cuenta, el INE solicitó del erario federal la suma de 5,743.57 millones de pesos “como un monto precautorio para el caso de que se lleve a cabo la Consulta Popular y la Revocación de Mandato”. El Consejo General del órgano dirigido por Lorenzo Córdova dejó claro esto el 25 de agosto al aprobar la Cartera Institucional de Proyectos del Anteproyecto de Presupuesto 2022.

Se especificó que 3,830.45 millones de pesos serán dedicados a la Revocación de Mandato y 1,913.13 millones para la Consulta Popular. En caso de que dichos recursos no sean utilizados en su totalidad, la diferencia se regresarán a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para integrarse al presupuesto de la administración pública.

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