La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo la manga una investigación en contra del presidente Enrique Peña Nieto por presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, pero Andrés Manuel López Obrador lo habría congelado por lo menos hasta la consulta popular.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general, tendría acorralado al expresidente priista y a sus supuestos prestanombres, los hermanos Álvarez Morphy Alarcón de Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, de acuerdo con el periodista Raymundo Rivapalacio.
El comunicador consideró que a pesar de los constantes ataques en contra de los Morphy, así como de las numerosas investigaciones en contra de su farmacéutica, un trato de no tocar a Peña Nieto tendría detenido el proceso de las autoridades.
La relación entre los empresarios y Peña data de su sexenio, en el que recibieron numerosos contratos por adjudicación directa para la compra de vacunas por más de dos mil millones de pesos, escribió el periodista para Eje Central.
Además, refirió que los esquemas investigados por la Fiscalía informarían que algunos de los negocios de los Álvarez Morphy serían propiedad de EPN, y ellos únicamente fungirían como supuestos prestanombres.
Aunque el caso es ideal para que AMLO reafirme su lucha contra la corrupción, Rivapalacio consideró que ha congelado por el supuesto trato de no llevarlo ante las autoridades a cambio de no intervenir en las elecciones de 2018.
Sin embargo, Alejandro Gertz Manero buscaría llevarlo a juicio, por lo que ha utilizado diversos métodos como la detención del abogado Juan Collado, a quien quiso hacer hablar a cambio de su libertad.
Por el momento, concluyó, López Obrador todavía no quiere tocar, pese a las numerosas evidencias que Gertz Manero le presentó durante las reuniones mañaneras de seguridad.
Grupo Laboratorios Imperiales Pharma inhabilitados en México
Las investigaciones contra Grupo Laboratorios Imperiales Pharma no son recientes, pues incluso fueron inhabilitados en México por la Secretaría de la Función Pública.
Dicha dependencia impuso el 29 de mayo de 2020 dos sanciones a la empresa farmacéutica que consisten en la inhabilitación por 2 años y 3 meses y multas por más de 2 millones 200 mil pesos.
“Estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia en todas las compras gubernamentales, en donde hay cero tolerancia a las infracciones a la ley; sobre todo, en un área tan sensible, no permitiremos que se juegue con la salud de los mexicanos”, señaló la entonces secretaria Irma Eréndira Sandoval.
De acuerdo con las investigaciones, la farmacéutica presentó información falsa al celebrar un contrato con la Secretaría de Salud para la adquisición de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis.
Además, se halló que la empresa también presentó información falsa al celebrar otro contrato con la Secretaría de Salud para la adquisición de la vacuna anti hepatitis B 10 mg.
En consecuencia, al grupo se le inhabilitó por 27 meses y se le multó con un millón 124 mil 370 pesos en el primer caso; mientras en el segundo se le impuso otra inhabilitación por 27 meses y otra multa por un millón 88 mil 100 pesos.
Dichas resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, donde se notificó a las dependencias, entidades, empresas productivas del Estado y equivalentes de las entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas, que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con la proveedora.
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