La Secretaría de la Función Pública (SFP) con Irma Eréndira Sandoval como cabeza de esa institución, pagó más de un millón de pesos para que se realizaran pruebas rápidas contra el COVID-19 a una empresa que no tiene empleados.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la SFP pagó 11,625 pesos (sin IVA) por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, a la empresa Grupo Val Integra SA de CV, cuyo domicilio se encuentra en la parte superior de una tienda de abarrotes.
En total, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos, precio que es tres veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otros proveedores como Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa, que vendían un kit similar en un rango de 3,100 y 3,250 pesos, hasta enero de 2021.
De acuerdo con Víctor Omar Pérez, socio y administrador de Grupo Val Integra, las diferencias en el precio se debieron a que la empresa contratada ofreció el servicio de toma de muestras en las instalaciones de la SFP, aunque él mismo reconoció que carece de empleados. El mismo argumento lo dio un vocero de la dependencia federal.
El contrato para la adquisición de pruebas lo firmó el 24 de diciembre de 2020 el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, quien también tenía la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento, destacó MCCI.
El contrato para la adquisición de pruebas fue firmado el 24 de diciembre de 2020 por el director de seguridad de la SFP, Álvaro García Galindo, quien también tenía la responsabilidad de administrar y vigilar su cumplimiento, destacó MCCI.
Antes de ingresar a la SFP, García Galindo había trabajado 20 años como policía y agente en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría de Desarrollo Social y en el Ejército, según detalló él mismo en su declaración patrimonial.
MCCI destacó que el procedimiento para la asignación del contrato tuvo el aval de la titular de la unidad de administración de la SFP, Ana Liza Gómez, y de la directora de recursos materiales, María de la Luz Padilla Díaz.
Víctor Omar Pérez, socio de Grupo Val Integra, aseguró que el costo por kit que su empresa cobró a la SFP es inferior a los precios en el mercado por servicios similares de toma de muestras.
Reconoció que es probable que instituciones de salud o dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional hayan conseguido pruebas de COVID más baratas, pero que eso se debe a que adquieren los kits por grandes volúmenes.
MCCI corroboró que hay laboratorios que cobran hasta en 900 pesos la prueba rápida de antígeno, pero hay otros que cotizan más barato, como los de Salud Digna, que cobran 260 pesos la toma de cada muestra, Farmacias del Ahorro 299 pesos y Farmacias Benavides 349 pesos.
Grupo Val Integra fue constituida el 9 de diciembre de 2015 por dos jóvenes de 29 años residentes en Naucalpan y en Cuautitlán,y otro más de 27 años con domicilio en Ecatepec, para la comercialización de todo tipo de productos.
En el contrato con la SFP, para la venta de pruebas Covid, el domicilio legal de la empresa está ubicado en la calle Naranjo de la colonia Las Huertas, segunda sección, enclavado en una zona popular de Naucalpan, Estado de México.
Pero el domicilio corresponde a un departamento ubicado en la parte superior de una tienda de abarrotes, que es donde reside uno de los socios de la empresa, que a la vez es el administrador único, resaltó MCCI.
Al cotejar los controles electrónicos del IMSS “se detectó que el proveedor tiene registro patronal vigente, y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, refiere el documento.
El administrador de la empresa aceptó que no tiene empleados, y que contrata gente cada vez que obtiene un contrato.
No obstante, MCCI comprobó que la empresa no tiene antecedentes de anteriores contratos en el Gobierno federal. Fue incorporada al padrón de proveedores de la SFP hasta octubre de 2020, dos meses antes de la asignación del contrato, según consta en un reporte oficial.
Al ser cuestionado cómo es que obtuvo el contrato si carecía de experiencia como proveedor del sector público, Víctor Omar Pérez respondió: “Son oportunidades que nos vamos encontrando en el camino”.
En un anexo del contrato firmado con la SFP, se describen los productos que Grupo Val Integra SA de CV se comprometió a entregar: “pruebas rápidas de inmunicromatografía en cartucho para la detección cualitativa de antígeno de nucleocapside de Sars-COv-2 en muestras provenientes de hisopado nasofaríngeos”.
Cada caja o kit adquirido contiene 25 hisopos para hacer las tomas nasofaríngeas; 25 tubos de extracción, 25 dispositivos de prueba, 1 hisopo control positivo, 1 hisopo control negativo y 1 gradilla o recipiente para colocar los tubos de ensayo.
El precio pagado por la SFP por cada caja o kit fue de 11, 625 pesos, a lo que se añadieron 1,860 de IVA, lo que dio un total de 13,485 pesos. Por los 90 kits, ya con IVA incluido, se pagaron 1 millón 213 mil 650 pesos.
Hasta el pasado lunes, la SFP fue encabezada por Irma Eréndira Sandoval. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su remoción del cargo, sin dar explicaciones.
“Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo”, escribió en la red social.
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