La Fiscalía General de la República (FGR) todavía no llamará a comparecer al ex presidente, Enrique Peña Nieto, respecto a los presuntos sobornos que habría realizado a legisladores para aprobar la reforma energética.
Y es que la defensa del ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, único detenido tras la denuncia de Emilio Lozoya, había solicitado a la Fiscalía entrevistar a Peña Nieto, así como a otros políticos señalados en la acusación tales como Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda durante su sexenio; José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés.
No obstante, el órgano rechazó dicha petición al considerar improcedente que por el momento se brinden declaraciones relacionadas a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), según un documento del caso revelado por Milenio. A pesar de ello, la FGR no descartó que estos personajes sean llamados en un futuro a rendir cuentas.
El pasado 23 de julio se dieron a conocer los documentos que reforzarían las versiones de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre su relación económica con Peña Nieto y otros priistas que también fueron funcionarios públicos y que los involucrarían en presuntos desfalcos millonarios al erario.
En su propia declaración, Lozoya Austin exhibió los acuerdos que tuvo con el mandatario así como otros compañeros del mismo partido del PRI y que se llevaron a cabo en una dirección de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, la misma donde el ex presidente registró su dirección fiscal de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
El abogado Paulo Díez reveló que Enrique Peña Nieto usó la dirección de Montes Urales 425 para gestionar el registro de su marca y la de su entonces esposa Angélica Rivera, incluso antes de que llegara a la Presidencia en 2012. Ésta, es la misma dirección que proporcionó Lozoya a la FGR y señaló como el lugar de entrega y resguardo de sobornos.
De igual manera, este domicilio también es la que Luis Videgaray y Aurelio Nuño proporcionaron al IMPI; se trata de aquel en donde tienen las empresas de Grupo Mac Multimedia y el despacho de abogados de la familia Maccise Uribe.
En abril pasado, la FGR señaló ante un juez federal al expresidente Peña Nieto y a Videgaray, de haber participado en los supuestos sobornos a legisladores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, como la energética.
La imputación derivó de la denuncia que presentó en agosto del año pasado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción, pero al ser testigo colaborador de la Fiscalía, se encuentra en libertad.
Siempre de acuerdo con la denuncia, los fiscales de la FGR señalaron que Odebrecht habría pagado -entre 2013 y 2014- cerca de 120 millones de pesos en sobornos al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con contratos.
Con ese dinero, entregado al exdirector de Pemex, Enrique Peña y el ex secretario de hacienda habrían ordenado que se distribuyera entre diversos legisladores para aprobar las reformas estructurales promovidas por el priista.
Hasta el momento, el exsenador panista Lavalle Maury, es el primer imputado judicialmente y encarcelado por este hecho, pero de acuerdo con la FGR, continuarán las imputaciones contra más personas en las próximas semanas y meses.
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