Reportan la desaparición de nueve indígenas yaquis tras la intervención del Ejército en una de sus comunidades en Sonora

La Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora ha alertado sobre la desaparición de por lo menos nueve integrantes de la etnia yaqui, casos reportados en menos de una semana. Todos los desaparecidos, de entre 27 y 65 años, fueron vistos por última vez el pasado 14 de julio, en la comunidad Loma de Bácum. Esto ocurre después de que hace unos días el Ejército Mexicano irrumpió en la zona para decomisar droga.

Las fichas de búsqueda de dichos hombres señala que estos se encontraban en la comunidad mencionada, aunque, en la mayoría de los casos, el último paradero en el que se les vio fue en los trayectos carreteros Rancho Agua Caliente-Loma de Bácum y en el camino a la comunidad El Coyote.

Autoridades de los Pueblos Yaqui informaron que el pasado 9 de julio militares irrumpieron en las inmediaciones del rancho “El Papalote de Abajo”, perteneciente al Municipio de Bácum, donde decomisaron cerca de 500 kilogramos de metanfetamina o crystal, valorados en 141 millones de pesos (unos 7 millones de dólares).

Tras el aseguramiento de la droga, señala la agencia EFE, los pobladores denunciaron que los soldados trataron de desarmar a la Guardia Tradicional Yaqui, que tiene permiso para portar fusiles y pistolas para protección de la tribu. Además, señalaron que el miércoles 14 de julio al menos ocho personas –que ya suman nueve– desaparecieron entre los ranchos “El Coyote” y “Agua Caliente”, en las inmediaciones del poblado donde las autoridades decomisaron la droga.

La Fiscalía de Justicia de Sonora emitió este lunes las fichas de búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas. Se trata de Artemio Arballo Canizales, Fabián Valencia Romero, Martín Hurtado Flores, Fabián Sombra Miranda, Heladio Molina Zavala, Benjamín Pórtela Peralta, Gustavo Acosta Hurtado, Juan Justin Galaviz Cruz y Leocadio Galaviz Cruz.

Incluso, los mandos tribales temen que podría haber más desaparecidos y que entre las víctimas hay indígenas yaquis, así como trabajadores y propietarios de los ranchos donde irrumpió el Ejército.

Asimismo, denunciaron que desde que el Ejército ha hecho este tipo de decomisos y revisiones se empezaron a presentar las desapariciones de la tropa yoemia y habitantes de rancherías, aunque no todas se han dado al mismo tiempo.

Guadalupe Flores Maldonado, vocera de la Tropa Yoreme de Loma de Bácum, denunció que desde hace varios días los militares se encontraban en el lugar tratando de intimidarlos y desalojarlos, agregando que la finalidad es quedarse con el territorio, a fin de que ingresen empresas mineras transnacionales. Además informó que actualmente agencias de seguridad, peritos ministeriales y la Guardia Tradicional indígena están colaborando junto a los familiares de las víctimas para dar con su paradero.

Esto ocurre luego de que recién el pasado mes de junio ocurriera el hallazgo, en una fosa, de los restos del líder indígena yaqui Tomás Rojo Valencia, de 54 años y quien había sido reportado como desaparecido el 27 de mayo.

Luego de que corriera una versión de que el móvil del homicidio había sido electoral, las autoridades que siguen de cerca el caso del activista descartaron esa línea de investigación y en su lugar señalaron al crimen organizado. Posteriormente, la Fiscalía de Sonora informó, a principios de este mes, sobre la detención del presunto asesino de Tomás Rojo Valencia. Se trata de Francisco Hiram, alias El Morocho.

En 2010, Rojo Valencia encabezó la llamada guerra por el agua en el estado de Sonora, que se desató cuando el Gobierno del estado anunció la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la capital, Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300.000 personas y que inició operaciones en 2013.

Y actualmente, según han recordado las autoridades, Rojo Valencia impulsaba, ante el Gobierno mexicano, la instalación de una caseta de cobro en el tramo de la autopista Internacional que atraviesa su territorio, para poner orden en el proceso de cobro, una medida de protesta que llevaba a cabo los indígenas desde hace años, con la finalidad de que el beneficio fuera realmente para la comunidad yaqui.

Cabe señalar que a la par, el gobierno del presidente López Obrador está negociando con los Ocho Gobernadores de la Tribu, un Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis que busca dignificar la vida en las comunidades indígenas con acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada su territorio.

SEGUIR LEYENDO: