Congreso de Hidalgo declaró las peleas de gallos como Patrimonio cultural inmaterial

Asociaciones protectoras de animales se manifestaron a las afueras del poder legislativo y calificaron la decisión como “una aberración”

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La iniciativa se frenó durante dos años debido a las constantes protestas de grupos pro derechos de los animales (Foto: Biju BORO / AFP).
La iniciativa se frenó durante dos años debido a las constantes protestas de grupos pro derechos de los animales (Foto: Biju BORO / AFP).

La tarde de este miércoles 30 de junio, el congreso de Hidalgo aprobó con 20 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, las peleas de aves como Patrimonio Cultural Inmaterial del estado. El dictamen número 514 fue emitido por la comisión permanente del órgano legislativo y la comisión de puntos constitucionales.

“La LXIV legislatura aprobó la iniciativa con la que se declara a los combates de aves como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Hidalgo”, fue el mensaje que difundió en un corto video el congreso a través de sus redes sociales.

Desde que se presentó el dictamen, antes de pasar al pleno, grupos de protección a los animales se mostraron en contra de la iniciativa; sin embargo, la bancada local de Morena apoyó la aprobación, debido a que fueron quienes la presentaron y han trabajado en ella desde el 2019.

La aprobación del decreto constitucional fue criticada por asociaciones animalistas (Foto: captura de pantalla de Twitter @CongresoHidalgo).
La aprobación del decreto constitucional fue criticada por asociaciones animalistas (Foto: captura de pantalla de Twitter @CongresoHidalgo).

Entre los argumentos planteados, en el pleno se consideró que los combates de distintas aves han adquirido “una popularidad singular” entre la ciudadanía y aseguraron que son una tradición mexicana que ha perdurado por más de “cinco mil años”.

Los diputados locales también aseveraron que los combates generan aproximadamente 2 millones de empleos y crean un mercado a través de la venta de productos, lo cual produce alrededor de 8 mil 250 millones de pesos anuales en el país.

Los cuatro votos en contra fueron de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luisa Pérez Perusquía y Mayka Ortega Eguiluz, de la panista Claudia Lilia Luna Islas y la representante del Partido Encuentro Social (PES), Jajaira Aceves Calva.

Sin embargo, será la Secretaría de Cultura de Hidalgo la encargada y responsable de la preservación, promoción y revitalización de los combates de aves, de acuerdo con lo que se estipuló en el decreto constitucional.

"La tortura NO es CULTURA" (Foto: tomada de Facebook "Biofutura Ac").
"La tortura NO es CULTURA" (Foto: tomada de Facebook "Biofutura Ac").

Grupos y asociaciones protectoras de animales se manifestaron a las fueras del congreso del estado en contra de la aprobación del dictamen. Pedían a los legisladores desechar el decreto debido a que ponía en peligro la vida de otras especies.

“La violencia nunca podrá ser patrimonio cultural de las y los hidalguenses. Las peleas de gallos son una aberración, muestran la ignorancia de nuestros legisladorxs al votar a favor de un decreto que a toda luz es contrario a los derechos humanos ya a la razón”, escribió la asociación civil Biofutura en sus redes sociales.

Video: Facebook/Biofutura Ac

Hidalgo despenalizó el aborto

Durante la misma sesión, el congreso del estado aprobó la despenalización del aborto con 16 votos a favor, una abstención y ocho votos en contra. Con esta decisión, las mujeres hidalguenses podrán acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas de gestación.

La iniciativa fue presentada por la diputada Roxana Montealegre, de Morena, el pasado 29 de enero cuando se aprobó su discusión en el pleno. Esta fue la segunda vez que se discutió el tema, ya que la propuesta fue rechazada en el 2019; de acuerdo a la legisladora Montealegre, se retomó el trabajo impulsado dos años atrás por el diputado Víctor Osmid Guerrero.

La reforma también contempló a modificaciones a la Ley de Salud, con la que buscará que instituciones públicas, privadas y sociales públicas provean el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita, en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las mujeres.

Por último, la reforma al código penal contempló penas de cárcel a quienes contra la voluntad de las mujeres las obliguen a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo y el derecho de los médicos a no practicar abortos.

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