¿La reforma de los trabajadores?

Debo reconocer que, hasta el día que se votó la prórroga para la entrada en vigor de las obligaciones en materia de subcontratación en México, nunca había atendido una sesión completa del Senado. Vaya que fue una experiencia muy reveladora en ambos sentidos, bueno y malo.

He tenido la fortuna de estar involucrado en el proceso de tener que registrar empresas para que obtengan su certificación para brindar servicios especializados en términos de la reciente reforma y el proceso no es tan sencillo como pudiera pensarse.

En primer lugar, se deben de revisar los objetos sociales de las empresas para acotarlos y reflejar únicamente la actividad que se realiza, ya que no podrás contratar servicios especializados que estén descritos en tu objeto social o que sean iguales a tu actividad preponderante, entonces, antes de aceptar una factura de un proveedor se tendrá que revisar que el objeto social de tu proveedor, así como el concepto de su factura no sea similar o igual al servicio que tu factures de acuerdo a tu objeto social.

Una vez que se defina el objeto social se deben de llevar a cabo las asambleas correspondientes para poder hacer los cambios en los estatutos de las empresas, todo esto a través, por supuesto, de notario y realizar los registros correspondientes, lo cual puede tomar varios días.

Ya con los cambios en los estatutos y cumpliendo con el proceso corporativo que eso conlleva tendrás que analizar si tu servicio pone o no personal a disposición de quien contrata. En caso de que se determine que si se pone personal a disposición, entonces se tendrá que enviar la documentación para obtener el registro en el REPSE, como empresa prestadora de servicios especializados, esperando que todas las dependencias tengan disponibilidad y capacidad para poder responder en el tiempo requerido.

De acuerdo a una publicación del día 7 de julio 2021 en el periódico El Universal, 8 mil empresas que habían iniciado el trámite, 3 mil lo habían concluido y solo 600 habían recibido autorización.

Cabe señalar que en caso de no obtener tu certificado de registro y la autoridad llegase a definir que tu empresa si debería de tener dicha certificación, no podrías facturar, de hacerlo, estarías cayendo en incumplimiento y en ese supuesto las consecuencias pudieran ser penales además de fiscales.

Adicionalmente, las empresas deben evaluar también si el proveedor está poniendo personal a su disposición, sin que el concepto poner a disposición esté definido de manera clara con lo cual se puede anticipar que la mayoría de las empresas no van a contratar a proveedores de servicios que no tengan dicha certificación ya que se pone en riesgo la deducibilidad de dichos gastos y el acreditamiento del IVA pudiendo ocasionar el cierre de varias empresas generando un problema de empleo, por lo menos en el empleo formal, que en teoría es lo que se está protegiendo.

Además, una ley con conceptos tan ambiguos pudiera prestarse para fomentar la corrupción que tanto se afirma se combate.

Sin embargo, tan absurdo e impactante como los mismos requerimientos y conceptos de la ley, es también la falta de conocimiento de la misma por parte de la mayoría de los diputados y senadores, así como la falta de empatía sobre el impacto en términos administrativos y de negocio para las empresas que la ley conlleva.

No está demás recordar que, de un tiempo para acá, en México, las empresas se han convertido en las primeras fiscalizadoras del SAT lo cual ha generado un mayor costo administrativo y esta ley con sus nuevas obligaciones no es la excepción ya que las empresas tendrán que documentar una serie de documentos, como el pago de obligaciones laborales de sus proveedores, entre otros varios.

Está bien buscar mayor justicia para los empleados y trabajadores de este país, pero no se debe de olvidar quiénes son lo que generan los empleos, está bien tratar de regularizar de mejor manera los abusos de ciertas empresas, pero no puedes llevarte a todas entre los pies.

Lo que se pedía, principalmente, era ampliar el plazo para poder cumplir con las obligaciones y de manera aplastante, como robots, se rechazó el siquiera poder discutirlo. Los senadores estaban más preocupados porque se reflejara de forma muy clara el sentido de su voto.

Entonces, una ley que en teoría busca proteger al trabajador y fomentar la formalidad pudiera generar, de inicio, un efecto completamente inverso y eso muy pocos políticos parece que son capaces de visualizarlo, de lo contrario significaría que lo último que les importa es precisamente el trabajador.

Ser testigo de cómo muchos legisladores solo van a levantar la mano para quedar bien con un partido político a costa del futuro de cientos de empresas y miles de empleos es lamentable.

Es urgente que la sociedad se involucre más en temas políticos, no se vale el “a mí la política no me importa, no me afecta”, “todos son iguales”. Cada decisión de los políticos tiene su impacto en vida de sus gobernados y claro que no todos los políticos son iguales.

Es necesario una sociedad más participativa, no solo basta con ir votar, hay que prepararse, estudiar, informarse y exigir, de lo contrario, los próximos años pudieran ser muy complicados para el país y sus ciudadanos.

*Carlos Díaz Negrete es profesor de contabilidad y finanzas de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.