El Instituto Nacional Electoral (INE) buscará solicitar al menos cinco mil millones de pesos para la organización de una consulta popular en 2022 y la revocación de mandato del presidente de México.

El INE planea un proyecto que tendrá como referencia la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con funcionarios de primer nivel quienes confirmaron a Milenio la información.

En dicha sentencia, la SCJN rechazó la controversia constitucional en la que se pedía presupuesto constitucional adicional para realizar la consulta pasada, y en la que de igual forma, se dejó claro que es el instituto quien deberá solicitar los recursos de forma “precautoria”.

El próximo 27 de agosto se tiene contemplado presentar un piso ante el Consejo General, previo a la aprobación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 que es presidido por el consejero Jaime Rivera.

Asimismo, se consideran al menos tres mil millones de pesos para la revocación de mandato y dos mil millones más para la eventual consulta popular.

El año pasado, el INE solicitó mil 499 millones de pesos del presupuesto, lo anterior para la consulta popular que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto.

Para entonces, se contemplaron 104 mil 667 casillas, en cada una se esperaba recibir un máximo de mil 500 electores.

Sin embargo, el INE prevé que la revocación de mandato pueda costar el doble, ya que no hay material para reutilizar en una elección inmediata, y tampoco hay funcionarios capacitados, como fue el caso de la consulta popular que se realizó con un mes de diferencia de las elecciones pasadas.

En consecuencia, el instituto deberá acatar la resolución de la SCJN, que determinó que ni la Cámara de Diputados ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están obligadas a entregar recursos extraordinarios.

Además de los cinco mil millones de pesos del paquete presupuestal del INE, se agregaron cinco mil 800 millones de pesos, los cuales, serán repartidos entre los partidos políticos, así como 10 mil millones de pesos de gasto extraordinario.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato que podría comenzar con Andrés Manuel López Obrador en el año 2022.

El proyecto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Mónica Fernández Balboa. Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos presidida por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con siete votos a favor, tres en contra y una abstención.

Como parte del documento, se aprobó que sea el INE quien se responsabilice de la organización y el desarrollo de la revocación, incluida la promoción al voto y garantizar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.

Además, dar inicio al proceso únicamente procederá si los ciudadanos lo piden en un número equivalente al del 3% de los inscritos en la lista nominal, y en por lo menos 17 estados que a su vez representen el 3% de sus electores.

En este contexto, también se sugirió que el proyecto se podrá solicitar por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal.

Quizás una de las partes más relevantes es la que dicta que se prohíbe la utilización de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano para el proceso de revocación de mandato.

Además, ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado podrá obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo.

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