Militarización en sexenio de AMLO con profundidad legal sin precedentes: Centro Prodh

A dos años de que fuera creada la Guardia Nacional, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó un informe donde exhibe la intensa militarización del país, cuyos precedentes fueron rebasados con el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador.

El documento titulado “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, detalla en 322 páginas cómo fue traicionada la promesa de regresar al personal castrense a sus cuarteles, por el contrario, su presencia se hizo extensiva a tareas civiles en que nunca habían incursionado.

“La militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”, destacó el Centro Prodh.

De acuerdo con el informe, la GN no es una corporación de seguridad de carácter civil, como fue mandatado en su creación constitucional. Pues el 75% de su pie de fuerza es de extracción castrense. Además, todos sus coordinadores de los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas: 28 de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuatro de la Secretaría de Marina.

“Este es quizá uno de los datos más relevantes sobre el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional: en ninguna entidad existe un Coordinador Estatal de procedencia civil; todos son castrenses”, apuntó la organización defensora de Derechos Humanos, cuyas actividades se han prolongado por más de 30 años.

También se advierte la falta de un marco jurídico sólido, el cual está en proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el amparo 282/2020, el cual será resuelto por el Pleno debido a su trascendencia.

Así como controles insuficientes que, en última instancia, recaen en los propios castrenses y sin mayores signos de avance en las denuncias, quejas o investigaciones que se han acumulado. Ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la GN y ni la Fiscalía General de la República (FGR) existe una tendencia para dar seguimiento y castigo.

Por ejemplo, en dos años de su existencia, el área de Asuntos Internos de la institución registra más de 3,400 quejas, de las que se han concluido alrededor de 1,300; y sólo un muy pequeño porcentaje de éstas se determinaron procedentes: 39.

A nivel interno, la tendencia es la misma, pues hay un rezago en exámenes de control de confianza, de los cuales solamente se han practicado 19 mil 402 procesos de evaluación a la fecha. Es decir que la gran mayoría de los elementos no han pasado por ese proceso.

Hasta marzo de 2021, la CNDH ha abierto 451 expedientes por quejas contra la Guardia Nacional, pero solo emitió una sola recomendación. En 21 meses, la dependencia ha recibido 21 quejas cada 30 días.

“En el caso de la FGR, las cifras de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos son similares. El historial refrenda una prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrense”, añade el informe.

Aunado a esto, la organización destaca que la Sedena como la Semar han sido asignadas hasta con casi 30 tareas, como Infobae México ha contabilizado en relación con actividades de seguridad, distribución de insumos, programas sociales y de infraestructura.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares de la FGR, ha integrado 97 carpetas de investigación de casos en los que están involucrados personal de las Fuerzas Armadas, pero en los últimos años, la fiscalía sólo ha ejercido acción penal en cinco casos.

Según datos obtenidos vía transparencia por el Centro Prodh, hasta el 29 de abril de 2021 y desde el 1 de agosto de 2019, 14 agentes de la Guardia Nacional han sido privados de la vida en el ejercicio de sus funciones. En contraparte, la dependencia ha abatido/privado de la vida a 94 personas, de las cuales reconoce a cinco civiles como posibles daños colaterales y 89 agresores.

La Guardia Nacional fue aprobada en marzo de 2019 y arrancó operaciones formales el 30 de junio de ese año; desde entonces, el presidente tenía margen para disponer de las FFAA en auxilio de la corporación recién creada, facultad que fue efectiva desde el 12 de mayo de 2020.

Con ello quedó escrito que el Ejército y la Marina podrían intervenir legalmente en competencias que antes eran exclusivas de las policías civiles, con vigencia hasta el el 27 de marzo de 2024, prácticamente, lo que resta del sexenio u ocho meses antes de que AMLO concluya su mandato.

El pasado 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque con ello se garantizaría, aseguró el mandatario, que el nuevo cuerpo de seguridad no se vea infiltrada por la corrupción.

En la práctica, López Obrador solo formalizaría la militarización de seguridad pública, pese a que prometió que los castrenses volverían a sus cuarteles en su gobierno. Sin embargo, el control operativo en la Sedena ya operaba desde octubre de 2020.

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