La ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya atrajo la primera demanda de garantías que será estudiada.
Este martes la jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, admitió un amparo que impugna la ampliación por dos años, hasta 2024, de Zaldívar al frente de la SCJN, tal como se establece la incorporación del artículo Décimo Tercero Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), también llamada “Ley Zaldívar”.
Por ello, la jueza citó al quejoso a una primera audiencia constitucional el próximo 04 de agosto, en donde podrá exponer los agravios que la reforma avalada por el Congreso de la Unión y que de acuerdo a su demanda violan al menos 9 artículos de la Constitución: 1, 17, 40, 49, 94 párrafo décimo segundo, 97, 100 párrafo quinto, 133 y 135.
Tras escuchar los alegatos la jueza podría definir si concede o no al quejoso la protección de la justicia de manera provisional en lo que se analiza de fondo la demanda.
Mientras se resuelve el caso por la vía del amparo, en la SCJN también está pendiente de admitirse la acción de inconstitucionalidad interpuesta la semana pasada por la minoría del Senado de la República, conformada por la oposición, en la que se reclamó que el artículo impugnado sea declarado inconstitucional.
La medida va en contra de una reforma defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha llegado a asegurar que ninguno de los ministros pueden encabezar la transformación del Poder Judicial, por lo que se pronuncia a favor de la ampliación de mandato de Zaldívar.
Cabe mencionar que, la semana pasada, el ministro presidente sometió a consulta al pleno de la Corte la constitucionalidad de este artículo, asunto que fue turnado al ministro José Fernando Franco González Salas.
El año pasado, Franco González presentó un proyecto de sentencia que sirvió para tumbar la reforma a la constitución de Baja California que amplió de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez.
El viernes pasado, Fernando Luevano, juez Décimo Segundo de Distrito en el estado de Chihuahua, desechó por improcedente un amparo que también demandaba declarar inconstitucional la ampliación del cargo del ministro Zaldívar al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El juzgador consideró que el demandante “no pertenecía al grupo de personas” que está dirigida la reforma, es decir, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación. Mencionó que, en caso de otorgar el amparo al quejoso, ningún beneficio directo tendría para su persona.
Magistrados piden defender autonomía de la SCJN
Por su parte, este mismo martes magistrados del Poder Judicial de la Federación y de tribunales estatales llamaron a preservar la autonomía e independencia de los juzgadores ante la vulneración a dichos principios que a su juicio representa la ‘Ley Zaldívar’.
En el marco del seminario virtual “Autonomía e independencia judiciales, división de poderes y democracia” organizado por las diputadas Martha Tagle, Pilar Ortega, Mariana Rodríguez, Verónica Juárez y Lorena Villavicencio, los magistrados advirtieron que no solo el artículo transitorio que amplía el mandato de Zaldívar, sino también otras disposiciones de la reforma al Poder Judicial amenazan la función de los jueces.
El director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Ariel Alberto Rojas, alertó sobre las reformas “aparentemente democráticas” que atentan contra principios como los derechos humanos, la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia judicial.
“Yo insistí en que era el peor momento para hacer una reforma judicial y creo que no me equivoque. El treceavo transitorio es una consecuencia de toda la perversidad, la falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional, que ha puesto en jaque el poco prestigio que en un momento dado pudieran tener las instituciones en nuestro país”
En su turno, la magistrada Irma Caudillo remarcó la necesidad de preservar la autonomía y la independencia de los juzgadores no solo con reformas legislativas, sino con acciones del propio Consejo de la Judicatura.
“No todo está mal en reforma, debemos reconocer que hay puntos muy buenos en la reforma, pero que se pueden enriquecer, como es el tema de la autonomía e independencia, y en este momento la autonomía e independencia no solo podemos decir que está su vulneración o posible vulneración en el trece transitorio, sino en otros artículos más de la reforma que quedaron posiblemente cortos”, puntualizó.
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