Habitantes de Guerrero bloquearon las carreteras ante el avance del grupo criminal de Los Ardillos

El asedio del grupo criminal ha derivado en falta de acceso a los derechos básicos de acceso a salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, y al libre tránsito

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Community police agents meet at an intersection during an operation to buy products, at a territory allegedly controlled by Los Ardillos cartel members near Ayahualtempa, Mexico, February 4, 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini      SEARCH "MEXICO CARTEL" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.
Community police agents meet at an intersection during an operation to buy products, at a territory allegedly controlled by Los Ardillos cartel members near Ayahualtempa, Mexico, February 4, 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini SEARCH "MEXICO CARTEL" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Los Ardillos, un grupo criminal que asedia la Montaña Baja del estado de Guerrero, siguen asediando a las comunidades indígenas de la zona. Por esta razón, los habitantes de las regiones de Alcozacán y Ayahualtepam, en el municipio de Chilapa, cerraron el acceso de 36 comunidades para evitar el avance de la célula delictiva, responsable del desplazamiento de cientos de pobladores.

La exigencia de los habitantes es la misma que la de hace meses: reforzar la seguridad del municipio.

El pasado mes de julio, en un viaje por la comunidad de Ayahualtepam, Infobae México documentó la falta de seguridad en la zona. Según el recorrido, en lo alto de la comunidad se encuentra un control de la famosa Guardia Nacional del presidente López Obrador prácticamente vacío. Más adelante está otro de los mismos comunitarios.

A unos 50 metros de la entrada a la comunidad hay un módulo de la Policía Municipal. Pero lejos de sentirse seguros, los pobladores de Ayahualtempa acusan que los elementos locales están al servicio de los Ardillos y desde esa posición les avisan cuando salen de sus límites.

“Aviso territorio comunitario resguardado las 24 horas”, se lee apenas en letras color negro escritas a mano, en un pedazo de lámina, de fondo blanco con manchas de óxido. Dos tubos, también bastante oxidados, lo sostienen entre las palmeras que enmarcan la entrada a Ayahualtempa.

Una decena de guardias cuida la entrada. La mayoría lleva puesta una playera color verde oliva, que dice en la espalda, escrito en letras amarillas: “Policía Comunitaria”. Suena en versión banda Una calle me separa –la icónica cumbia del argentino Néstor en Bloque– mientras los niños comunitarios, con sus armas enfundadas, cuidan la entrada a sus tierras.

Un vaso de Coca-Cola fría es su única defensa contra el azote del sol de las dos de la tarde, propio de la montaña. Un par de guardias llevan chaleco antibalas. Los niños usan un paliacate que les cubre nariz y boca. No por el COVID-19 –en la comunidad no se han registrado contagios–, sino para proteger su identidad.

Los niños no se han visto involucrados en una agresión real. Pero el acoso criminal hace que los pobladores se sientan acorralados. Su miedo no es gratuito.

El 2 de junio de 2019 uno de los pobladores y excomandante de la Policía Comunitaria de ese pueblo, Eugenio Máximo Hilario, fue asesinado frente a su esposa en el centro de José Joaquín de Herrera. Los hombres de Ayahualtempa dejaron de salir de sus límites.

En 2020 se registraron 35,484 homicidios en México. La Coordinadora Regional de Autoridades-Policía Comunitaria (CRAC-PC), a la que pertenece la comunidad, figuró en esa estadística. En enero de ese año, 10 músicos de Alcozacan fueron asesinados por integrantes de los Ardillos. En Ayahualtempa decidieron atrincherarse definitivamente.

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