José Gerardo Ríos Ibarra, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue presuntamente secuestrado este lunes por la tarde. Horas después de los hechos, los mismos miembros del partido denunciaron la desaparición de su líder.
De acuerdo con medios locales, el político fue privado de la libertad cuando viajaba por la Carretera Internacional México 15 a bordo de un auto Spark de color rojo, modelo 2018, de la marca Chevrolet. Ríos Ibarra se encontraba a la altura del municipio de Guasave y fue presuntamente interceptado por hombres armados.
Fue alrededor de las 16:20 horas que los miembros del Partido Verde denunciaron la privación de la libertad del hombre. En esta describieron que Ríos Ibarra partió de su casa en Culiacán el lunes a las 09:00 horas con dirección a Guasave.
Tras la denuncia, las autoridades hallaron el vehículo descrito abandonado en el entronque a la comunidad de Gayparime. Los peritos llegaron al lugar y confirmaron que se trataba del vehículo en cuestión. No obstante, se les dificultó recabar información, debido a la lluvia que se presentó a la hora del hallazgo.
Por otra parte la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda para tratar de encontrar al político. Por lo pronto aún se desconoce su paradero.
Oleada de violencia en elecciones
El pasado proceso electoral en México dejó 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos a distintos cargos, informó la consultoría Etellekt.
De acuerdo con el “Séptimo informe de violencia política en México” elaborado por la consultoría, del 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios.
La violencia se extendió a los 32 estados del país y abarcó 576 municipios (29 ciudades capitales incluidas), lo que representa un aumento de 38% respecto al proceso electoral 2017-2018.
La consultoría destacó que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y aspirantes opositores a los gobiernos de los estados en el 75% de los casos.
Etellekt destacó que a pesar de que el gobierno federal implementó una estrategia de protección para los candidatos “no fue diferente a la que ya se había presentado en procesos electorales previos. La estrategia federal se orientó a brindar protección a las personas candidatas a diputaciones federales y a gobernadores, sin realizar un trabajo de evaluación de riesgos que permitiera adoptar medidas preventivas”, señaló.
También resaltó el hecho de que las autoridades estatales, responsables de brindar protección a los candidatos y candidatas a cargos de elección municipales, actuaron de manera reactiva “y fueron incapaces de prevenir ataques que costaron más vidas humanas”.
Respecto a la protección brindada por el gobierno federal, destacó que “no fue afortunada la manera en que el Ejecutivo federal optó por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales al señalar supuestos avances en las investigaciones que solo corresponde a las Fiscalías de los estados desarrollar e informar”.
Pero además -detalló Etellekt- el Ejecutivo federal advirtió en diversas ocasiones que se trataba de delitos perpetrados por el crimen organizado, prejuzgando sobre la naturaleza de los delitos y adjudicando la responsabilidad a presuntos grupos del crimen que no han sido plenamente identificados; “peor aún, criminalizando a las víctimas”.
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