Huelga de hambre: familiares de presos en el Edomex exigen acelerar su liberación

Desde hace un mes, el colectivo “Haz Valer mi Libertad” ha encabezado diferentes acciones para demandar que familiares presos se beneficien de la Ley de Amnistía

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(Captura de Pantalla/Facebook@HazValerMiLibertad)
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Con el objetivo de que sean beneficiarios de la Ley de Amnistía, familiares de presos que cumplen sentencia en cárceles del Estado de México, presuntamente por delitos que no cometieron, se mantienen en huelga de hambre desde el pasado jueves 12 de agosto.

Desde hace un mes, el colectivo “Haz Valer mi Libertad” ha encabezado diferentes acciones para demandar que, pese a cumplir con los requisitos de la normatividad, no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Sobre los casos de estas familias en pie de lucha, el diputado Max Correa señaló en entrevista con los medios de comunicación que se mantiene en coordinación con el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar, con la finalidad de que se resuelvan los asuntos.

Correa dijo que en la actualidad cuentan con 500 solicitudes registradas en la plataforma digital que se puso en funcionamiento hace unas semanas, pero no quiso comentar cuántas tendrán respuesta positiva, pues trabajan en conjunto con el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos.

QUÉ ES LA LEY DE AMINISTÍA

En entrevista con Infobae México, la diputada Mariana Uribe Bernal explica que en México el sistema de justicia penal vigente no ha dejado de generar una cantidad bastante considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando las violaciones al derecho al debido proceso y los derechos a la libertad y la integridad.

“En la gran mayoría de los casos estas víctimas son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y particularmente en una situación de pobreza”, declaró Uribe Bernal.

El alma concreta de este texto legislativo es otorgar un beneficio a todas aquellas personas que no pudieron tener una buena defensa porque no contaban con dinero, porque no tenían ningún familiar en el gobierno y porque desgraciadamente fueron aquellas personas que por diferentes circunstancias fueron elegidos por elementos de la policía para culparlos de un delito que jamás cometieron.

(Captura de Pantalla/Facebook/HazValerMiLibertad)
(Captura de Pantalla/Facebook/HazValerMiLibertad)

Uribe Bernal también resaltó que con esta Ley de Amnistía se beneficiarán a todas aquellas mujeres que fueron privadas de su libertad por decidir sobre sus cuerpos, es decir, por realizar un aborto.

Los que hayan sido acusados de robo sin violencia y el monto de lo hurtado no exceda 400 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a cerca de 35 mil pesos, alcanzarán este beneficio, siempre que se haya reparado el daño. Los acusados de robo con violencia sólo serán liberados si no infligieron lesiones a las víctimas, no usaron armas de fuego y el monto de lo robado fue menor a 90 UMA (alrededor de 8 mil pesos).

De acuerdo con el documento consultado por Infobae México, se tendrá una comisión legislativa especial que dará seguimiento a lo ordenado en dicha ley, y atenderá los casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por medio de organismos defensores de derechos humanos pero que encuadren en supuestos de violaciones a derechos o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o por la plena presunción de fabricación de delitos.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El pasado 17 de diciembre el Congreso mexiquense aprobó, con 60 votos a favor y sólo 7 en contra de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la Ley de Amnistía para el Estado de México.

Se estima que en la actualidad, específicamente en el Estado de México existen alrededor de 19 mil 500 personas que están presas injustamente y que pueden ser beneficiarias de la Ley de Amnistía.

Los familiares insisten que en los últimos años ha quedado evidenciado el abuso del sistema judicial, la fabricación de pruebas por parte del ministerio público y las faltas al debido proceso.

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