Al menos nueve funcionarios, entre policías y agentes de Migración, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la masacre de Camargo, Tamaulipas, donde 19 personas fueron calcinadas, en su mayoría de origen guatemalteco.
Pasados poco más de cinco meses, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que siete elementos municipales de Escobedo, Nuevo León, así como dos empleados del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron procesados por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia.
De acuerdo con las investigaciones, uno de los vehículos localizados en la escena criminal de Camargo había quedado asegurado desde el 6 de diciembre de 2020, tras un cateo en que fueron recatados decenas de migrantes. Pero esta unidad fue devuelta y después, se utilizó para el tráfico de personas.
Los imputados fueron identificados como Jesús “R” y Abraham “A” del INM; además de los agentes municipales: Adalberto “T”, Julio “G”, Beatriz “M”, Juan “C”, Francisco “R”, Eulalio “C” y Baltazar “C”.
Por ello, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, dictó la vinculación y fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.
A ellos se suman los 12 policías de Tamaulipas que se encuentran enfrentando acusaciones por el mismo caso, pues habrían alterado la escena del crimen.
Este hallazgo ocurrió el 22 de enero pasado en un paraje de Santa Anita, donde los cadáveres estaban al interior de la batea de una camioneta y en inmediaciones del camino. Prácticamente consumidos por el fuego luego de que abrieran fuego en su contra.
Los cuerpos de 16 migrantes que provenían de Guatemala terminaron hechos cenizas, mientras pretendían llegar a la frontera de Estados Unidos. Se presume que las otras tres personas eran quienes guiaban como traficantes a los ciudadanos centroamericanos.
Cabe recordar que el 3 de febrero pasado, el INM separó de sus funciones a ocho empleados, quienes estarían vinculados con la devolución del vehículo, pero ahora la FGR solo da cuenta de dos procesados.
En aquella ocasión, la dependencia federal denunció los hechos ante la FGR para las investigaciones correspondientes, pues los administrativos de la Oficina de Representación en Nuevo León no siguieron procedimientos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento.
Una de las dos camionetas calcinadas se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados, el 6 de diciembre de 2020, 66 extranjeros por policías municipales de General Escobedo, Nuevo León, y del Instituto Nacional de Migración.
La fiscalía tamaulipeca reportó que Jesús N, de nacionalidad mexicana y una de las víctimas en Camargo, reclamó este vehículo (Toyota, Sequoia, 2008) apenas tres días después de que fuera asegurado por las autoridades.
El 22 de enero una llamada anónima alertó a las autoridades ante la presencia de dos camionetas abandonadas e incendiadas a la orilla de un camino en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Al arribar, confirmaron la presencia de 19 cuerpos calcinados. De acuerdo con los primeros informes, habrían sido migrantes procedentes de Guatemala y en busca de llegar a Estados Unidos.
Derivado de las primeras investigaciones, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó en una conferencia de prensa el 2 de febrero, sobre la posible participación de 12 policías estatales en el homicidio. Todos ellos fueron arrestados y vinculados a proceso.
Los miembros de los cuerpos de seguridad habrían cometido los delitos de abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas, homicidio calificado y falsedad de informes presentados ante una autoridad.
Como parte de las indagatorias se reportó que la escena del crimen fue alterada, porque no se localizaron casquillos y municiones correspondientes a los impactos que presentaba el vehículo tipo pick up, así como contradicciones en el reporte policial con las entrevistas de los oficiales que tuvieron conocimientos de los hechos.
Luego de las inconsistencias en los hallazgos de la investigación contra de las declaraciones y reportes de los policías, jueces federales también ordenaron la revisión de mensajes y llamadas, así como la geolocalización de sus dispositivos móviles registrada la noche de la masacre.
Además, el fiscal afirmó la participación de dos grupos del crimen organizado que se disputan el control de la región para lograr el tráfico de personas hacia el país del norte.
Según los testimonios, un comando de pistoleros del Cartel del Noreste, derivados de los Zetas, ingresó al lugar para buscar un mando del grupo rival, el Cartel del Golfo, la organización criminal que controla la zona en Tamaulipas. Pero tras un enfrentamiento, los sicarios del CDN encontraron a las 19 personas y las asesinaron.
Para el 12 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la fiscalía tamaulipeca informaron sobre la repatriación a Guatemala de los restos de 16 migrantes. La mayoría eran originarios de Comitancillo, localidad adscrita al Departamento de San Marcos.
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