El flujo de población de menores de edad que ingresa a México de manera irregular se triplicó en el último año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM).
A través de un comunicado, se informó este martes que del pasado 1 de enero a la fecha se han registrado a 34,427 migrantes menores de 18 años, que transitaban acompañados y no acompañados, por territorio nacional en condición irregular.
Mientras que en ese mismo periodo, pero de 2020, se identificaron a 11,703 niños y niñas en dicha calidad.
INM detalló que del total, 8,525 viajaban solos y 25,902 en compañía de al menos una persona adulta, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Respecto al género de la población identificada en lo que va del 2021, 19,859 son hombres y 14,568 mujeres.
Según con las entrevistas realizadas a las personas migrantes por agentes del INM, “refieren que traficantes de personas les insisten sobre estar acompañados de menores de edad para facilitar su tránsito por México, e incluso, por Estados Unidos”.
Esto debido al cambio en la Ley de Migración que establece “no alojar a menores de edad, ni sus acompañantes, en estaciones migratorias o estancias provisionales”.
Y es que a partir del 11 de enero de este año la ley impide al INM albergar en dichas instalaciones a población infantil y a las personas adultas que los acompañan.
También comentaron que los traficantes de personas, llamados “polleros”, “les aseguran que existe una amnistía en territorio estadounidense que favorece el ingreso de personas migrantes, aun siendo irregulares y especialmente para quienes van con niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte, este 31 de agosto, tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron a las autoridades mexicanas “respetar los derechos humanos de los migrantes” tras el violento operativo del fin de semana para disolver una caravana de migrantes en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
El flujo migratorio aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Donald Trump presionó a México para que los frenara.
Cuando el presidente Joe Biden, llegó a la Casa Blanca en enero pasado suspendió el programa “Quédate en México” de su antecesor, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano, miles de los cuales quedaron varados en campamentos fronterizos.
Lo anterior como un primer paso importante para desmantelar las políticas migratorias de la era Trump, pues desde que asumió el cargo en enero, se comprometió a implementar un enfoque más humano para lidiar con la migración masiva.
Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que la Unión Americana detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
Ante este panorama, el pasado 24 de agosto la Suprema Corte de ese país negó la propuesta de Biden.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lamentó la decisión de la Corte Suprema y dijo que continuaría “impugnando enérgicamente” el dictamen del juez con sede en Texas.
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