Luego de que el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a las acusaciones y rechazaron que sean parte de un negocio negligente.
La demanda fue presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, y no es contra el gobierno estadounidense, por lo que no debe ser considerada como un litigio diplomático, insistieron funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.
“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.
Agregó que los cárteles usan armas llevadas ilegalmente a México o robadas a sus fuerzas armadas y policías.
“En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”, arremetió Keane.
Con la acción promovida por México, se buscan al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, aseveró el representante de NSSF.
Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el derecho a poseer armas para defensa o uso recreativo en EEUU, sugirió que también podría haber demandas de México en contra del Departamento de Justicia del ex presidente Barack Obama y quien fungía como fiscal en esa administración, Eric Holder.
Y es que fue en estas gestiones que se autorizó “el mortal y nefasto” operativo rápido y furioso, con el que 2,500 armas fueron autorizadas con ingreso ilegal al territorio mexicano para rastrearlas, pero que al final terminaron en manos de cárteles.
La NSSF aseguró, con datos de 2008, que 12% de armas decomisadas en México fueron compradas en EEUU y de las 30 mil que se incautaron a delincuentes, solo 7,200 se enviaron a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para darles seguimiento. Sin embargo, de esa cantidad, nada más 3,480 se comprobó su origen estadounidense.
Acusó que se envían números de serie duplicados, lo cual representa una distorsión de estadísticas. Además, que cables del Departamento de Estado señalan que las armas más letales usadas por los cárteles en México provienen de arsenales en Centroamérica.
“Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150,000″.
Tan pronto como se fijó el posicionamiento de la NSSF, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reviró que era previsible un litigio en medios y no ante el juez.
“Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México”, acusó la SRE.
Alegó que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen de EEUU. Y aún cuando el gobierno norteamericano instó a las empresas a verificar que no vendieran armas a criminales en 2001, estas compañías se negaron.
La cancillería acusa que los imputados utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, así como prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas. Además, que diseñan estas armas para que sean fácilmente modificadas para disparar automáticamente y para que sean fácilmente transferibles en al mercado criminal.
“Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas”, reviró la dependencia mexicana.
Según la SRE, se busca que no haya anuncios de armas de alto poder para fines militares entre población civil; se sancione a distribuidores y vendedores que viola la ley de EEUU; exista cooperación con autoridades para seguir la ruta de cadena comercial con fusiles y pistolas usadas en delitos en México; y no dirijan publicidad a grupos delictivos.
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