“Nosotros sólo adquirimos las vacunas”: AMLO y Ebrard sobre contrato de CanSino con supuesta empresa inexistente

Este 22 de junio, durante la conferencia de prensa matutina, se cuestionó a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, acerca del contrato por 35 millones de vacunas de CanSino Biologics para la vacunación contra la COVID-19 en México. Esto debido a que en una investigación de Univisión, se reveló que el acuerdo firmado entre el gobierno mexicano y la farmacéutica china, también involucró a un tercer agente: una empresa suiza que, según la investigación, al momento de la firma del contrato todavía no se había constituido ante el registro público corporativo de Suiza.

Es decir, según explica la investigación del medio mexicano, la empresa Latam Pharma Innovative Ventures que intermedió entre el gobierno de México y CanSino Biologics, no existía como tal a la hora de la firma del contrato. Ante estos cuestionamientos, el canciller Marcelo Ebrard respondió “Cada empresa eligió su representación legal. No es una tarea del gobierno”.

Según los hallazgos de las periodistas Peniley Ramírez y Julia Frankel, Latam Pharma no sólo es una empresa irregular por haberse constituido hasta después de la firma del contrato, sino que también tiene algunas de las características de una empresa inexistente. Por ejemplo, la empresa sólo tiene bajo registro a cuatro empleados y su domicilio es en la ciudad de Zug, Suiza.

Además, la Latam Pharma, entre los socios principales de la empresa, se encuentra Luis Doporto Alejandre, cuyo nombre figura en la filtración de datos conocida como Paradise Papers, donde se descubrieron empresas offshore que sirvieron para delitos financieros a nivel mundial. Según el equipo de Univisión Investiga, Doporto fue multado en junio del 2020 por haber participado en un esquema de simulación de competencia entre empresas de distribución farmacéutica.

Luego de que Ebrard deslindó de la responsabilidad al gobierno, tras asegurar que es CanSino Biologics y no la autoridad mexicana que designa a su representación legal, la periodista insistió en sus cuestionamientos haciendo énfasis en que el contrato se firmó de acuerdo a la legislación de Singapur, lo cual deja en desventaja al gobierno mexicano en caso de un incumplimiento por parte de la empresa china.

Según expertos consultados por Univisión Investiga, en caso de México quisiera impugnar a CanSino Bio por el incumplimiento del contrato (es decir, si las vacunas son entregadas a destiempo o defectuosas, por ejemplo), el arbitraje se tendría que llevar a cabo, por cuestiones de jurisdicción, en Singapur.

Ante esto, el canciller respondió que se trata de una práctica común en la firma de contratos internacionales. Puso como ejemplo el contrato de Pfizer, donde la jurisdicción para resolver cualquier diferencia es en Nueva York, Estados Unidos; “Eso no es ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país”, aclaró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni el canciller Ebrard, hicieron mención alguna la relación de Luis Doporto Alejandre, abogado mexicano que se encuentra en la presidencia de la empresa que representa legalmente a CanSino Bio, cuyo nombre aparece filtraciones de información relativa al uso de empresas en paraísos fiscales para crímenes financieros de talla internacional.

Fue justo un ilícito en el ámbito de empresas farmacéuticas el que llevó en el 2020 a que Doporto y el fondo holandés Moench Coöperatif (Moench) fueron multados por poco más de 30 millones 893 pesos por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Según la investigación realizada por la COFECE a raíz de las notas periodísticas que revelaron la filtración de información de los Panama Papers, se descubrió que mediante una compleja operación financiera, el fondo Moench obtuvo un crédito de un accionista mayoritario de una empresa llamada Nadro para comprar parte de las acciones de otra empresa llamada Marzam. Ésto resultó en una concentración ilegal del mercado de distribución y comercialización de productos farmacéuticos, que fue sancionado por la COFECE con la multa ya mencionada.

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