Agentes de la Guardia Nacional abatieron a dos presuntos sicarios tras un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas.
De acuerdo con reportes locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas en la colonia Villa Florida sector B, cuando los efectivos de la corporación federal realizaban labores de patrullaje y vigilancia.
Al circular sobre las calles Lirios y Jacarandas Norte, los uniformados se percataron de civiles armados a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe blanca, quienes asomaban sus fusiles.
Los elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a los sujetos, pero estos abrieron fuego enseguida. De ahí que fue repelido el ataque y dos agresores fueron abatidos, mientras que uno más resultó herido.
Luego de una revisión preventiva se decomisaron las armas de grueso calibre de uso reservado al Ejército, Marina y Fuerza Aérea. En tanto, la camioneta también fue asegurada y se conoció que contaba con reporte de robo en Reynosa.
La persona lesionada por los impactos fue trasladada al hospital general del municipio bajo custodia policial. Al sitio acudieron agentes ministeriales para el levantamiento de indicios y traslado de los cadáveres al servicio forense de la zona.
Consultada por este medio, la dependencia federal no proporcionó mayores detalles sobre lo ocurrido en la ciudad fronteriza. Habitantes de la región han reclamado por la aparente inacción de fuerzas federales, quienes tendrían órdenes de no enfrentar a los criminales. Pero en los últimos meses, esa situación se habría revertido.
Según datos obtenidos vía transparencia por el Centro Prodh, hasta el 29 de abril de 2021 y desde el 1 de agosto de 2019, 14 agentes de la Guardia Nacional han sido privados de la vida en el ejercicio de sus funciones. En contraparte, la dependencia ha abatido/privado de la vida a 94 personas, de las cuales reconoce a cinco civiles como posibles daños colaterales y 89 agresores.
“Las personas a quienes la Guardia Nacional identifica como ‘agresores’ también detentan derechos. En principio, si cometieron una conducta delictiva flagrante, deberían ser detenidos y presentados ante una autoridad ministerial, por lo que es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, publicó la organización en un informe de julio pasado.
Tamaulipas es una entidad azotada por la narcoguerra, donde remanentes del Cártel del Golfo y los Zetas se disputan el territorio.
También es el estado más letal para agentes del Ejército en los últimos tres sexenios, pues ahí fueron atacados 106 uniformados con arma de fuego de los 142 agentes muertos en total. De ellos, 77 corresponden al gobierno de Felipe Calderón; 54 con Enrique Peña Nieto y 10 con Andrés Manuel López Obrador.
La entidad tamaulipeca ha sido bastión de cárteles de la droga porque colinda en su frontera norte con Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes.
En sus antecedentes, los actuales grupos delictivos formaron parte de la misma facción, pero al paso de los años tuvieron diferencias y traiciones que los llevaron a la fragmentación.
Si bien, ambos mantienen dominios en ciertos municipios, ninguno de ellos es tan poderoso para imponerse al otro. Así se mantienen en batallas regionales, constantes y aguerridas, donde se juega la supervivencia del bando delincuencial en cada enfrentamiento.
La Guardia Nacional fue aprobada en marzo de 2019 y arrancó operaciones formales el 30 de junio de ese año.
El pasado 15 de junio, el presidente López Obrador informó que buscará una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque con ello se garantizaría, aseguró el mandatario, que el nuevo cuerpo de seguridad no se vea infiltrada por la corrupción.
Más de un mes después, el 25 de julio, AMLO informó que se destinará un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para fortalecer a la institución rumbo a 2023.
En la práctica, el presidente solo formalizaría la militarización de seguridad pública, pese a que prometió que los castrenses volverían a sus cuarteles en su gobierno. Sin embargo, el control operativo en la Sedena ya operaba desde octubre de 2020.
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