Con una votación de 24 a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen que solicitaba la creación de un periodo extraordinario para concluir el proceso de desafuero de Saúl huerta, diputado acusado de violación; Mauricio Toledo, diputado acusado de enriquecimiento ilícito; y Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este lunes 9 de agosto, las y los legisladores federales sesionaron con la finalidad de establecer la importancia de crear un periodo adicional al ordinario en esta legislatura para dar por cerrado tres procesos que han mantenido en vilo a gran parte del poder legislativo.
Con un tema controversial que podría terminar en el proceso y encarcelamiento de un posible pederasta, un probable corrupto y un funcionario presuntamente coludido con la delincuencia organizada, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) votaron en el mismo sentido.
Aunado a esto, el Partido Encuentro Social (PES), aliado de Morena en el Congreso asentó con sus votos que el tema de los desafueros no debe de perder más tiempo en la política mexicana.
De una manera contraria a las demás votaciones legislativas, el Partido del Trabajo (PT) contravino a la votación del partido del presidente, lo cual se podría entender porque Manuel Toledo, quien acaba de ganar una diputación federal en Puebla, milita en este partido. Sin embargo, Manuel Huerta, compañero partidario de Toledo, no mencionó esto, sino que condenó el proceso que se lleva a cabo y aseguró que se trata de una “simulación”.
“No votaremos a favor de la solicitud de un periodo extraordinario. No respaldaremos la ilegalidad. En un Estado democrático debe de prevalecer el Estado de derecho”, dijo al puntualizar que, de acuerdo con él, el proceso no ha procedido conforme a la ley.
Los casos de desafueros
Uriel Carmona Gándara, titular de la FGE de Morelos, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En marzo de este año se informó que las indagatorias comenzaron debido a una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fue la dependencia encargada de radicar el caso bajo el número de carpeta FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000032/2021.
Asimismo, el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de Morelos otorgó información sobre los bienes inmuebles de Carmona Gándara, de María Luisa Sánchez Osorio (su esposa), y la contadora Araceli García Mejía, al agente del Ministerio Público Federal (MPF).
Por su cuenta, Benjamín Saúl Huerta Corona está acusado de abuso sexual y violación contra cuatro menores de edad, señalamientos que lo llevaron a ser destituido de Morena; sin embargo, como no perdió su curul, continúa teniendo fuero como diputado federal.
De acuerdo con el testimonio de una de las presuntas víctimas, el legislador le ofreció un puesto de trabajo en su equipo y porque le prometió que le ayudaría a costear sus estudios universitarios. Además, declaró que el día de los hechos, el diputado le dio una bebida que le hizo sentirse mal, y aprovechando esa situación lo llevó a un hotel en la Zona Rosa donde lo violó.
Finalmente, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), a cargo de Ernestina Godoy, por su supuesta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, esto porque el ex delegado de Coyoacán tiene ingresos que no están justificados de acuerdo a sus percepciones.
La Fiscalía capitalina advierte que el legislador por el PT compró en 2019 dos departamentos en “distinguidos conjuntos habitacionales” el mismo día y a la misma persona, lo que corresponde a un incremento patrimonial cuestionable.
Además, se menciona que en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos en la alcaldía Tlalpan, entre la Fiscalía y la defensa, existe una discrepancia superior a los 10.5 millones de pesos.
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