Damián Alcázar a los que votarán en la consulta popular: “Nuestra credencial de elector será marcada de patriotismo”

El próximo domingo, 1 de agosto, se llevará a cabo la consulta popular, promovida por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, con la cual se decidirá si juzgar o no a los ex presidentes de México por supuestos casos de corrupción y violencia.

A menos de cinco días de la fecha, el exhorto a la ciudadanía para participar en el ejercicio ha incrementado tanto en redes sociales, como en publicidad física; la mayoría de ésta, emitida por militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o simpatizantes del mismo.

Tal es el caso de Damián Alcázar, actor y gran partidario de Andrés Manuel, quien, una vez más, hizo un llamado a formar parte de la consulta en donde, dijo, “la credencial de elector será marcada de patriotismo”.

“El próximo 1 de agosto nuestra credencial de elector será marcada de patriotismo. Quienes apoyan la transformación de México serán evidenciados, será un orgullo mostrar tu credencial en cualquier trámite. #JuicioAExPresidentes”, escribió.

El pasado 17 de junio, el Gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso AMLO. De ahí que se ha visto envuelta en diversas controversias y críticas por su promulgación.

Una de las más recientes tuvo que ver con la pregunta central que plantea desde el ejecutivo: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En ésta, uno de los principales problemas que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró es que ponía a votación de la mayoría si las “autoridades competentes”, como fiscalías de investigación y policías, debían o no cumplir con una obligación constitucional, que es garantizar y proteger los derechos humanos de las personas, entre ellos, el acceso a la justicia.

En otras palabras, el proyecto presentado por López Obrador enumera una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de antiguos representantes del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la obligación de las autoridades competentes es investigar estos hechos y hacer justicia, en cumplimiento del derecho de las víctimas para acceder a la justicia. Por lo tanto, lo que el cuestionamiento del mandatario estaba poniendo en duda era si las autoridades debían o no cumplir con su obligación de investigar y dar sentencia los delitos señalados para dar reparación a las personas ofendidas.

De igual manera, la consulta generó controversia por su costo, que en un principio se estimaba en mil 500 millones de pesos aunque, tras los ajustes, se proyectó en 890 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, el órgano electoral denunció que la Secretaría de Hacienda recortó 870 millones a su presupuesto, pese a que este mismo año debía organizar las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, y esta consulta.

Aún así, la SCJN resolvió que el INE debió prever en su solicitud de recursos para 2021, los correspondientes adicionales para la consulta, por lo que el Instituto reasignará recursos originalmente destinados a otras tareas para organizar la consulta popular.

Pese a que no se especificó de dónde se obtendrán los fondos, el órgano electoral acatará la decisión y hará uso del dinero que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2021.

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