INAI pidió a la FGR informar sobre causas penales por el delito de enriquecimiento ilícito

La institución encargada de investigar delitos de orden federal deberá dar a conocer el nombre de la persona servidora pública sentenciada, el cargo público que asumió y otros datos de causas iniciadas 1 de enero de 2012 hasta el 1 de marzo de 2021

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De acuerdo con el INAI,
De acuerdo con el INAI, de 2019 a 2021, de las 106 denuncias realizadas por hechos que pudiesen afectar los intereses de la federación, más del 39% están relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito (Foto: Pixabay)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar las causas penales por el delito de enriquecimiento ilícito que fueron iniciadas en México desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de marzo de 2021, informó la dependencia a través de un comunicado.

Asimismo, ordenó a la institución encargada de investigar los delitos de orden federal, indicar cuántas causas penales se iniciaron por año, entidad federativa, número de causa penal, nombre del juzgado o tribunal y estado donde se ubica, sentido de la sentencia y en qué consistió. Además, también deberá dar a conocer el nombre de la persona servidora pública sentenciada, institución a la que pertenecía y el cargo que asumió.

El INAI resolvió el recurso de revisión interpuesto por un ciudadano tras la respuesta negativa que la FGR le entregó de manera inicial bajo el argumento de que la información solicitada no fue localizada. En este sentido, se concluyó que no se contempló la totalidad del año solicitado sin haber explicado las razones de dicha omisión y además, tampoco se otorgó el dato consistente sobre el número de la causa penal de aquellos registros sobre los que posteriormente se brindó la información.

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El INAI ordenó a la FGR transparentar las cifras por enriquecimiento ilícito (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

De esta forma, se concluyó que no se contempló la totalidad del año solicitado sin haber explicado las razones de dicha omisión y además, tampoco se otorgó el dato consistente sobre el número de la causa penal de aquellos registros sobre los que se brindó la información. Cabe destacar que el INAI señaló que no es posible validar la inexistencia de información, ya que desde un inicio la solicitud no fue turnada a todas las unidades competentes y que se omitió consultar a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, la cual cuenta con información sobre investigaciones relacionadas con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Ante esto, el organismo garante del acceso a la información pública revocó la respuesta de la FGR y le ordenó entregar los datos solicitados, la cual deberá incluir las características citadas previamente, incluyendo el número de causa penal y el nombre de la persona servidora pública sentenciada.

El caso fue presentado en el Pleno del INAI por Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta de la dependencia. La funcionaria señaló que “en la medida en que la información solicitada sea entregada, el derecho de acceso a la información funcionará como una herramienta para lograr un escrutinio social crítico y democrático sobre la actividad del sujeto obligado en la persecución del delito de enriquecimiento ilícito”

El caso fue dado a
El caso fue dado a conocer por Blanca Lilia Ibarra durante el pleno del INAI (Foto: Cuartoscuro)

Durante la exposición de los hechos, Ibarra Cadena apuntó que, de acuerdo con el segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre septiembre del 2019 y junio del 2020, se presentaron 106 denuncias por hechos probablemente constitutivos que pudiesen afectar los intereses de la federación, de las cuales un 39.6% estuvieron relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito

Con el fin de cumplir con la resolución del INAI, la FGR deberá realizar una búsqueda de toda la información solicitada de los años 2012 a 2021 en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y también en la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

“Para prevenir, identificar y, en su caso, sancionar este delito, así como los actos de corrupción en los que pudieran incurrir las y los servidores públicos, es fundamental garantizar la máxima publicidad de la información, pues ello nos permitirá dimensionar el problema, conocer los avances, detectar o advertir irregularidades y encontrar nuevos enfoques para diseñar políticas públicas más eficientes” enfatizó Ibarra.

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