El diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual agravado en contra de menores, se entregará a las autoridades este 19 de agosto.
Según datos consignados por el periodista Ciro Gómez Leyva, la defensa acordó que el acusado sea acompañado por agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, dependencia que lo ha buscado en la última semana para cumplimentar dos órdenes de arresto en su contra.
“El diputado sin fuero Saúl Huerta se entregará mañana voluntariamente ante el juez que giró la orden de aprehensión. Por un acuerdo de sus abogados con la @FiscaliaCDMX, Saúl Huerta irá custodiado por agentes de la Fiscalía. Así nos informaron los abogados de Huerta”, publicó en Twitter Gómez Leyva.
Entre la mañana y medio día de este miércoles 18 de agosto, los defensores del legislador acudieron ante la dependencia ministerial sin su cliente. Así fue que negociaron los términos de la entrega voluntaria.
Y es que en la jornada del martes reciente, fue reportado que Benjamín Saúl Huerta Corona no se presentó a comparecencia judicial. Pero su abogado, Rafael Inti Castillo, negó que se les haya notificado sobre alguna audiencia.
Al ser consultada por Infobae México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se limitó a responder que el diputado federal, abanderado por Morena, tiene orden de aprehensión desde hace varios días. La institución no precisó mayores detalles sobre el acuerdo de entrega voluntaria.
Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, Saúl Huerta apareció en entrevista televisiva, donde informó que continuaba en México y no tenía intenciones de abandonar el país, por lo que tildó de ilegal la liberación de órdenes de aprehensión desde la FGJCDMX en su contra.
Desde entonces aseguró que acudiría por su propio pie, pero dijo que cuando el juez de control determinará su audiencia inicial. El legislador por Puebla es acusado por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad.
“Un inocente no huye. Entonces sé que me vincularán a proceso, que me llevarán a prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final, saldré avante, saldré adelante por una sencilla razón: soy inocente”, reiteró ante Ciro Gómez Leyva.
Luego de aparecer en el noticiario televisivo, agentes ministeriales acudieron al menos a tres domicilios, uno de ellos en Puebla y otro más en la Ciudad de México, en búsqueda del supuesto violador. Pero no dieron con él.
Policías de Investigación (PDI) registraron un departamento de la calle Palenque 4, colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, donde se tenía información sobre el posible paradero del ex militante morenista. Ese lugar es la residencia de uno de los abogados, quien acusó a los oficiales de irrumpir de forma violenta, rompiendo puertas.
“Si bien es cierto que el mandato judicial autoriza al personal ejecutante de la orden de cateo, al rompimiento de chapas, candados, cerraduras y puertas para lograr el acceso al lugar, la FGJCDMX absorberá los gastos por los posibles daños que hayan resultado en el cumplimiento legal de esta diligencia”, indicó la dependencia encabezada por Ernestina Godoy.
Según el testimonio de uno de los presuntos agraviados, el legislador tiene un modus operandi en el que detecta las necesidades de sus posibles víctimas y las explota a su favor. Esto porque en la narración que ofreció, aseguró que el diputado le había ofrecido un puesto de trabajo en su equipo y porque le prometió que le ayudaría a costear sus estudios universitarios.
Posteriormente, el día de la agresión, especificó que Saúl Huerta le dio una bebida, misma que lo hizo sentirse mal y, aprovechando esa situación, fue trasladado a un hotel en la Zona Rosa donde lo violó.
La defensa de Huerta Corona ha manifestado su acuerdo con procesos de trámite judicial, como la vinculación a proceso y el inicio de investigaciones complementarias. Eso es lo que se espera para el legislador este jueves 19 de agosto, cuando el juez defina su situación jurídica y quede en prisión preventiva oficiosa al enfrentar delitos considerados de gravedad.
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