La zona de narcoguerra entre el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) concentra el 34.8% de los asesinatos cometidos en el país durante la mitad de este 2021.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 30 municipios de 12 entidades federativas suman la tercera parte de los homicidios dolosos y representan áreas de atención prioritaria.
Para combatir la incidencia de este delito, la SSPC dividió al país en cinco regiones que abarcan 50 alcaldías con mayores casos de asesinatos. De ahí que están las demarcaciones del Noroeste, Occidente, Noreste, Centro y Sureste.
El Cártel de Sinaloa combate al CJNG precisamente en los estados del Noroeste y Occidente. Aunque estas organizaciones del crimen transnacional también tienen disputas en áreas del Sureste, la mayor parte de la guerra está en el Pacífico norte y sur de Estados Unidos, donde se concentran puertos y rutas de trasiego para el tráfico de drogas.
Para el área de Occidente hay una representación de 15.3% de homicidios dolosos en 17 municipios. Se trata de alcaldías ubicadas en Zacatecas, Nayarit, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato.
Mientras que del lado Noroeste hay 19.5% de asesinatos en 13 demarcaciones. Las entidades consideradas en esta zona son Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur.
Al menos la mitad de las 50 zonas de atención prioritaria por homicidios dolosos son territorio de la narcoguerra entre las dos organizaciones delictivas mejor armadas y con mayores ventas de narcóticos en Estados Unidos, así como presencia en diversas ciudades.
De ese modo destacan en el top ten Tijuana con 4,963 casos; Juárez, 3,402; Culiacán, 1,074; Cajeme, 1,014; Benito Juárez, 899; Chihuahua, 856; Ensenada, 770; Manzanillo, 657; Fresnillo, 575; y Hermosillo con 574.
Las facciones dirigidas por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y por Ismael Zambada García, el Mayo, han arreciado enfrentamientos en los límites de Jalisco y Zacatecas.
Pues las huestes del CJNG comenzaron un proceso de expansión en los últimos tres años en tanto que los del denominado Cártel del Pacífico no pretenden ceder dominio en estados donde han operado por décadas y consideran parte de su territorio natural. Por ejemplo, entidades del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico que conforman Chihuahua, Durango y Sinaloa.
A su vez, estos grupos criminales pelean por el acceso al puerto de Manzanillo, Colima, así como algunas costas jaliscienses como Puerto Vallarta e, incluso, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En la misma ruta del mar Pacífico está Nayarit.
Sin embargo, áreas como Acapulco, Guerrero, Huatulco, Oaxaca o Tapachula, Chiapas, no están exentas de la narcoguerra, pues esas playas también sirven para descargar la droga proveniente de Sudamérica.
Autoridades mexicanas y colombianas han detectado al menos siete rutas para el tráfico de drogas entre Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos.
Dos de ellas parten de Buenaventura y Tumaco, Colombia, hacia Costa Rica y El Salvador; mientras que la segunda ruta sale de Tumaco y arriba a El Salvador y Guatemala. La tercera ruta utilizada por el crimen organizado es Esmeraldas, Ecuador, con arribo a costas de Guatemala y Chiapas; mientras la cuarta zarpa de San Lorenzo, Ecuador, a costas de Oaxaca y Guerrero.
La quinta ruta parte del departamento de Puerto Rico, Ecuador, a costas de Michoacán y Guerrero. La sexta ruta tiene el mismo punto de partida, Puerto Rico, con arribo a Jalisco y Sinaloa. La última vía conecta a Ayampe, Ecuador, con las playas de Sinaloa.
De acuerdo con datos de la Administración del Control de Drogas (DEA), la mayor parte de narcóticos entra a Estados Unidos por la frontera suroeste de este país. Es la misma vía que coincide con el Pacífico y las ahora llamadas regiones de Occidente y Noroeste divididas por la SSPC.
En la primer área hay mayor dominio del CJNG mientras que en la segunda, el Cártel de Sinaloa ha consolidado su poderío. Estados como Baja California y Baja California Sur padecen de la narcoguerra desde los últimos dos años tras la irrupción del grupo criminal comandado por el Mencho. Aunque algunos informes destacan que en estas entidades también han existido pactos a través de intermediarios del Cártel de los Arellano Félix, pero esos acuerdos no son estables.
Mientras que entidades como Zacatecas, incluso Durango, Nayarit, Chihuahua y Sonora, fueron asediadas por el cártel de las cuatro letras desde hace poco más de un año. En algunas zonas el grupo criminal de Oseguera Cervantes ha establecido alianzas con el Cártel del Golfo o la Línea. Y es que la batalla por esos estados es crucial para acceder a la frontera sur de Estados Unidos, principal mercado de los cárteles.
Para contrarrestar el avance del CJNG, el Cártel de Sinaloa ha desplegado al Grupo Operativo Flechas y Operativo Mayo Zambada y/u Operativo MZ. En tanto, las fuerzas del Mencho se han auxiliado de cabecillas como Audias Flores Silva y/o Gabriel Raigosa Plascencia, el Jardinero, así como a su llamado Grupo Élite.
Otro factor que incrementó la violencia en el desierto de Sonora e incluso en Mexicali o Tijuana, Baja California, ha sido la batalla interna del Cártel de Sinaloa. Pues los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quieren consolidar su imperio heredado a costa de enfrentarse al Mayo Zambada, máximo cabecilla de la organización, o capos que volvieron al negocio como Rafael Caro Quintero, el Narco de narcos.
Alrededor de septiembre de 2020, la guerra fue más visible entre el Cártel Caborca de Caro Quintero y las fuerzas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, así como de sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.
Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por disminuir los índices de la narcoguerra entre las dos facciones más poderosas del país.
Para ello proyecta dos objetivos. Por un lado: prevenir las actividades delictivas y atender las causas del aumento de incidencia en zonas focalizadas a través de programas de bienestar, atención a las adicciones, servicios y recuperación de espacios públicos. Esta estrategia es definida como una suma de prevención, programas y atención.
El segundo objetivo plantea desarrollar acciones conjuntas que permitan mejorar los resultados de las investigaciones de casos relevantes en materia de delincuencia organizada y generar sinergias entre los actores involucrados para la correcta judicialización y la construcción de paz social. O la suma de inteligencia, investigación, persecución criminal y judicialización.
Sin embargo, en dos años y medio de gestión las pugnas solo han aumentado, al igual que las víctimas. Aunado a que la administración lopezobradorista ha renunciado a la confrontación directa contra grupos criminales.
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