México ha registrado al menos 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en lo que va de año en una escalada de violencia que ha prendido la alarma por el aumento de los homicidios de activistas.
El último caso ocurrió la semana pasada cuando fueron asesinados a tiros el defensor del medioambiente David Díaz Valdez, en la ciudad de Manzanillo, estado de Colima, y el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas Simón Pedro Pérez López en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas.
“Estamos ante una situación de alarma”, explicó a Efe Gabriela Carreón, gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Los 18 asesinatos en 2020 frente a 14 en medio año de 2021 nos pone en alerta sobre cómo será el cierre de este año”, agregó.
En un informe en abril pasado y tras ocho años de registro y documentación, el CEMDA señaló que en México “prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio”.
Además de los 18 asesinatos en 2020, el Centro contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos.
DEFENSORES INDÍGENAS
Tras el asesinato de Pérez López, en Chiapas, la organización Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional) aseguró que durante este año ha documentado 14 víctimas mortales como represalia a su lucha por la defensa de sus derechos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
“Señalamos la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de Gobierno y le recordamos la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad”, apuntó.
La organización citó el caso de Pérez López, defensor e integrante de la comunidad Las Abejas de Acteal, quien fue asesinado a balazos. Además destacó otro crimen en el municipio de Aldama, en la región de los Altos de Chiapas que vive una disputa territorial que data de los años 70 del siglo pasado.
También recordó el asesinato del líder indígena yaqui Tomás Rojo Valencia, de 54 años y cuyos restos fueron hallados el 17 de junio tras reportarse su desaparición el 27 de mayo en el estado de Sonora, noroeste del país, y en la misma región apuntó del crimen de Luis Urbano Domínguez, el 12 de junio.
En el caso de Oaxaca, la organización señaló la violencia ocurrida en la comunidad indígena Chatin de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, en donde hasta abril sumaban cinco personas asesinadas, incluidos los defensores del territorio y del medio ambiente, Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz.
La misma cantidad de asesinatos se registró en Michoacán con “muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
La Secretaría de Gobernación (Interior) de México confirmó este lunes que han sido asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
La información de Gobernación se difundió luego de que el periódico Reforma publicó -citando a distintos organismos y ONG- que desde la llegada al poder de López Obrador a la fecha en el país se habían asesinado al menos a 56 activistas.
Preguntado por la cifra de víctimas, López Obrador primero dijo que “es propaganda de nuestros adversarios” y luego lamentó todos los fallecimientos y señaló que su gobierno lucha para que esto no suceda.
EL CASO DE DAVID DÍAZ VALDEZ
El pasado 5 de julio David Díaz Valdez, defensor del medioambiente, fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima.
“David siempre dijo que no tenía enemigos, lo quería mucho la gente y decía que como ciudadanos y personas teníamos derechos y había que reclamarlos, hablar y decir lo que estaba mal”, contó Sofía Geovana Arreola, quien trabajo de cerca con el defensor en los últimos tres años.
“No se peleaba con nadie, reclamaba justicia pero nunca me dijo que estuviera bajo amenaza, por eso nos sorprendió su muerte”, añadió.
La lucha de Díaz Valdez fue por mejor las condiciones de la comunidad donde nació llamada Campos, en Manzanillo, que se ubica frente a termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
Inaugurada el 1 de enero de 1982, la instalación que opera en ese balneario del océano Pacífico la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha traído muchos dolores de cabeza a la población desde su construcción, además de la proliferación de enfermedades durante su operación, según activistas.
“Le tocó crecer con la instalación y su familia fue a la única que no le pudieron quitar los terrenos porque la central fue comprando espacio para extenderse”, contó la mujer.
Díaz Valdez estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde aumentó su activismo, apoyó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también fue aliado del ahora presidente López Obrador, “quien llegaba a su casa a quedarse” como muestran las fotos que tiene en su casa con el ahora mandatario, a quien ayudó a fundar su movimiento político en Manzanillo.
EFE
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