Las secretarías de Economía y de Trabajo de México, al mando de Tatiana Clouthier y Luisa María Alcalde, respectivamente, admitieron la solicitud de revisión de Estados Unidos por supuesta denegación de derechos contra los trabajadores de la empresa exportadora de autopartes Tridonex.
Por esto, el gobierno de México tendrá hasta el próximo 24 de julio para responder al gobierno estadounidense si, en efecto, se les negó a los trabajadores su derecho de libertad de asociación y negociación de un contrato colectivo del trabajo.
En caso de confirmarse esa violación a la legislación laboral, se deberá acordar con los estadounidenses la reparación del acto, como parte de los compromisos que firmaron ambas partes en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Esto en respuesta a una solicitud que envió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), el pasado 9 de junio, en la que acusaron que en la empresa Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, hubo denegación de derechos laborales.
Esta fue la segunda ocasión en que las autoridades estadounidenses piden al gobierno de México intervenir por violaciones a los compromisos en materia laboral del T-MEC. Esta última petición comenzó a petición de la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU por sus siglas en inglés), el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 y Ciudadano Público, que presentaron la solicitud contra dicha empresa establecida en México.
De acuerdo con los sindicatos mencionados la empresa Tridonex no permite que los trabajadores opten por una demanda legal y los transfiere en automático a un sindicato de protección. Por esto se registró el despido de 600 trabajadores del sindicato independiente.
Fue desde el 10 de mayo pasado que la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales y otros grupos presentaron una queja ante el gobierno de Joe Biden por denuncias de violaciones laborales en un grupo de fábricas de autopartes en México, lo que comenzó a poner a prueba el T-MEC.
La queja se había centrado en las fábricas de autopartes Tridonex en la ciudad de Matamoros, justo al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas. La AFL-CIO dijo que los trabajadores de esa fábrica han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse en un sindicato independiente, SNITIS, en lugar de un sindicato controlado por la empresa. Susana Prieto Terrazas, abogada laboralista mexicana y líder de SNITIS, fue detenida y encarcelada el año pasado en un episodio que recibió mucha atención.
El acuerdo comercial, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), negociado por el gobierno de Donald Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el verano pasado. Aunque fue negociado por un gobierno republicano, el acuerdo contó con importantes aportaciones de los demócratas del Congreso, que controlaban la Cámara de Representantes y que insistieron en normas laborales y medioambientales más estrictas para votar a favor del pacto, que necesitaba la aprobación del Congreso.
El pacto comercial exigía que México introdujera cambios radicales en su sistema laboral, en el que han prevalecido los falsos convenios colectivos conocidos como contratos de protección, que se imponen sin la participación de los empleados y establecen salarios bajos.
La queja se presenta en el marco de un novedoso mecanismo de “respuesta rápida” del acuerdo comercial que permite presentar denuncias sobre violaciones laborales contra una fábrica individual y aplicar sanciones a esa fábrica. La denuncia fue presentada por la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SNITIS y Public Citizen’s Global Trade Watch.
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