El pasado proceso electoral en México dejó 102 políticos asesinados, 36 de ellos aspirantes y candidatos a distintos cargos, informó la consultoría Etellekt.
De acuerdo con el “Séptimo informe de violencia política en México” elaborado por la consultoría, del 7 de septiembre de 2020 hasta el 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos, de los cuales 102 fueron homicidios.
La violencia se extendió a los 32 estados del país y abarcó 576 municipios (29 ciudades capitales incluidas), lo que representa un aumento de 38% respecto al proceso electoral 2017-2018.
La consultoría destacó que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y aspirantes opositores a los gobiernos de los estados en el 75% de los casos.
Etellekt destacó que a pesar de que el gobierno federal implementó una estrategia de protección para los candidatos “no fue diferente a la que ya se había presentado en procesos electorales previos. La estrategia federal se orientó a brindar protección a las personas candidatas a diputaciones federales y a gobernadores, sin realizar un trabajo de evaluación de riesgos que permitiera adoptar medidas preventivas”, señaló.
También resaltó el hecho de que las autoridades estatales, responsables de brindar protección a los candidatos y candidatas a cargos de elección municipales, actuaron de manera reactiva “y fueron incapaces de prevenir ataques que costaron más vidas humanas”.
Respecto a la protección brindada por el gobierno federal, destacó que “no fue afortunada la manera en que el Ejecutivo federal optó por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales al señalar supuestos avances en las investigaciones que solo corresponde a las Fiscalías de los estados desarrollar e informar”.
Pero demás -detalló Etellekt- el Ejecutivo federal advirtió en diversas ocasiones que se trataba de delitos perpetrados por el crimen organizado, prejuzgando sobre la naturaleza de los delitos y adjudicando la responsabilidad a presuntos grupos del crimen que no han sido plenamente identificados; “peor aún, criminalizando a las víctimas”.
“Al prejuzgar sobre la presunta responsabilidad de los delitos, el presidente obstruyó la justicia, pues descarta otros probables móviles que la autoridad ministerial debe averiguar, incluida la motivación política de los mismos. Más allá del discurso presidencial sobre la resolución de los crímenes en contra de políticos, la realidad es que la investigación de los delitos no presenta avances significativos que permitan no solo hallar a los responsables materiales sino los intelectuales, y más importante, determinar si el uso de la violencia tuvo como propósito incidir en los resultados electorales”, enfatizó.
La consultoría destacó que en la medida que continúe “siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el círculo vicioso de la violencia” lo cual “permite apartar por la fuerza a las personas que compiten por cargos de elección”, violando sus derechos políticos y humanos, así como los de los votantes.
Etellekt destacó que a medida que la violencia y la corrupción se conviertan en mecanismos efectivos para acceder a poder, “cabe esperar que continúen los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a todos los sectores de la población”.
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