Violencia en Tamaulipas: reportan nuevos enfrentamientos en Reynosa

La violencia no cesa en Tamaulipas. A pocos días de la masacre que cobró la vida de decenas personas en la capital del estado, esta mañana se registró un nuevo enfrentamiento en el bulevar Mil Cumbres, en Reynosa entre elementos de la Policía Estatal y civiles armados, presuntamente, del Cartel Del Golfo.

Reportes de medios locales narran que los enfrentamientos derivaron en una persecución, de la cual se logró asegurar una camioneta negra Cherokee, equipos de comunicación y armas. Sin embargo, algunos de los criminales lograron darse a la fuga.

Hasta el momento trascendió que hay 2 detenidos y una camioneta asegurada.

De acuerdo con lo que usuarios han descrito en redes sociales más enfretamientos le sucedieron a ese hecho en Jarachina, Puertas del Sol, Cumbres, San José, Casa bella, Bulevar Hidalgo, Vista Hermosa, Aztlán, Campanario, Materno y Cañada.

Asimismo, en los últimos momentos más usuarios reportan incluso persecuciones a los delincuentes por parte de autoridades estatales que sobrevuelan Reynosa en helicóptero.

En tanto, la organización civil Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció en entrevista para el portal mexicano Animal Político que en los hechos del sábado 19 de junio, cuando integrantes del crimen organizado asesinaron a 15 civiles en misma ciudad de Reynosa, la policía estatal y federal tardaron entre 60 y 90 minutos en atender los llamados de auxilio de la ciudadanía.

“De acuerdo con testimonios recabados, durante más de una hora se generaron angustiosos llamados de auxilio a las autoridades al 911, y otros más fueron compartidos por mensajes de Whatsapp o redes sociales para denunciar los ataques armados. Pero ninguna autoridad federal o estatal respondió a estos llamados”, denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en entrevista con el portal Animal Político.

De acuerdo con el activista “hubo una evidente descoordinación entre las autoridades federales (Guardia Nacional) y las estatales para ver cuál iba a ser el primer respondiente ante los llamados de auxilio, lo cual generó mucha incertidumbre entre la población civil”.

Detalló que de acuerdo con los testimonios recabados por la organización pro Derechos Humanos, los primeros ataques de los grupos del crimen organizado empezaron alrededor de las 12:30 de la tarde del sábado, pero las autoridades estatales no intervinieron hasta, al menos, las 14 horas, 90 minutos después.

Es por eso que desde el pasado lunes, el Comité solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrir un expediente de queja “por el vacío de autoridades” que se registró en Reynosa entre las 12 y las 13 horas del pasado sábado así como pedir a cada autoridad policiaca un informe de su participación detallada el día de los hechos.

Pero además, también solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que esclarezca cuál fue la participación de cada corporación.

Raymundo Ramos señaló que, de acuerdo con testimonios de familiares de víctimas, hubo casos en los que los cuerpos de las víctimas civiles permanecieron más de tres horas tirados en la calle, sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar del homicidio para acordonar el lugar o para atender a los familiares de las víctimas.

“Nunca hubo un operativo conjunto entre Policía Estatal y la Guardia Nacional”, subrayó el activista. “Y según las familias, lo que pasó fue que se tuvo que agrupar la Fiscalía del Estado, el grupo de operaciones especiales, y la policía estatal, para empezar a salir a levantar los cuerpos. Por eso se demoró mucho tiempo la atención”, destacó.

Por su parte, el fiscal tamaulipeco, Irving Barrios, aseguró que la policía estatal tardó solo 13 minutos en llegar al primer reporte de emergencia al 911.

Sin embargo, precisó que los ataques a la población civil se extendieron al menos durante cinco horas en nueve diferentes eventos que se desarrollaron hasta en cinco colonias de Reynosa.

Aseguró que aún están investigando cuál fue la actuación de la policía estatal en todo ese periodo de tiempo, para determinar si hubo alguna responsabilidad o retraso en la respuesta.

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