La mañana de este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, decretó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, el ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal imputado por el delito de tortura.
El ex mando policiaco detenido el pasado 5 de julio y ligado con Genaro García Luna permanecerá internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que el delito por el cual se le acusa está tipificado como grave.
El juez Jesús Alberto Chávez determinó que la FGR aportó pruebas suficientes para probar la probable responsabilidad de Cárdenas Palomino en la tortura de cuatro personas, entre ellas Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta (hermano y sobrino de Israel Vallarta).
En la denuncia también figuran como víctimas los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, quienes fueron golpeados y detenidos al interior de su domicilio por un grupo de policías federales que obedecían al mando de Palomino en 2012.
Fuentes allegadas a la defensa, encabezada por el penalista José Luis Nassar, dijeron al periódico El Financiero que iban a presentar alegatos sólidos para mostrar la inocencia del exmando de la Policía Federal (PF). Esto a pesar de que el juez que firmó la orden de aprehensión confirmó que había elementos para suponer que Palomino torturó a los detenidos con toques eléctricos y bolsas de plástico para cortarles la respiración.
Otro argumento que presentará la defensa será la denuncia que hicieron los cuatro presuntos torturados, siete años después de haber sido detenidos. Cabe mencionar que esa fecha coincidió con la aplicación del Protocolo de Estambul, el cual es utilizado para “evaluar a las personas que refieren haber sufrido tortura o tratos degradantes, inhumanos o crueles”.
La defensa consideró que los imputados acusaron al exmando de la PF por el delito de tortura como parte de una estrategia para obtener su libertad, pues actualmente están bajo proceso por un presunto secuestro que se cometió años después de la detención del presunto líder de la banda Los Zodiaco, Israel Vallarta. También insistirán para que el exfuncionario sea trasladado a un penal de mediana seguridad, ya que calificaron como “excesiva” la decisión de las autoridades que lo canalizaron al Altiplano, de máxima.
Al momento de realizar los Protocolos de Estambul, la perito independiente Luz Mila María Paez concluyó que en todos los casos las lesiones descritas en los dictámenes físicos, las narraciones de los cuatro afectados, las secuelas en la salud de estas personas y las alteraciones emocionales que sufrían desde el día de los hechos eran “concordantes y positivas” para acreditar la tortura.
“Con motivo de esa detención, (los afectados) recibieron de sus aprehensores golpes físicos y maltrato psicológico con el fin de que confesaran su participación en un secuestro”, señaló en la consignación citada por la revista Proceso.
En el pliego de la orden de aprehensión, constaron los dictámenes de integridad física que peritos de la entonces PGR realizaron al día siguiente de las detenciones. En todos los casos se concluyó que los cuatro detenidos presentaban escoriaciones y moretones en varias partes del cuerpo, así como dolores intensos en el abdomen por los golpes recibidos.
Edith Silvia Palacios y Eugenia de Jesús Barrera, peritos en medicina forense, solicitaron en todos los casos dictámenes adicionales de ortopedia para descartar que los afectados presentaran fracturas en los huesos de las costillas.
En el examen de ortopedia que se le realizó a Sergio Cortéz Vallarta el 1 de mayo del 2012, el peritaje concluyó que presentaba traumatismos provocados por “culatazos” y que los golpes que recibió de un elemento de la Policía Federal le habían provocado una pérdida auditiva del 60%.
De acuerdo con los testimonios de la averiguación previa, todos coincidieron en que Luis Cárdenas Palomino había dado la órdenes a sus subordinados y que él mismo había participado en actos de tortura:
“La tortura física se presentó cuando los activos del delito en su calidad de elementos aprehensores les propinaron a las víctimas del delito golpes con manos y pies, así como con las armas de cargo de cada uno de ellos, toques eléctricos en algunos casos y la colocación de bolsas de plástico para cubrirles la cabeza, acciones que representan tortura, pues éstas fueron (realizadas) de manera reiterada por un largo periodo, no obstante que los elementos policiales tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales”, indicó la resolución judicial.
La causa judicial contempla un total de 13 elementos y exmandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de abril del 2012.
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