Uno de los grandes problemas en México, en temas de seguridad, es la desaparición de personas. Un mal que se ha recrudecido de manera alarmante, por lo menos, en los últimos 10 años. Actualmente hay en el país el reporte de 80 mil personas desaparecidas. También hay más de 4 mil fosas clandestinas documentadas. Ante un resultado casi nulo por parte del gobierno, han sido los mismos seres queridos de las víctimas los que han emprendido su búsqueda. Una labor que, por sí misma, les ha valido la vida.
La última de estas tragedias fue el asesinato de Aranza Ramos en Sonora. El pasado 7 de diciembre comenzó a buscar, por todo Guaymas, a su esposo desaparecido. Ella era activista del colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora, de 28 años de edad. La noche del pasado 15 de julio fue levantada dentro de su casa y posteriormente ejecutada.
La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que la principal línea de investigación está relacionada con su activismo en la búsqueda de su esposo. “Se hará justicia para Aranza: FGJE. Es de cobardes privar de la vida a una mujer sólo por buscar a su esposo desaparecido. El feminicidio ocurrido en Ortiz es un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a intensificar esfuerzos contra la impunidad”, dijo la FGJE en un mensaje.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció enérgicamente al respecto. La dependencia urgió al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador a proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en el país. “¡No queremos más madres buscadoras muertas!”, exigieron en un comunicado.
Y es que el de Aranza no es el primer caso de ese tipo que se vive en México. Por el contrario, trae a la memoria colectiva otras tragedias similares ocurridas en los últimos años. Por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo.
Al igual que la de Aranza, la de Marisela Escobedo es, por un lado, la historia que en promedio viven 10 mujeres al día en México. Y a la par, la de la lucha y el reclamo de los familiares y seres queridos de las víctimas de desapariciones y feminicidios en el país. Todo su andar representó casi un antes y después en la demanda de justicia para este tipo de casos, a nivel nacional.
El peregrinar de Marisela Escobedo inició en agosto de 2008 cuando su hija Marisol Rubí Frayre Escobedo fue violentamente asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde residían. El feminicida fue la propia pareja de Rubí, Sergio Rafael Barraza.
En un principio no quedaba claro cómo había desaparecido su hija, así que Marisela lo indagó por su propia cuenta al ver que las autoridades de justicia no hacían lo propio. Consiguió un testigo de los hechos a quien Serio Rafael había confesado el crimen. Pero para ese momento este ya había escapado. Y una vez más, Marisela hizo el trabajo de las autoridades y dio con su paradero en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.
El asesino fue detenido. Sin embargo, pese a que prácticamente confesó el asesinato de Rubí, los jueces que llevaban el caso lo absolvieron. La madre de la joven víctima no desistió y logró que se cambiará la sentencia y lo encontraron culpable. Pero el feminicida ya se había fugado.
Nuevamente hizo por su cuenta lo que le tocaba al Estado. Otra vez dio con él, pero algo era distinto: Sergio Rafael Barraza era ya un miembro más del grupo criminal los “Zetas”. Marisela fue asesinada la noche del 16 de diciembre de 2010 enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sergio Barraza fue el autor intelectual.
Otro caso que recuerda el de Aranza, es el asesinato de Miriam Rodríguez, ocurrido en el 2017 en Tamaulipas. Su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desapareció a los 16 años, en enero de 2014, en el municipio de San Fernando, donde vivían. Ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando varios sujetos le bloquearon el paso y se la llevaron secuestrada. Posteriormente, y después de cobrar varios rescates a cambio de su libertad, la joven fue asesinada.
Desde que su hija desapareció, Miriam Rodríguez se abocó a un objetivo: encontrar a los asesinos de la menor y llevarlos, uno a uno, tras las rejas. Armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam rastreó a los responsables del asesinato de su hija. Logró colocar tras la rejas a una decena de criminales, lo que la volvió famosa, pero bastante vulnerable.
En marzo de 2017 más de 20 presos se escaparon del penal en Ciudad Victoria, entre ellos los asesinos de Karen. El 10 de mayo de 2017, tres de ellos la mataron a tiros frente a su casa.
Solo durante la actual administración, que arrancó en diciembre de 2018, un total de 68 defensores de los derechos humanos y activistas ambientales han sido asesinados. Aranza Ramos Gurrola sería la número 69. Pero el peligro sigue latente. Y es que no conforme con el asesinato de ella, los criminales en Sonora amenazaron ya a sus compañeras del colectivo de búsqueda en esa entidad.
“El Estado y sus instituciones tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia”, reclamó la CNDH.
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