Baltazar Higinio “N”, empresario presuntamente vinculado con una red de lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue detenido en MacAllen, Texas y entregado en el puente fronterizo de Reynosa.
Presuntamente, el contratista sería operador financiero de García Cabeza de Vaca y quien le ayudó a triangular recursos del erario público para simular la venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
El monto blanqueado asciende a más de 42 millones de pesos, de acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR).
La orden de arresto fue otorgada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Tras su detención por autoridades estadounidenses, el empresario fue trasladado al penal del Altiplano, Estado de México, donde comparecerá ante un juez de control para determinar su situación jurídica.
Las acusaciones indican que el gobierno de Tamaulipas otorgó tres contratos de obra por 56 millones 400 mil pesos a las constructoras RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad del empresario.
Entre marzo y abril de 2018, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el empresario de Reynosa envió 33 millones 300 mil pesos a su socio.
“Los recursos que recibió el ahora investigado en la cuenta bancaria aludida es adverso a lo que declaró a la autoridad fiscal para el ejercicio 2019 además de haberse identificado diversos recursos a través del sistema financiero con la intención de dificultar su rastreo y darles apariencia legal advirtiéndose la existencia de indicios fundados de que la persona moral T612, que le envió recursos al ahora investigado, es una empresa fachada”, explicó la agente del Ministerio Público el pasado 30 de abril en sesión ante la Cámara de Diputados.
El empresario estaba fichado en la lista Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) desde 2008 por sus presuntas actividades en el blanqueamiento de capitales.
Datos de la UIF señalan que ninguna de las tres empresas utilizadas contaba con trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí declaraban en ceros ante el Servicio de Administración Tributaria.
Inmobiliaria RCT obtuvo 48 millones 634 mil pesos para construir un centro de Justicia en Reynosa y una Unidad Docente, las cuales no han sido entregadas.
Cuando García Cabeza de Vaca era senador, en 2013, compró el departamento 3 de un complejo localizado en Camino Alto Lerma Santa Fe. El panista y su esposa desembolsaron 14 millones 380 mil pesos.
Pero seis años más tarde, el gobernador vendió esa propiedad a T Seis Doce por un monto de 42 millones 113 mil pesos, dinero que fue pagado de junio a diciembre.
Aunado a ello, Francisco Javier García Cabeza de Vaca también es acusado por defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. Pese a que se ordenó su desafuero, el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista blindó al gobernador.
Después, la FGR giró una orden de captura por lavado de dinero y delincuencia organizada contra el político, pero este se amparó y no puede ser detenido. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá si la Cámara de Diputados federal tiene facultad para determinar eliminar el fuero al ejecutivo estatal y sea procesado.
El departamento comprado en Santa Fe, ha señalado la UIF, fue adquirido a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para blanquear capitales.
Ambos negocios que financiaron a la Sofom, que otorgó un crédito al gobernador panista para adquirir el bien inmueble de 14.3 millones de pesos, antes fueron identificados como compañías fachada entre siete unidades mercantiles que estuvieron relacionadas con la organización criminal.
En Estados Unidos, el tamaulipeco tendría múltiples propiedades vinculadas con familiares que no corresponden con sus ingresos.
García Cabeza de Vaca, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), ha repetido en diversas ocasiones que las acusaciones y el proceso en su contra son “una persecución política” por no haberse sometido al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que defenderá su inocencia.
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