Gritos que exigen justicia, pies cansados y miradas al suelo. Los colectivos cuestionan, construyen acciones, se movilizan. Por otro lado, las autoridades obstaculizan el proceso y se resisten a aplicar la ley.
Las calles del Estado de México se llenan de lucha, rabia, hartazgo y espíritu combativo. En unas carpas, colocadas frente al Tribunal Superior de Justicia, se encuentran madres, hermanas, hijas y esposas de personas privadas de su libertad en cárceles de la entidad.
Las maquinas comienzan a hacer su labor, ya que las mujeres decidieron raparse el cabello como forma de protesta por la negativa de algunos jueces de aplicar la Ley de Amnistía aprobada por el congreso estatal a finales del 2020.
Todas coinciden en que hay casos en los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha declarado procedente la amnistía por violaciones a derechos humanos durante los procesos penales instaurados a las víctimas.
Las cámaras de la prensa retratan a las mujeres sentadas en sus sillas en plena vía pública, como si se tratara de un grupo de presos esperando su turno para ser enjuiciados por un juez. La gente camina, indiferente, en silencio, así como los policías en los centros penitenciarios, solamente mirando.
Antonio Lara, abogado y director del Centro Zeferino Ladrillero, organización dedicada a la defensa de personas privadas de su libertad, explica que las autoridades se niegan a aplicar la amnistía porque tácitamente “representaría que se equivocaron”.
“Nos han quitado todo, por eso les entregamos nuestro cabello, pero no les entregaremos nunca nuestra dignidad, no nos rendiremos, lucharemos hasta ver a los injustamente presos en libertad”, señalan integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad.
Los familiares insisten que en los últimos años ha quedado evidenciado el abuso del sistema judicial, la fabricación de pruebas por parte del ministerio público y las faltas al debido proceso.
El pasado 17 de diciembre el Congreso mexiquense aprobó, con 60 votos a favor y sólo 7 en contra de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la Ley de Amnistía para el Estado de México.
En entrevista con Infobae México, la diputada Mariana Uribe Bernal explica que en el país el sistema de justicia penal vigente no ha dejado de generar una cantidad bastante considerable de víctimas de violaciones a derechos humanos, destacando las violaciones al derecho al debido proceso y los derechos a la libertad y la integridad.
“En la gran mayoría de los casos estas víctimas son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y particularmente en una situación de pobreza”, declaró Uribe Bernal.
“El alma concreta de este texto legislativo es otorgar un beneficio a todas aquellas personas que no pudieron tener una buena defensa porque no contaban con dinero, porque no tenían ningún familiar en el gobierno y porque desgraciadamente fueron aquellas personas que por diferentes circunstancias fueron elegidos por elementos de la policía para culparlos de un delito que jamás cometieron”, precisó Uribe Bernal.
En este contexto, el 26 de enero del año en curso, el Tribunal de Alzada en materia penal de Ecatepec otorgó la libertad a Leticia y Antonio. La liberación del matrimonio es considerado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) el primer doble beneficiario de la Ley de Amnistía mexiquense.
El peritaje no halló en el cuerpo huellas de disparo ni rastros de haber sido quemado, tampoco se encontraron las huellas de ninguno de los dos durante las diligencias, incluso testigos refieren que no estaban en el lugar de los acontecimientos ni conocían a la víctima; no se practicó prueba de balística a Antonio Félix, y el abogado defensor se negó a reconstruir los hechos.
Se estima que en la actualidad, específicamente en el Estado de México existen alrededor de 19 mil 500 personas que están presas injustamente y que pueden ser beneficiarias de la Ley de Amnistía.
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