La Comisión de Marina del Senado aprobó este 11 de agosto la nueva Ley Orgánica de la Armada de México que plantea que los elementos de esta corporación puedan ser juzgados por traición a la patria si son culpables de estar coludidos con el crimen organizado.
Este nuevo ordenamiento también busca que los elementos de las Fuerzas Armadas reciban castigos más severos si se les haya partícipes de actos de corrupción, y en ese caso, facilitar su baja de las corporaciones castrenses por faltas graves.
“Creo que es importante tomar acciones serias, contundentes, y especificarlo en esta nueva ley”, sostuvo Eruviel Ávila, quien preside esta comisión de la Cámara alta.
Las imputaciones contra los elementos de la Marina podrán hacerse en tribunales militares o civiles, detallaron los senadores involucrados en la reforma.
El ordenamiento fue turnado al pleno de la Cámara de Senadores para que su análisis y votación en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.
En la reunión también estuvo presente el vicealmirante Benito Galeana, subjefe del Estado Mayor de la Armada de México, quien afirmó que la actual Ley Orgánica de la Marina no sanciona rigurosamente los actos de corrupción en la institución.
Criticó que la falta de contundencia en las sanciones ha motivado que al interior de la Marina se cometan delitos de cualquier índole.
“Es por ello que se retoma la posibilidad de que los organismos disciplinarios, mediante un procedimiento justo, puedan determinar la baja del personal, no sólo de la milicia auxiliar, sino de la milicia permanente”
Durante la sesión a distancia, Galeana Abarca dijo que esperaban contar con este marco jurídico, ya que también contempla el uso de los recursos navales en apoyo a la Secretaría de Marina (Semar) para la seguridad y protección en el comercio marítimo.
El pasado 14 julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa que establece nuevas atribuciones de la Armada de México, como apoyar a la Semar en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional, en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, así como en las acciones para el control de tráfico marítimo en las vías generales de comunicación por agua.
El proyecto retoma algunas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México vigente, pero le hace modificaciones para “regular las tareas que ejecuta” y brindar “mayor certeza jurídica a la institución y al personal, tanto en su organización como en su actuar”, como institución militar nacional.
Por ejemplo, mantiene sus atribuciones “en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, y cualquier otro ilícito, en los términos de la legislación aplicable”, y se añade que lo anterior lo tendrá que realizar “en estricto respeto y protección a los derechos humanos”.
La reforma establece que la Armada de México tendrá funciones de guardia costera para “mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima, a través de acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y otras acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables, en coordinación con otras autoridades”.
“Cuando en ejercicio de estas funciones se presente la posible comisión de un hecho que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo”, dice la iniciativa.
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