“México está cansado de que las armas estadounidenses llenen sus calles de sangre”: The Washington Post

“México está cansado de que las armas estadounidenses ensangrenten nuestras calles. Por eso estamos demandando a los fabricantes”, es el nombre del artículo de opinión, publicado en el Washington Post, en el que el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, encargado de la histórica demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, insistió en que el daño que han hecho estas armas a México es “incalculable” más allá de la compensación económica que se pida en la corte.

El diplomático comienza su texto señalando que cada año, “alrededor de medio millón de armas, muchas de ellas rifles de asalto semiautomáticos, se trafican ilegalmente de Estados Unidos a México”. Y continua recalcando que solo en el año 2019, “esas armas se utilizaron para asesinar a 17.000 personas en nuestro país, es decir, 46 funerales todos los días durante un año, una tragedia insoportable para muchas familias desconsoladas”.

Esa es la razón, argumenta, por la que el gobierno mexicano presentó una demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos. “Tenemos la obligación moral de utilizar todos los medios legítimos para proteger la vida de nuestros ciudadanos”, indicó.

Asimismo, detalló que México cuenta desde hace años con más de 17 estrategias específicas para enfrentar el tráfico ilícito de armas de fuego hacia nuestro país, programa amplios y ambiciosos que van desde asignar la administración de todas las aduanas al Ejército y la Marina, hasta impulsar importantes iniciativas en foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.

Destaca además que se ha trabajado de manera conjunta y estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, “con quien compartimos la prioridad de prevenir la afluencia de armas que genera violencia en México y Centroamérica que también genera un boomerang con oleadas migratorias y drogas ilícitas, drogas que destruir y acabar con la vida de innumerables ciudadanos estadounidenses”.

Sin embargo, lamenta, todos esos esfuerzos binacionales no han sido suficientes para detener la avalancha de armas de guerra hacia México.

Y entonces ahí apunta: “Esta mortífera inundación debe detenerse en su origen”. Y enfatiza que la política de los fabricantes de armas es vender su producto a cualquier comerciante que tenga una licencia federal de EEUU, sin imortar que tengan un historial de ventas a “compradores falsos” u otros que podrían suministrar a las redes de tráfico de armas, “no importa que el cliente esté comprando armas de asalto AK-47 y AR-15 al por mayor; no importa que el comerciante venda en exhibiciones de armas donde no se requieren verificaciones de antecedentes”, alerta.

Advierte también que los mismos fabricantes cuentas con información de ventas en tiempo real que fácilmente destacan focos rojos en el tema, aunque por lo que ahora se ve lo ignoran. “Esto es irrazonable; como mínimo, es negligente”, reprocha el funcionario.

“México seguirá haciendo todo lo posible para detener este tráfico letal”, asegura, insistiendo en que el eslabón perdido en esos esfuerzos han sido los fabricantes, las personas con la mejor y más oportuna información y conocimiento. “El objetivo de la demanda de México es hacer que los fabricantes incurran en los costos de no distribuir sus productos de manera segura y responsable. Hacer que lo hagan cambiará sus incentivos financieros, alentándolos a convertirse en luchadores contra el tráfico de armas en lugar de aprovecharse de él”, sostiene.

Lo que sí subraya también es que México tiene un respeto absoluto por la soberanía y las leyes de Estados Unidos, razón por la que esta demanda se presentó en ese país.

“Respetamos los derechos de la Segunda Enmienda del pueblo estadounidense. Nuestros esfuerzos no están dirigidos a ellos sino a los grupos del crimen organizado en México. Algunos podrían argumentar que las armas en sí mismas no son maliciosas y que el mal proviene de la persona que las usa indebidamente. Los martillos no son malos en sí mismos. Pero todos condenaríamos con razón una ferretería que continuaba vendiendo martillos de alta resistencia a clientes con un historial conocido de uso de ellos para matar y crear caos”, indica Celorio en el texto.

Y concluye: “El gobierno mexicano solo hace una solicitud razonable: tener cuidado de no vender a los traficantes de armas”.

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