La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó la noche de este miércoles que la política migratoria de México se diseña y ejecuta de manera soberana, por lo que el país no está obligado a acatar la orden emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos sobre el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), mejor conocido como “Quédate en México”.
A través de un video publicado en la cuenta oficial de la SRE, Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, expuso que la resolución de la Corte respecto de la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad no hará al país modificar sus acciones.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México, y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno de México”
Y es que la Suprema Corte exhortó al presidente Joe Biden a mantener el programa implementado por su antecesor, Donald Trump, donde se obliga a los migrantes que solicitan asilo permanecer en territorio mexicano a la espera de sus audiencias en Estados Unidos.
Velasco indicó que el gobierno de México no se posiciona sobre dicha resolución; sin embargo, señaló que ambas naciones comenzarán un diálogo técnico para evaluar los escenarios posibles en el manejo ordenado de los flujos migratorios a través de la frontera común.
“El gobierno de México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo, en cumplimiento con nuestra legislación nacional y conforme al derecho internacional. Asimismo, México reitera la importancia de atender las causas estructurales de la migración, incluyendo políticas públicas con efectos inmediatos en las condiciones de vida de las personas”
La Corte negó este 24 de agosto la propuesta de Biden de rescindir el programa “Quédate en México”, como primer paso importante para desmantelar las políticas migratorias de la era Trump, pues desde que asumió el cargo en enero, se comprometió a implementar un enfoque más humano para lidiar con la migración masiva.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) lamentó la decisión de la Corte Suprema y dijo que continuaría “impugnando enérgicamente” el dictamen del juez con sede en Texas.
En los últimos meses, los arrestos de migrantes tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos con México han alcanzado niveles máximos en 20 años.
CNDH exigió medidas de protección para migrantes
El pasado 19 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México inició una investigación para conocer si el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud Federal (SSA), así como autoridades estatales y municipales, cumplen con los derechos humanos de migrantes deportados desde Estados Unidos en plena pandemia.
Ello “luego de los casos de deportaciones masivas que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración”, remarcó en un comunicado.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, instruyó esta medida debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte de México “sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por COVID-19”.
Asimismo, se solicitaron medidas cautelares a 31 diferentes autoridades a fin de evitar la “consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos” que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de deportados desde los Estados Unidos.
“Entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónico-degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales” en el norteño estado de Sonora, puntualizó.
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