La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato Tomás Rojo Valencia, defensor del agua y vocero del pueblo Yaqui, en Sonora, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo.
De acuerdo con sus familiares, este homicidio se relaciona con su activismo en la región. Su cuerpo fue localizado el pasado 18 de junio, en una fosa clandestina, ubicada a 12 kilómetros al sureste de la comunidad de Vícam y a dos kilómetros al este de la Carretera Estatal 29.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la identidad e inició la indagatoria correspondiente para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, pues el lugar se lograron recolectar prendas de vestir que coinciden con las descrita por familiares de Rojo Valencia en la denuncia sobre su desaparición el día que salió de su domicilio, donde destaca un pañuelo rojo en el cuello.
Asimismo, la CNDH también recordó la desaparición de la activista Lorena Josefina Valenzuela Esquer el pasado 17 de junio, y quien fuera localizada este miércoles por elementos de la policía municipal de Puerto Peñasco, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía estatal.
Por tales hecho, este organismo autónomo demandó a las autoridades indagar estas desapariciones y el asesinato con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas,
También solicitó que existan acciones para el cuidad integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso de estos integrantes del pueblo Yaqui.
Desde el 2006, la CNDH ha documentado 69 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, y el caso del activista Tomás Rojo Valencia es el noveno en lo que va de este año.
Ante ello, la Comisión reiteró su preocupación por la ausencia de efectividad, eficiencia y vigencia de acciones, políticas públicas y estrategias oficiales para prevenir agresiones, incidentes y riesgos, así como para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos.
“Tales circunstancias inhiben el ejercicio de su actividad y, en muchos casos, desfavorecen las causas que defienden como, en este caso, los intereses y derechos de la comunidad Yaqui”, resaltó la CNDH.
Finalmente, la dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra aseguró que observará la evolución de los acontecimientos y las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables, a fin de que no exista la impunidad en estos hechos.
En el año de 2010, Rojo Valencia junto con Mario Luna (hermano de Lorena Valenzuela), encabezaron la “guerra por el agua” dentro de Sonora. Este hecho es llamado así porque el gobierno estatal anunció la construcción del Acueducto Independencia, que tendría como finalidad llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la capital Hermosillo.
A pesar de todos los esfuerzos, la obra pública se terminó en 2013 y actualmente abastece a más de 300,000 personas. Asimismo, debido a la rebelión, Rojo y Luna fueron acusados de diversos delitos. Mientras que Rojo logró esconderse en su territorio, Luna fue encarcelado hasta que el exgobernador Guillermo Padrés (2009-2015) terminara su mandato entre escándalos por corrupción.
La principal demanda de los activistas y del pueblo Yaqui era recibir abasto suficiente para los ocho pueblos que lo habitan, pues nunca se les garantizó a pesar de que el agua era extraída del Río Yaqui para ser trasladada a las dos ciudades más habitadas de Sonora: Hermosillo y Ciudad Obregón.
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