Cártel Santa Rosa de Lima: más de 1,700 detenidos después y sigue la guerra en Guanajuato

Aunque el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) ha sido combatido como objetivo prioritario del gobierno federal, las huestes que comandaba José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, perpetúan la narcoguerra en Guanajuato contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluso después de que 1,750 de sus presuntos integrantes fueron detenidos.

La organización que desafió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha parado de cometer delitos pese a que su máximo líder ha caído tras las rejas, lo mismo que otros operadores de relevancia en la primera y segunda generación de mandos, antes y después del Marro.

Guanajuato es el estado con más asesinatos en México en los últimos tres años y en lo que va de 2021. Mientras que en 2017 hubo 1,084 ejecutados; en 2018 la cifra se incrementó hasta 2,609; al año siguiente, en 2019, fueron 3,540; y para 2020 las muertes intencionales ascendieron al récord de 4,490 casos. De enero a julio de este año, la entidad que gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez encabeza la estadística a nivel nacional con 2,098 víctimas de homicidio doloso.

Esto contrasta con los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal para combatir al Cártel Santa Rosa de Lima, cuyas actividades ilegales en la entidad propician ejecuciones y una disputa territorial contra el CJNG. Si bien, el CSRL data de 2014 y actualmente está fragmentado, sus presuntos colaboradores siguen cayendo en manos de la justicia, al tiempo que una ola violenta sigue imparable por la narcoguerra.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato no cuenta con registros sobre detenciones de supuestos miembros del CSRL en 2016 ni en 2017, según una solicitud de información realizada vía Transparencia por Infobae México.

Fue hasta enero de 2018 que comenzó el conteo de la autoridad ministerial sobre el grupo delictivo que se afianzó en la región mediante el robo de combustible o huachicoleo, extraído de la refinería de Salamanca y los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan por Guanajuato.

En último año de gobierno de Enrique Peña Nieto fueron detenidas 109 personas identificadas como integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima. Esto incluye los primeros 30 días en que Andrés Manuel López Obrador arribó a la presidencia de la república, de acuerdo con el documento proporcionado por la fiscalía guanajuatense.

Mientras que en 2019, cuando López Obrador arreció el combate al huachicoleo e incluso tomó la decisión de cerrar ductos, la Fiscalía de Guanajuato consignó a 274 supuestos operadores de la organización dirigida por José Antonio Yépez Ortiz, el Marro. Más del doble de detenidos que el año anterior.

Durante 2020, la cantidad de asegurados por su presunta pertenencia al Cártel Santa Rosa de Lima incrementó exponencialmente a 894 personas. Más del triple de arrestos que los 12 meses previos.

La madrugada del 2 de agosto de ese año, agentes federales y locales capturaron al Marro, junto con otras ocho personas, quienes se ocultaban y mantenían secuestrada a una empresaria en un domicilio de Santa Cruz de Juventino Rosas. Sin embargo, la caída del capo no ha representado una disminución de la violencia en Guanajuato.

Tras el encarcelamiento de Yépez Ortiz fueron arrestados 473 supuestos miembros más del CSRL en el estado, entre enero y el 18 de julio de este 2021. Esto representa poco más de la mitad que el año pasado en un lapso de seis meses, de modo que si la tendencia continúa, es probable que las cifras se acerquen a lo registrado en 2020.

Tanto en 2016 como en 2017, la organización ya estaba consolidada en poderío criminal, pero operaba con licencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en una actitud omisa, según declaró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en agosto de 2020.

Guadalupe Correa Cabrera, investigadora del crimen organizado, coincidió en que el auge del CSRL no se puede explicar sin la complicidad de autoridades como el Ejército, encargado de la salvaguarda de la infraestructura estratégica del país; además de la participación de directivos de Pemex; miembros del sindicato y otra suma de servidores públicos que conocían de las operaciones en la empresa paraestatal.

La profesora de la Universidad George Mason dijo a Infobae que el CSRL floreció gracias a los contactos que el grupo criminal tuvo en Pemex, por el acceso que le brindaron, así como la información de ductos que le facilitaron.

En diciembre de 2018, López Obrador aseguró que había tres funcionarios detenidos por robo de hidrocaburos. Un mes después, el mandatario reveló que cuatro militares estaban bajo investigaciones por el mismo delito: Eduardo León Trauwitz, ex titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex y ex escolta de Peña Nieto; así como el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, quien tenía a su mando la vigilancia de ductos y refinerías; además del general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, gerente de Seguridad Física; y el coronel de Infantería, Emilio Gosgaya, gerente de Gestión Técnica.

David Saucedo, consultor en temas de Seguridad, recordó que inicialmente, el monopolio del robo de hidrocarburos estaba en manos de funcionarios corruptos, quienes buscaron apoyo en la mafia local a la que pertenecía el Marro.

“Mediante el control de los inventarios de producción de Pemex reportaban menos cantidad de producción y el sobrante lo comercializaban de manera ilegal, mediante pipas que fueron directamente a la refinería”, explicó.

Sin embargo, al paso de los años, el negocio fue arrebatado de las manos a los operadores de Pemex y así comenzó el empoderamiento del Cártel Santa Rosa de Lima. Las ambiciones de la organización criminal no estaban en el cálculo de los servidores que participaban en el huachicoleo y fueron desplazados, incluso ejecutados por sus presuntos nexos delictivos.

La agrupación tuvo una gran base social que apoyaba en narcobloqueos, así como confrontaciones con la policía y el Ejército para obstruir arrestos. Fue en 2017 cuando el CSRL declaró formalmente la guerra al CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y desde entonces ambos bandos han sumido al estado en un contexto de violencia incesante.

En el mapa criminal, los del CJNG pretenden tomar la entidad para sus rutas de trasiego de drogas como el fentanilo hacia el centro norte de México, en la frontera con Estados Unidos.

Mientras que el cártel local ve afectado sus negocios como la venta de metanfetaminas en ciudades como Irapuato y Celaya; el cobro de piso o secuestros; además del robo de combustibles, aún con operaciones menos articuladas. Actualmente, el CSRL solo tendría presencia en ocho de 16 municipios que anteriormente dominaba, por ejemplo, en los Apaseos, Salamanca, Villagrán y Salvatierra.

Con el Marro dentro de prisión, sus lugartenientes continúan en enfrentamientos contra el Grupo Elite, Grupo Pantera y Operativo León, brazos armados al servicio de Oseguera Cervantes. Pese al arresto de su enemigo, el Mencho no ha logrado consolidar su hegemonía en Guanajuato, de acuerdo con un informe del International Crisis Group de noviembre pasado. Y es que el CSRL aún controla a policías municipales, no obstante que identificó una traición de autoridades y también ejecutó a fuerzas de seguridad en represalia.

Ante el arresto de sus mandos, ahora actúan como un cuerpo colegiado de jefes de plazas que sufren un debilitamiento paulatino, pero a ritmos muy lentos. Los anteriores líderes pretendían afianzar su organización y hacerla perdurable, a través del financiamiento de campañas, incursión en el sector inmobiliario, y al establecer nexos con funcionarios. Pero los nuevos liderazgos carecen de ese componente y todo se ha centrado en una violencia agudizada por sobrevivir, según consideró David Saucedo.

“Tenemos al frente del Cártel Santa Rosa de Lima, auténticos carniceros, gente que no tiene una visión empresarial ni política, que su oficio era el de matar”, comentó en entrevista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que la violencia en el estado se debe a nulos resultados del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha ejercido 12 años en el puesto y gracias a una reforma estará hasta 2028. Por ello, AMLO ha solicitado que sea relevado, pero el funcionario tiene el respaldo de la mayoría panista en el Congreso local como del gobernador de la misma fuerza política, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Parte del contexto de criminalidad, a decir de Correa Cabrera, también se explica porque el CSRL sigue el modelo delincuencial inaugurado por los Zetas: controlar el territorio y todos los negocios posibles en ese espacio geográfico, tanto la extracción de rentas de negocios legales como aquellos de origen ilícito.

Esa dinámica extractivista no es nueva para la célula delictiva, porque en sus inicios había encontrado una diversificación en actividades ilegales menores, sin actos de narcoterrorismo, multihomicidios ni enfrentamientos constantes. De acuerdo con Saucedo, el Marro y los suyos seguían con los mismos delitos, pero el huachicoleo se convirtió en su principal fuente de recursos. Al verse mermado en los últimos meses, ha vuelto a retomar lo que hacía al principio.

José Antonio Yépez Ortiz operaba desde antes de 2008 en León, Celaya y los Apaseos, pero con actividades como secuestro, extorsión, robo de vehículos y asalto a camiones de carga. Ese año fue detenido por delincuencia organizada pero salió libre bajo fianza.

En 2014, con el arresto de sus líderes, se independizó una célula de los Zetas que tenía su base delincuencial en Celaya; ese es el origen del Cártel Santa Rosa de Lima, ligado al grupo de la última letra a través de David Rogel Figueroa, el Güero, ex jefe del Marro, y a quien rebasó en el liderazgo junto con los hermanos Fabián y Noé Israel Lara Belman.

Los Lara Belman se enemistaron con su socio a inicios de 2019 por las ganancias, designación de cargos en la estructura y desacuerdos por ilícitos cometidos, según investigaciones ministeriales. De ahí que huyeron a Querétaro y otros puntos del país.

El primero de ellos, conocido como la Vieja, fue detenido el 28 de febrero de 2019 en Baja California, con 14 de sus presuntos colaboradores. El segundo, apodado el Puma, cayó el 23 de junio de 2020 en San Luis Potosí, donde presuntamente estaba incrementando su poderío criminal y reclutaba a militares, algunos extranjeros, para ir contra el Marro y eventualmente retomar el control de la organización.

Por el combate al robo de combustibles, la administración actual presume que se han ahorrado 162 mil 275 millones 668 mil 646 pesos, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 12 de agosto de 2021. En 12 días del mes en curso se desviaron 4.7 miles de barriles diarios, a diferencia de los 74 mil que terminaban en el mercado ilícito a inicios del gobierno de AMLO.

Para ello están desplegados 3 mil 112 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y entre las entidades con mayor incidencia en huachicoleo aún destacan Guanajuato, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Michoacán, según el informe presentado el 20 de agosto pasado.

Aunque el gobierno resalta cuánto ha disminuido el robo de hidrocarburos y mientras se mantiene un fiscal perpetuo, los habitantes de Guanajuato siguen padeciendo escenas de narcoterror, balaceras, extorsiones, secuestros, cuerpos descuartizados, masacres y asesinatos de policías todos los días.

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