A 15 años del asalto a Castaños: el día que militares desataron el horror

El 11 de julio de 2006 era el primer día de trabajo para Brissa en el bar “Las Playas”. Venía de Monterrey, donde se cansó de trabajar como cocinera en maquilas porque le pagaban muy poco y trabajaba mucho. Ya tenía días que unas amigas la habían invitado a trabajar como bailarina en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.

A su llegada se quedó en casa de una compañera de Monclova. Esa noche, su primera noche, un grupo de soldados irrumpió cuando estaban platicando entre amigas. “Llegaron estas personas, si se puede llamar personas a estos animales, con perdón de los animales”, dice Brisa con coraje.

Tenía 28 años y era madre soltera de dos hijos. Brissa pensaba que se trataba de un operativo. Algo que sabía sucedía en este tipo de lugares: revisar a clientes que no portaran armas o drogas. “Nunca pensamos que nos fueran a agredir, a insultar”, recuerda.

-¡Sálganse! –gritó un soldado.

-¡Encuérense! –ordenó otra voz como de trueno.

Brissa y sus amigas sabían que eso no era normal. No era posible que quien se supone debe velar por tu seguridad te golpee y agreda sexualmente. Un total de 14 mujeres, entre ellas Brissa, fueron agredidas y violentadas sexualmente.

A un lado, en el bar El Pérsico, las agresiones subieron de tono.

-Escuchaba los gritos de las chavas, escondiéndose en el monte.

Brissa creyó que moriría cuando sintió el cañón del rifle de un soldado apuntándole en la espalda. Recibió insultos y mentadas.

El grupo de mujeres se armó de valor para denunciar a los militares, la mayoría de ellos pertenecientes a la zona militar del 14 Regimiento de Caballería Motorizada con destacamento en Múzquiz, el cual había sido asignado para custodiar los paquetes electorales del proceso para designación de presidente de República y demás cargos.

-Había mucha rabia –recuerda Brissa.

Ella sabe que a otras chicas, sobre todo a las que trabajaban en “El Pérsico”, cerca de donde ella laboraba, les fue mucho peor. Algunas mujeres habían sido violadas. Pero su carácter las hizo denunciar. La impotencia les corroía. La indignación de haber sufrido un abuso de autoridad.

-Traían armas. Nunca vas a poder con un hombre. Fue un abuso duro y directo. Quisimos levantar un poco la voz –relata Brissa.

Las mujeres agredidas del bar “Las Playas” fueron tres. De “El Pérsico” 11. Brissa las conoció cuando iban a terapia.

Era el primer caso en el país en el que soldados enfrentaban la justicia en el fuero civil.

-Fue un sentimiento de satisfacción, no se quedó impune –menciona Brissa.

Ocho militares fueron detenidos y se logró sentencia condenatoria para cuatro de ellos: Omar Alejandro Rangel Fuentes, agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras y fue condenado a 41 años y cuatro meses en prisión. Juan José Gaytán Santiago fue condenado a 21 años de prisión. Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión. Ángel Antonio Hernández Niño, fue acusado de violación a una de las mujeres de Castaños y condenado por lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión.

Cuatro militares quedaron libres. Dos mujeres víctimas de tortura sexual retiraron la acusación.

Jaqueline Campbell, entonces encargada de la oficina de comunicación de la Diócesis de Saltillo y que junto al entonces obispo Raúl Vera acompañaron el caso, piensa que las dos muchachas se retractaron por presión de los militares.

-Ellas tenían contacto con los soldados, no era la primera vez que iban a echar una cervecita a los lugares.

El 24 de octubre de 2007, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que independiente de la sentencia dictada por el Juez II de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Monclova, por los delitos de violación y lesiones, el Consejo de Guerra encontró culpables y penalmente responsables del delito de abandono de servicio al subteniente de Caballería Norberto Carlos Francisco Vargas, al sargento Segundo de Caballería, Juan José Gaytán Santiago, a los cabos de Caballería Norberto González Estrada y Ángel Antonio Hernández Niño y a los soldados de caballería, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Fernando Adrián Madrid Guardiola. Al primero se le sentenció a 2 años de prisión y para los restantes, un año y 6 meses.

Vanguardia solicitó vía transparencia el estatus actual de los militares, sobre todo de los liberados, pero la Sedena resolvió que esta es información confidencial.

Primer caso, siguieron más

Para Brissa, lo sucedido en Castaños hace 15 años debió haber sido un ejemplo para muchas mujeres que a lo mejor no denuncian los abusos. Dice que en comunidades del sur, las mujeres, sobre todo indígenas, no tienen apoyo.

Sabe que el abuso hacia la mujer, niños y niñas nunca se acaba. Que la gente mala no se detiene, así se grite o patalee.

-Espero que haya servido de algo, creo que sí. A raíz de eso sí hubo casos que se dieron después.

Desde el caso de Castaños, hace 15 años, al menos 51 militares han sido procesados en el fuero común por algún delito sexual cometido en el país.

Vanguardia solicitó a las 32 procuradurías de justicia o fiscalías estatales, cuántos casos de militares habían sido procesados por delitos sexuales desde 2006. La mayoría de las entidades respondieron que no tenían datos porque no se pregunta la profesión del imputado. Algunos estados respondieron que la información era confidencial, se declararon no competentes y sugirieron enviar la solicitud a la Sedena o a los poderes judiciales.

Baja California, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, fueron los estados donde sus respectivas fiscalías informaron de procesos contra militares por delitos sexuales, principalmente violación (13 de 51). En muchos casos no se precisó el tipo de delito sexual.

La misma solicitud se le hizo a los 32 poderes judiciales del país, para conocer posibles sentencias a militares por delitos sexuales. En total sumaron 43 casos de militares juzgados por delitos sexuales desde 2006, algunos de ellos siguen en trámite.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco, son las entidades cuyos poderes judiciales informaron haber juzgado a militares por delitos sexuales, principalmente violación (22 de 43). Al menos en 10 casos sí se precisó que se obtuvo sentencia condenatoria.

Como las fiscalías, los poderes judiciales también dicen desconocer la profesión de los juzgados.

Desde 2014, ocho años después de lo sucedido en Castaños, se aprobó una reforma que acota el fuero militar y establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas serán procesados en tribunales civiles aun cuando estén en funciones.

Anteriormente los militares y marinos solo eran juzgados por jueces civiles cuando se encontraban fuera de sus actividades castrenses. De ahí la importancia de lo que significó llevar a un juicio civil a los militares que golpearon y violaron a mujeres en Castaños.

La reforma, que atendía las demandas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, modificó en esencia el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean delitos del orden común o federal los que cometan los elementos de las Fuerzas Armadas contra civiles.

María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señala que la reforma se reconoce como un triunfo de las víctimas, pero dice que la propia Corte dejó ver que no es una reforma completa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el artículo reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional, entre otros.

“Lo limita a que el pasivo sea un civil, y los delitos cometidos por militares en contra de militares siguen estando en el fuero militar y no al hecho que no tiene nada que ver con la disciplina militar. Hay también un vacío y una serie de interpretaciones cuando los elementos del ejército cometen diversos delitos como contra la salud, delincuencia organizada, que no están relacionados con la disciplina militar”, comenta la defensora de derechos humanos.

A la par de los casos llevados en el fuero común, se preguntó a la Sedena cuántas denuncias por delitos sexuales se reportaron en los tribunales castrenses en los últimos 15 años. La Sedena entregó datos desde 2012 a 2019. En ese tiempo, hay registro de 43 denuncias por acoso sexual, 102 por hostigamiento sexual, 39 por violación y 131 por abuso sexual.

Sin embargo, la Justicia Militar únicamente procesó en ese tiempo a 32 militares y solo hay registro de 20 sentencias. La Sedena no precisó si se trata de denuncias hechas por civiles y llevadas a los tribunales militares o precisamente de casos de delitos sexuales denunciados por propios militares.

María Luis Aguilar del Centro Prodh agrega que es una gran preocupación que en 2016 se presentaron reformas donde se deja abierta la posibilidad que existan dos expedientes paralelos: uno desde el fuero ordinario y otro desde la justicia militar.

Añade que otro de los vacíos pendientes y donde existen varios recursos de inconstitucionalidad, son reformas que se hicieron en 2016, donde los militares pueden ser los primeros respondientes en una escena de crimen. “Eso es un gran problema”, dice, pues quien procesa las escenas son los ministerios públicos.

“Hemos visto que sí hay la oportunidad de que los militares controlen las escenas, y eso ha generado alteraciones de las mismas”, comenta.

Jackie Campbell, periodista y defensora de derechos humanos, dice que las activistas en favor de las mujeres empezaron a notar que donde los militares tienen un campamento, ahí va a haber violaciones a mujeres y condiciones de violencia.

“Era muy importante que nosotros lo lleváramos a los tribunales civiles”, recuerda Campbell.

Añade que algunos de los militares se fugaron a Baja California y otros a Sinaloa, y los activistas del Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, exigieron al entonces procurador Jesús Torres Charles que los regresara.

Algunos fueron encarcelados, “pero luego Felipe Calderón los liberó”, asegura.

La mujer de uno de los militares sentenciados afirma que sólo su marido sigue en prisión.

Al final, dice Campbell, ni el gobierno de Calderón ni el de Humberto Moreira, ni el del entonces alcalde de Monclova, Pablo González, hicieron nada.

El gobierno se ablandó: Vera

Todo iba bien en el caso de Castaños, asegura Raúl Vera López, obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, hasta que entró el gobierno de Felipe Calderón.

El caso de los militares que habían sido llevados ante la justicia civil había sido inédito.

“A mí no se me olvida cuando aparece vestido de militar, se vio muy, muy, muy mal”, platica Raúl Vera desde el patio interior de su casa en el centro de Saltillo, sentado al sol en una silla acojinada.

El padre lleva un cubrebocas morado con esa leyenda que se ha vuelto insignia en defensa de las mujeres violentadas: “NI UNA MÁS”.

Un día después de la noche de la agresión, el obispo Vera se hallaba en las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, en Monclova, quería, dijo, saludar a las muchachas.

-Entré a saludarlas y en un momento dado se olvidaron del funcionario y empezaron a manifestar toda su indignación y todo lo que habían hecho con ellas, eso para mí fue oro molido, porque en las veces que tuve que hablar con la prensa traía yo la información de primera mano de todas las salvajadas que les habían hecho -recuerda.

Al cabo de algunas semanas, Vera López había ido a celebrar una misa a la iglesia de la Sagrada Familia, entre los límites de Castaños y Monclova, muy cerca de la zona de tolerancia.

La víspera, Hiradier Huerta Rodríguez, el juez del caso, había convocado a una rueda de prensa para dar el fallo en torno al ataque cometido por los soldados del regimiento de caballería.

“Y se me ocurrió, se me vino así espontáneamente, decir, ‘pues a ver si no nos sale otro rufián’”.

Raúl Vera ignoraba que en la misa se hallaba un familiar del juez Hiradier que le hizo saber a éste el calificativo que el prelado había utilizado para referirse a él.

Huerta Rodríguez se presentó entonces ante las autoridades del Vaticano en Roma y acusó al obispo de interferir en su trabajo, solicitando su destitución.

La acusación, no procedió.

-Yo dije, ‘primero, ¿quién le pagó el viaje a Roma y dos, ¿quién lo asesoró? No tenía conocimiento de nada, el juez no supo hacer las cosas.

Raúl Vera y Jaqueline Campbell habían acompañado a la mayoría de las mujeres afectadas en su proceso traumático y de revalorización de su persona.

-Atendimos a unas personas que todo el tiempo están borradas del mapa por la ocupación que tienen, no tienen derechos, no tienen quién pague un quinto por defenderlas.

El obispo, junto con sus colaboradores y agentes de pastoral de la Diócesis, tomaron parte en dos marchas para exigir justicia en favor de las trabajadoras que habían sido ultrajadas por los militares.

-Estuvimos ahí cuando las revictimizaron porque las hicieron participar en un simulacro de la violencia que vivieron. Nosotros estábamos ahí gritando, ‘manténganse, pero defiéndanse, aquí estamos nosotros’, las acompañamos.

Por esos días el obispo tuvo además acercamiento con los policías que trabajaban en los bares y fueron agredidos por los soldados.

Don Raúl habló con los empleados de los antros. Los entrevistados le confiaron cómo los militares, que habían llegado de uniforme, insignias y montados en vehículos oficiales, entraron y consumieron todas las bebidas posibles sin pagar un céntimo.

-Un descaro penoso para el ejército, una vergüenza, una página horrible para ellos y luego todavía un militar me dijo ‘bueno, señor obispo y por qué defiende a esas mujeres si para eso están ahí’, le dije ‘pues sí, pero es su trabajo, no están ahí para ser violadas.

-¿Tiene contacto con las mujeres?

-No, desgraciadamente les perdimos la pista…

En ese tiempo Vera López recibió una llamada telefónica de amenaza.

La lada correspondía a un estado del noroeste del país, Baja California, piensa Vera.

“Me dicen ‘oiga, se la está ganando eh, se está ganando la…’, algo así, era una amenaza, dije ‘ah, este es uno de los fugitivos’”.

No hicieron nada

Horas después de ocurrido el ataque, el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez, llamó a Jaqueline Campbell para avisarle que algo muy grave había pasado en Castaños.

“Me dice ‘tienes que estar ahí’, le creímos un poco”.

Campbell tenía ya varios años de experiencia como periodista y defensora de derechos humanos, además de su trabajo como activista en las cárceles.

De inmediato investigó y decidió, junto con el obispo Raúl Vera, ir a Castaños.

A su llegada a las oficinas de la delegación de la Subprocuraduría de Justicia, en Monclova, entraron en una especie de sala de juntas donde las chicas, sentadas alrededor de una mesa, hacían la crónica de aquella noche aciaga.

-Nos mostraban las piernas con los rasguños, algunas de ellas espinadas, con las heridas muy frescas.

Las mujeres habían huido de “El Pérsico” y “Las Playas” corriendo para resguardarse de los militares, por el monte hasta la carretera y ahí se trasladaron en taxis y en una ambulancia a sus casas en Monclova.

“No estaban organizadas, pero se convencieron de que tenían que narrar los hechos, decirlo”, cuenta Campbell en la sala de su casa pintada con los rostros de mujeres víctimas de feminicidio.

De entre aquellas pláticas la escena que a Campbell no se le olvida es la de los soldados poniendo a las muchachas contra la pared, apuntándoles, simulando un fusilamiento, y una de las mujeres orinándose del miedo.

Jaqueline y don Raúl visitaron los bares donde había sucedido el ataque de los militares y a donde las chicas, después de la agresión, habían regresado a trabajar.

Don Raúl y Campbell acompañaron a las mujeres a sus casas y conocieron a sus familias.

-Eran chicas, señoras, jovencitas, algunas con hijos, algunas con marido, alguna otra lesbiana, pero todas viviendo con sus familias, trabajando. Creo que estuve más con las bailarinas que se van con un cliente si acaso les da la gana, pero en realidad lo suyo era bailar, estar ahí acompañando a los clientes.

El caso de Castaños se volvería el primero en toda América Latina en que militares acusados de violación sexual, serían juzgados por el fuero civil.

El ejército allanó las oficinas de la Diócesis de Saltillo y la casa de Jaqueline Campbell quien se vio orillada a salir del país.

La administración de Humberto Moreira, como era costumbre cada que ocurría una tragedia en el estado, puso tutores –padrinos les llamaba- a las mujeres abusadas por los militares y el grupo se fue dividiendo.

Jaqueline Campbell dice que faltó acoger a las mujeres no solamente desde el estado sino también desde las organizaciones civiles.

-El caso Castaños no se borra eliminando un edificio, lo que sucedió fue algo muy, muy serio -sentencia.

“El Pérsico” ahora es solo ruinas.

Rendición de cuentas

Para María Luisa Aguilar del Centro Prodh, hace falta que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, vean los casos como lo que son: graves violaciones de derechos humanos y que eso genere que en realidad haya sanciones adecuadas no solo a las personas en los bajos rangos militares, sino también a quien está en las planeaciones de operativos.

Sobre todo, ahonda la especialista, en un país donde cada vez se profundizan los modelos militarizados, donde las fuerzas armadas tienen cada vez más poder y se les dan facultades para hacer actividades que no están en su competencia como la seguridad pública.

“En lugar de enviar un mensaje de que se van a generar límites y controles al actuar, el mensaje es que te vamos a dar más poder y no se generan controles civiles a las fuerzas armadas”, expone.

Así mismo, indica que pese a la reforma de 2014, sí han visto cómo los ministerios públicos dan un trato diferenciado cuando los perpetradores son elementos de las fuerzas armadas. “No hay ese mismo impulso de los ministerios públicos, de asegurarse que las fuerzas armadas entreguen toda la información”.

Comenta que pese a que hay seguimiento de los ministerios públicos, persisten los problemas para que las investigaciones sean más amplias y no solo se limiten a los elementos de menor rango, sino que exista una real rendición de cuentas de las fuerzas armadas como institución.

Levantarse

Brissa recuerda que después de la agresión, se sentía intimidada, paranoica. Así estuvo por más de un año, hasta que asimiló su tragedia gracias a la terapia que recibió.

Muchas personas las tacharon de prostitutas y defendían al Ejército. La gente le preguntaba qué le habían hecho, más por morbo que por otra cosa.

-La gente habla a lo tonto. Hubieran estado ahí para que se dieran cuenta de lo que en verdad pasó.

Brissa tiene ahora su negocio de comida casera. Trabaja en casa y en ocasiones también sale a la calle a hacer publicidad móvil mediante perifoneo. Tiene 43 años.

Brissa recuerda aquel 11 de julio de 2006 como si fuera ayer. Pero asegura que se supera. Platica que no se puede vivir cargando con ello, y que la mejor terapia es enfocarse en la familia y seguir adelante.

Después de lo sucedido trabajó en Altos Hornos de México donde conoció al padre de su tercer hijo. Ya es abuela. Su hija tiene 25 años, su otro hijo 23 y el más chico 13. Se separó del padre de su tercer hijo hace unos años. Asegura que nunca les habló a sus hijos con mentiras porque no tiene tapujos para relatar lo que sucedió. Ella es la víctima, no la culpable.

Menciona que de la agresión sufrida, aprendió a valorar la vida, a cuidarse y estar más cerca de su familia. A dar y recibir apoyo.

Su frase es: si se tropieza uno y se cae, hay que volverse a levantar. No hay de otra. “Hay que salir adelante, sí se puede”.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

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