“Crucifícalo”: Vicente Fox apoyó juicio político contra AMLO promovido por Lilly Téllez

El ex presidente de México (2000-2006), Vicente Fox Quesada, apoyó la iniciativa que presentó la legisladora Lilly Téllez para que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a juicio político y se le sancione con la destitución del cargo.

A través de su cuenta de Twitter el panista apoyó senadora de la República, asegurando que el ejecutivo federal “ha hecho más destrozos que todos los expresidentes juntos” y solamente “en 3 años”.

“Si claro, López debe ser juzgado como cualquier ‘cristiano’. O mejor aún como presidente en activo”, apuntó.

“Que lo juzguen....que lo juzguen.... Crucificalo.... [sic]”, añadió el ex mandatario que desde el inicio de la Cuarta Transformación ha sido un asiduo detractor de López Obrador.

Sumado a ello, Fox Quesada aseguró que ya están cansados “del charlatán” y que se debe de cambiar la estación. Haciendo referencia que ya se debe permutar al mandatario ejecutivo y a su administración.

Cabe apuntar que la propuesta que envió Lilly Téllez pide reformar el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, aquel que en su Título Cuarto especifica las responsabilidades de los funcionarios públicos.

“Esta va en serio, no como la inútil pregunta de la consulta. Presenté iniciativa para hacer sujeto de juicio político al Presidente de México y cuyas sanciones serían destitución del cargo e inhabilitación para ocupar algún otro en el sector público”, aseveró la legisladora.

Destacó en su propuesta que aunque en 1982 se incluyó el juicio político en dicho artículo, no se incluyó a la figura presidencial en él.

“El juicio político es un procedimiento constitucional que inicia en la Cámara de Diputados al constituirse en un órgano de actuación ante el Senado de la República que se erige en un jurado de sentencia cuando servidores públicos del más alto nivel jerárquico, en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses fundamentales o de su buen despacho”, definió Téllez.

Las sanciones estipuladas en el juicio político son la destitución del servidor público y la inhabilitación de funciones en cualquier cargo de la misma naturaleza entre uno y veinte años máximo.

Entonces, “se propone que el Poder Ejecutivo Federal también pueda ser sujeto de este procedimiento de responsabilidad oficial en el caso de que se incurra en alguno de los supuestos” como ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, violaciones a los derechos humanos, ataques a la libertad de sufragio, infracción a la Constitución, entre otros.

De ser aceptada la iniciativa, el juicio político podría iniciarse con una denuncia en contra de alguno de los servidores públicos señalados en el artículo 110 constitucional, presentada por escrito por cualquier ciudadano.

La senadora recordó que en febrero 2021 se reformó la Constitución para establecer que el Presidente pueda ser juzgado por la comisión de cualquier delito y recalcó que se tiene “la oportunidad de perfeccionar un régimen de responsabilidades para el primer mandatario mexicano” desde el carácter político y administrativo como en el juicio político.

Además, aseguró que de aprobarse “sería una valiosa oportunidad para acabar con los privilegios de protección e inmunidad procesal o ‘fuero’ que tiene el Presidente de México, en caso de que incurra en alguna causa que amerite ser enjuiciado políticamente”.

En América, varios países tienen figuras similares al juicio político. Por ejemplo, en Estados Unidos existe bajo el nombre de “impeachment”, mientras que en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Panamá., Paraguay, Perú y Uruguay también la estipulan entre sus normas.

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