A un año del ataque contra García Harfuch: avances del CJNG y sin castigo a los culpables

A un año del atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) solo se ha expandido más sin que las autoridades hayan podido evitarlo, a sabiendas de que sus continuos desafíos al Estado mexicano reafirman el poderío criminal para mantenerse como una de las organizaciones más peligrosas del mundo.

El embate de aquel 26 de junio de 2020 no ha tenido consecuencias concretas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva un caso que terminará por rebasar sus capacidades, mientras que instituciones federales prefirieron mantenerse al margen, ante otra declaratoria de la guerra que deja ríos de sangre y decenas de víctimas cada día.

Según analistas consultados por Infobae México, el CJNG reaccionó violentamente al verse afectado por los operativos que lideró García Harfuch.

Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, informó ese día del ataque que el secretario sufrió represalias por acciones de impacto contra criminales, pero los expertos indican que eso no se ciñe a lo realizado en la capital del país, sino aquello que llevó a cabo como jefe de la Agencia de Investigación Criminal en la antigua Procuraduría General de la República.

“Es la reacción de los organismos delictivos de alta peligrosidad ante la inicial, consistente y creciente intervención de las autoridades locales para enfrentarlos, contenerlos y desplazarlos”, aseguró a Infobae México Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Durante la gestión de García Harfuch, desde junio de 2019, datos de estadística delictiva de la fiscalía capitalina indican un vaivén en ilícitos cometidos por kilómetro cuadrado en cada una de las 16 alcaldías, con bajas durante la pandemia de COVID-19 y ligeros aumentos tras la reactivación económica.

Ni antes, después o durante las funciones del secretario hubo tendencias concretas de disminución, según informes de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy.

En el transcurso de febrero a marzo de 2020 hubo aumento consecutivo en la incidencia delictiva. Pero en abril se contabilizó una caída significativa, periodo que coincidió con la disminución de movilidad por medidas contra la pandemia, pues las cifras se redujeron cuando menos a la mitad. Por ejemplo en Cuauhtémoc, donde se registraban hasta 92.3 delitos ocurridos por kilómetro cuadrado, la cifra se redujo a 50.2.

Después se mantuvo una tendencia similar y en junio del año pasado hubo un ligero repunte de la incidencia delictiva, la misma situación en julio. Hasta octubre creció el número de delitos cometidos, para entonces ya operaba la reactivación económica. En noviembre hubo una ligera disminución y así se mantuvo la tendencia hasta abril reciente, al mes siguiente otra vez se registraron incrementos en las alcaldías.

En cambio, el total de delitos de alto impacto presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum presume decrementos continuos desde que ella comenzó su mandato, con una caída súbita en abril, mayo y junio de 2020, meses en que comenzó el azote de los contagios de COVID-19 y un incremento irregular de septiembre a diciembre del año pasado, así como nuevas disminuciones en 2021.

Aunque en abril y mayo de 2019 hubo alrededor de 160 asesinatos en la capital, esas cifras se estabilizaron en un rango de 100 a 120 desde junio de 2020, cuando comenzó un decremento hasta noviembre del mismo año.

Luego hubo ligeros repuntes que no han llegado al centenar de homicidios dolosos, lo cual es significativo si se toma en cuenta que entre febrero y julio de 2018, bajo el mando de José Ramón Amieva (quien sustituyó los últimos nueve meses del sexenio de Miguel Ángel Mancera), ese número estaba por encima de los 120 casos mensuales.

De 26 mil Carpetas de Investigación por 14 delitos de alto impacto en los primeros cinco meses de 2019, hubo una disminución del 48% en el mismo periodo de 2020, cuando se abrieron 15 mil casos y, en el lapso de este 2021fueron 13 mil 693, según informes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Cifras del gobierno federal indican que de enero a mayo del año en curso, la capital ocupa el lugar número 11 de las 32 entidades con 459 asesinatos, lejos de Guanajuato que encabeza la lista con 1,545 ejecuciones. Pero Iztapalapa, alcaldía más poblada de la Ciudad de México, es uno de los municipios de atención prioritaria, pues ha tenido 94 homicidios dolosos.

Esos últimos datos respaldan el trabajo efectivo en materia de Seguridad. Pero la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2020) estima que en 2019 en la Ciudad de México se denunció solo el 8.4% de los delitos (en 2018 esta cifra fue de 9.1%).

La misma cifra se ha mantenido en los últimos diez años, donde el 90% de los ilícitos que ocurren en el país y en la capital no son consignados ante la autoridad por desconfianza y pérdida de tiempo. Existe una percepción generalizada de que no habrá justicia.

En su informe de julio de 2020, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México destacó que ocho de los detenidos el 26 de junio eran miembros del CJNG. Además, que desde agosto de 2019 arrestaron a 108 personas afines a la Unión Tepito, 11 del Cártel de Tláhuac, y cinco más del Cártel Santa Rosa de Lima.

Con estas acciones se logró debilitar a 2,176 bandas y desarticular a 5,689 células delictivas. En actividades específicas de narcomenudeo, del 1 de agosto al 30 de julio de 2020, 7,648 personas fueron presentadas al Ministerio Público.

Al menos la mitad estaban en posesión de marihuana y 18.6% vendían cocaína. Igual se aseguraron 179 motocicletas presentadas por su uso en la comisión de algún delito; 253 armas de fuego, 49 armas blancas y 85 réplicas de arma.

David Saucedo, consultor en temas de seguridad, apuntó que el ataque contra García Harfuch también fue un mensaje en clave hacia la política de combate contra el narco por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Pero la balacera en Lomas de Chapultepec solo quedó en anécdota extraordinaria, pues no representó un punto de inflexión para redirigir la estrategia hacia cárteles capaces de orquestar asesinatos de esta magnitud, desafiando al Estado y más, en la sede de los poderes.

“Se hubiera esperado una reacción furiosa contra el CJNG y lo cierto es que no, este cártel ha avanzado en la Ciudad de México. No significó un evento que modificara el curso de la guerra”, aseveró.

En Guanajuato, por ejemplo, el grupo criminal se ha dedicado a exterminar los restos del Cártel Santa Rosa de Lima, que actualmente comanda el M1 con fuerzas disminuidas de la facción que lideraba José Antonio Yépez Ortiz, el Marro, detenido el 2 de agosto de 2020. Si bien no domina la totalidad del territorio, la resistencia en esa entidad ya es menor.

A su vez, el CJNG ha ganado terreno en la Tierra Caliente de Michoacán a los remantes delictivos que se agruparon en el concilio de Cárteles Unidos. La región de Aguililla y tenencias como el Aguaje, así como Buena Vista, ya tienen mayor presencia de cabecillas como el M2.

Las células michoacanas han usado su capital social, estrategias mediáticas y protestas para atraer la presencia del gobierno, la cual pretenden encauzar contra sus rivales, pero los comandados por el Mencho han establecido alianzas con líderes locales como el Maguey o el Chuchin, que antes pertenecían a facciones de Cárteles Unidos.

Esa lógica de fractura y su capacidad de recursos en armas y sicarios le han permitido avanzar en un territorio donde también demostraron su desafío a las fuerzas de seguridad en octubre de 2019, ya bajo la administración de López Obrador, cuando asesinaron a 14 policías estatales.

En noviembre de 2020, los operadores del CJNG presumieron patrullajes por Zacatecas. Como consecuencia, la entidad ha regresado a sus peores épocas de la guerra contra el narco. Apenas este 25 de junio las autoridades reportaron 18 personas asesinadas en Valparaíso por un enfrentamiento de los jaliscienses contra el Cártel de Sinaloa, que pretende frenar la expansión enemiga con el Operativo Mayo Zambada. Fresnillo es punto nodal de la disputa.

En Chihuahua, el cártel de las cuatro letras o, “la nueva”, ha establecido una alianza con La Línea, ex brazo armado del Cártel de Juárez que resiste a los embates del Cártel de Sinaloa. En la región de Tamaulipas, el CJNG se habría aliado con el Cártel del Golfo para utilizar sus rutas de trasiego.

Mientras que en Morelos y Guerrero, los informes de la Administración del Control de Drogas señalan vínculos del cártel con Guerreros Unidos. Lo mismo en Estado de México con la Familia Michoacana. A su vez, los enfrentamientos y desafíos en Baja California también parten de la pugna territorial, lo cual ha sumido al estado en una ola de violencia constante.

La expansión del grupo criminal se ha dado en el último año sin limitaciones de las autoridades federales. Ni con un atentado contra García Harfuch o Aristóteles Sandoval de por medio, mucho menos con las decenas de miles de víctimas que se acumulan.

Para el Departamento de Justicia de EEUU es el cártel mejor armado de México y el más peligroso del mundo, según un comunicado del 15 de junio reciente.

Mientras García Harfuch era atendido para estabilizar su salud, rápidamente publicó en redes que el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, había tratado de asesinarlo. Dos de sus escoltas murieron en la refriega y otra mujer que circulaba por la zona no llegó a su puesto de comercio informal en el metro Auditorio. Dos hombres más fueron heridos.

Ese 26 de junio, el entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, confirmó que datos de inteligencia habían registrado amenazas de ataque contra un importante funcionario en la capital del país.

Los análisis llevaron a que el jefe policiaco utilizara una camioneta con blindaje 5 plus, pues era uno de los posibles objetivos de acuerdo con el presidente López Obrador, quien agregó el 3 de julio que las advertencias fueron registradas con 10 días de anticipación.

Según empresas que ofrecen el servicio, ese nivel de protección en vehículos permite soportar impactos de fusiles M-16, AK-47, AR-15, y explosiones en piso de granadas de fragmentación DM51 y Mk2. El precio de la unidad con tal resistencia alcanza hasta los 3.4 millones de pesos y pesa entre1.2 y 1.4 toneladas.

Solo la víctima del atentado se atrevió a ponerle nombre y apellido a sus agresores, escribiendo las cuatro letras de la organización en una publicación de Twitter. Incluso con sorpresas hacia la misma Sheinbaum, quien daba una conferencia sobre el caso en ese momento. Después, Durazo se limitó a informar que la mano del Cártel Jalisco Nueva Generación era solo una hipótesis.

Al medio día, la Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre 12 detenidos, quienes provenían de la capital, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de Colombia. Algunos cayeron en el lugar y otros mientras se daban a la fuga cambiándose de ropa, pero fueron captados por cámaras de videovigilancia.

Ellos quedaron vinculados a proceso por delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Otros dos más ya escapaban sobre una carretera de Atlacomulco, Estado de México. Se presume que habrían realizado labores de seguimiento para verificar el trayecto y actividades del secretario.

Mientras que un cateo en la colonia Santa Catarina, Tláhuac, permitió la detención de cinco personas más, entre ellas, Juan Miguel Torres Linares, el Vaca, quien dijo llamarse José Armando Briseño de los Santos para despistar. El ubicado como jefe de sicarios del CJNG en Tonalá encabezó el ataque según las primeras pesquisas.

Sin embargo, el Vaca y sus probables cómplices están acusados por ilícitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso reservado a las Fuerzas Armadas. A Torres Linares no se le han fincado cargos por tentativa de homicidio ni homicidio calificado hasta la fecha, sigue en el penal del Altiplano.

Desde el 27 de junio y hasta el 4 de junio, las autoridades capitalinas solo han arrestado a seis presuntos involucrados con el ataque, pero ningún objetivo principal o autor intelectual.

Tuvieron que pasar 10 meses para que se reforzara la participación del CJNG a través de dos lugartenientes conocidos como Carlos Andrés Rivera Varela, la Firma, y Francisco Javier Gudiño Haro, la Gallina.

En sus primeras declaraciones, el Vaca señaló como superiores a Julio César Montero Pinzón, el Tarjetas, y al ex líder del Cártel de los Valencia/Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, detenido en 2009. Incluso trató de responsabilizar a Los Viagras, célula michoacana y acérrimos enemigos del CJNG. Pero los dos capos de jerarquía en la organización del Mencho resaltaron por informes del gobierno estadounidense.

En sus designaciones del 6 de abril reciente, el Departamento del Tesoro de EEUU indicó que la Firma y la Gallina son probables autores del crimen contra Omar García Harfuch y también habrían sido responsables por la ejecución en diciembre del año pasado de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco. El político fue atacado en los baños de un bar en Puerto Vallarta como otra muestra más de los alcances del CJNG.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México inició su carrera gracias a Luis Cárdenas Palomino, este último, prófugo de la justicia y acusado en Estados Unidos junto con Genaro García Luna y Ramón Pequeño por beneficiar al Cártel de Sinaloa en sus cargos de Seguridad.

García Harfuch ha reiterado que sus nexos con Cárdenas Palomino fueron cercanos, pero sin ninguna responsabilidad en cualquier delito que su superior hubiese cometido a favor de la delincuencia organizada.

Sin embargo, ese vínculo ha perseguido al jefe de la policía capitalina como una puerta abierta para que enemigos del CJNG o de otras facciones, busquen dejar dudas de su reputación.

Al punto de que el pasado 18 de marzo, la Fiscalía de Jalisco decidiera incorporar como dato de prueba un video donde Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, revela haber pactado con el funcionario de la Ciudad de México para afectar al cártel que dirige el Mencho.

Las investigaciones serían por un supuesto plan de desestabilización en los dominios del CJNG. de la mano del Cártel Nueva Plaza que dirigía Sánchez Martínez tras desprenderse como célula de la organización de Oseguera Cervantes. El secretario dijo que no lo distraerían mensajes falsos de criminales y su compromiso es combatir a los delincuentes hasta las últimas consecuencias.

En febrero de 2019 circuló un video donde sujetos embozados al interior de un vehículo se identificaron el Canguro, la Vaca, el JR y Yimi.

Dijeron que eran del CJNG y acabarían con ladrones en la alcaldía Gustavo A. Madero. La procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, comentó que el grupo criminal no estaba interesado en la capital, aunque agregó que investigarían la veracidad del clip.

Para julio de ese año, ya con Gacía Harfuch en la administración capitalina, dos ciudadanos israelíes fueron asesinados en la plaza Artz Pedregal, Gustavo A. Madero. Las investigaciones indicaron que Vanessa Ballar Fallas, la Güera, citó a los extranjeros para entregarles 20 millones de euros, pero en lugar de ello se planeó su ejecución.

La mujer fue arrestada el pasado 19 de marzo en Coyoacán y fue identificada como operadora financiera del CJNG. En septiembre de 2019, las autoridades de la Ciudad de México encabezaron un operativo para detener a Mauricio Hiram Suárez Álvarez, el Mawicho. Este sujeto cayó en Zapopan, Jalisco, pues se le ubicó como supuesto autor material del crimen.

Para febrero de 2020, en la capital del país, fue asegurado Carlos Fernando Huerta Núñez, el Viejón, quien habría coordinado el asesinato contra los israelíes. Otro video fue difundido por supuestos integrantes de la organización en la GAM. Un par de meses después fue detenida en la alcaldía Venustiano Carranza, María del Carmen Albarrán García, la Cecy, presunta líder de una célula del CJNG que disputaba puntos de narcomenudeo a la Unión Tepito, el grupo dominante en la Ciudad de México.

Otros presuntos enlaces del mismo bando delincuencial han caído en la capital y más vínculos se han identificado en la zona del Valle de México después del atentado contra García Harfuch. Este último ha negado que la ciudad esté tomada y descarta que sean amenaza importante.

Aún con todos los elementos de macrocriminalidad e indicios del Cártel Jalisco Nueva Generación no ejerció sus facultades para atraer el caso. Se desentendió de sus responsabilidades como en otras investigaciones complejas. En el ataque se actualizan delitos como delincuencia organizada, uso de armas reservadas al Ejército, narcotráfico y posible lavado de dinero.

Se prevé que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero aún pueda asumir su rol en las indagatorias, pero mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México deberá agotar capacidades, recursos y datos de prueba con limitaciones propias de una instancia local.

Chrístel Rosales, politóloga e internacionalista del CIDE, consideró que la FGR se resiste a colaborar en casos de largo alcance y las autoridades del gobierno capitalino deberían incidir de forma contundente para buscar coordinación y haya procuración de justicia en las competencias del Ministerio Público Federal. Pues en el nuevo sistema penal acusatorio, los detenidos no pueden pasar más de dos años en prisión preventiva.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas de 85 personas relacionadas con el ataque al secretario, pero aún cuando esta institución detecta y presenta denuncias, es la FGR la encargada de dar cauce.

A estas alturas, las líneas de investigación ya deberían ser sólidas para apuntar a los objetivos de mayor jerarquía. Ni el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informaron la situación jurídica de los 25 arrestados, en una consulta realizada por este medio.

La investigadora de México Evalúa apuntó que la detención preventiva no es ningún signo de justicia. Además, el verdadero castigo va más allá de una sentencia, pues a nivel local como federal tienen la oportunidad de demostrar indagatorias sofisticadas. Algo que sin embargo sería muy complejo, pues en el país, 95.1% de los casos quedan impunes.

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